El Valle del Cauca está viviendo dos realidades: la de un pasado reciente que se muestra hoy en televisión a través del seriado El cartel, y la guerra que continúa agazapada en la aparente calma que se capta en las cordilleras occidental y central del departamento. Dos verdades que, en tiempos diferentes, tienen a los mismos actores: ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Machos’. Ejércitos de unos 800 hombres que aún continúan al servicio del narcotráfico y que provocaron, una vez más, que la Defensoría del Pueblo lanzara su voz de alerta.
Son historias que se desarrollan simultáneamente. La primera, tiene a los colombianos atrapados en la pantalla chica con un libreto sobre la disputa entre narcotraficantes que se vivió en los últimos 20 años y, la segunda, está viva y llenando de pánico a los habitantes de una región donde pareciera que los grupos armados ilegales hubiesen pactado una eterna confrontación armada que azota sin piedad a los vallecaucanos desde la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.
Mientras en la televisión la historia negra de los comienzos del cartel del norte del Valle del Cauca entró en la fase de las traiciones, en la vida cotidiana hay otra realidad que se reedita en los confines del Cañón de Las Garrapatas, la frontera con el Chocó y los municipios de Buenaventura, Pradera, Florida, Riofrío y Trujillo, donde el espanto de la muerte es la constante que avanza hacia otros municipios del norte, y los ríos se convierten en cementerios flotantes. Algo similar a lo sucedido en el río Cauca, donde a comienzos de los 90 sus aguas se convirtieron en las depositarias de no menos de mil muertos.
Este nuevo frente de guerra será expuesto al Gobierno dentro de pocos días por el defensor del pueblo Vólmar Pérez, quien envió al Valle del Cauca una comisión de investigadores para constatar una serie de denuncias que llegaron a la institución recientemente. Tras indagaciones con consultores de las Naciones Unidas, autoridades locales y la misma población, analistas del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría lograron consolidar un informe en el que se demuestra el renacer de los ejércitos privados del cartel del norte del Valle y las aparentes alianzas entre la guerrilla y estos grupos.
Reacomodamiento
Los investigadores encontraron que si bien las vendettas entre los capos Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, y su archienemigo Wílber Alirio Varela, alias Jabón, llegaron a su fin y provocaron en comienzo una desbandada en los grupos armados de ambos sectores por la captura del primero y la muerte en Venezuela del segundo, en pocos meses el mapa delincuencial se reacomodó y dejó en la escena nuevamente a ‘Los Rastrojos’ (de Jabón)y ‘Los Machos’ (de Don Diego), que se oxigenaron hasta convertirse en un poder que está acorralando a las administraciones locales y a sus habitantes.
Por el momento, ‘Los Rastrojos’ se tomaron el poder. Dicho dominio, según el documento de la Defensoría, surgió como resultado de la crisis financiera padecida por el grupo rival ‘Los Machos’, tras la detención de su máximo jefe Don Diego, lo que produjo una iliquidez en las arcas destinadas al pago de los cultivadores y recolectores de hoja de coca. Situación que fue aprovechada por hombres del desaparecido Wílber Varela, quienes de inmediato consolidaron su presencia en el cañón de Las Garrapatas y la cuenca del río San Juan, en el Chocó.
De acuerdo con la información entregada a la comisión del SAT por funcionarios de las Naciones Unidas que trabajan en la costa Pacífica vallecaucana, ‘Los Rastrojos’ están incursionando desde Buenaventura hacia el río Calima y el San Juan, complementando su avanzada desde el norte del departamento hacia la subregión del San Juan, cuyo río del mismo nombre vierte sus aguas al Océano Pacífico.
Según los investigadores de la Defensoría, el ingreso de ‘Los Rastrojos’ a las partes bajas de la cuenca del río San Juan está generando una fuerte confrontación armada con las Farc, la cual ha dejado una estela de muerte y personas desplazadas. “El río se convirtió en el vertedero de los cadáveres, como una señal de advertencia para los ribereños por parte de los actores armados”, señala en su informe el Sistema de Alertas Tempranas. Como si esto fuera poco, la avanzada de estos grupos se extendió a los municipios de Riofrío y Trujillo, que fueron golpeados por bandas narcoparamilitares que provocaron a finales de los 80 y comienzos de los 90 más de 300 crímenes.
Allí, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Machos’, que supuestamente habían sido aniquilados o se autodestruyeron por efectos de guerras internas que provocaron unos 3.000 muertos y que habían quedado como ruedas sueltas, se reacomodaron para seguir con el narcotráfico y mantener sus máquinas de muerte. “Se encuentran en una etapa de legitimación mediante la injerencia en las administraciones locales a través de la apertura y compra de locales comerciales”, asevera en uno de los apartes el informe de la Defensoría del Pueblo, que evidencia la forma como la plaga del narcotráfico se reproduce y ahora resurge de sus propias cenizas.
Una avanzada que también está reapareciendo en la zona norte del Valle del Cauca, particularmente en las cabeceras municipales, donde estos dos grupos se enfrentan, como en los últimos 10 años, y continúan ejerciendo el control territorial y poblacional. Poder y chantaje que en los documentos que serán entregados al Ministerio del Interior y de Justicia se dejar ver con el reciente asesinato del líder de desplazados en Ansermanuevo, Julio César Molina, quien era el dirigente de la asociación Nuevo Amanecer, la que ocupó La Indiana, un predio rural del municipio de Cartago que en el pasado fue propiedad de un narcotraficante.
Farc en el escenario
Mientras los mandos de estos dos grupos armados ilegales están en el más completo anonimato, como respuesta al incremento de la Fuerza Pública en el piedemonte de las cordilleras Occidental y Central, las Farc se fortalecieron en las estribaciones de las montañas e incrementaron su presencia mediante milicianos en los cascos urbanos y núcleos rurales. Es así como en la línea fronteriza con el sur del Cauca y la del sur del Tolima, en el páramo de Las Hermosas, el Comando Conjunto de Occidente, la columna Aurelio Rodríguez y el frente 47 de las Farc continúan en la disputa territorial con los grupos de paramilitares emergentes que están en la zona.
En los municipios de Pradera y Florida, las comunidades indígenas del pueblo Nasa denunciaron ante la Defensoría del Pueblo las múltiples entradas y salidas de personas foráneas, específicamente en el resguardo de La Carbonera. A partir de este ingreso, según las quejas, comenzó a circular una lista en la que se amenazaba a seis personas. En Florida, la comunidad afirma que un grupo de desmovilizados de las autodefensas se rearmó y está adelantando acciones contrainsurgentes y brindando seguridad a cambio de dinero, adelantando extorsiones, destierros y ejecutando personas.
Un sombrío panorama que, según el SAT, contrasta con la calma relativa que reina en el departamento, zona en la que los muertos de la confrontación entre los grupos armados ilegales son lanzados al río San Juan para hacerlos invisibles y tratar de evitar que el Gobierno lance otra ofensiva contra ellos. La complejidad de esta situación llevó al organismo humanitario oficial a prender las alertas para evitar una nueva oleada de desplazamientos y homicidios en una región que ha sido históricamente vulnerable a la violencia.