Falacias y el caso de Yidis Medina

Una encuesta reciente muestra que la mayoría de colombianos no le cree a Yidis Medina cuando afirma que recibió prebendas a cambio de su voto para la reelección de Uribe.

Ernesto Yamhure resume así la argumentación que, en su opinión, desvirtúa lo dicho por la ex parlamentaria: “Una vez comprobado que Yidis llamó al hijo del Presidente a chantajearlo, comienza a desmoronarse el fantasioso castillo que erigió la ex congresista. Queda confirmada la conspiración que estaban adelantando algunos periodistas y políticos contra el Presidente”.

En síntesis, el razonamiento del columnista es el siguiente: Yidis mintió cuando dijo que nunca había llamado a la familia Uribe, de lo que se infiere que todo es un vil montaje, y que el delito de cohecho nunca ocurrió. El periodismo de opinión ha sido campo abonado para las falacias, en el que la razón es entorpecida muchas veces por los prejuicios.

Una falacia muy frecuente tiene nombre propio: falacia ad hominem. Consiste en desacreditar al contradictor, calificándolo, por ejemplo, de hampón, y aceptar que de esa manera se refutan sus argumentos, como ocurrió en el caso de Rafael García, cuando incriminó, con evidencia que resultó ser fidedigna, a funcionarios del Gobierno en el escándalo de la parapolítica.

Paradójicamente, mientras que a las declaraciones de este sórdido personaje se le hacía una crítica ad hominem, el Gobierno justificaba la Ley de Justicia y Paz, fundamentada en la versión libre de criminales confesos. Es muy común que se le conceda gratuitamente la razón a quien detenta el poder, con total independencia de las evidencias.

Con ello se incurre en otra falacia, magister dixit, o falacia por autoridad. A Yamhure, como a otros aduladores del Gobierno, les basta la palabra de Uribe, y el hecho de que la mayoría le dé la razón, con lo que incurren en otro error lógico, conocido como falacia ad populum, que consiste en apelar al consenso de la mayoría para probar una proposición.

Es verdad que Yidis ha delinquido y que no es persona de confiar, y esto exige que la Corte Suprema deba proceder con cautela, y que el acervo probatorio deba ser especialmente robusto. Pero será la Corte la que determine si en efecto se le ofrecieron o no dádivas para que cambiara su voto.

La discusión debería centrase en la credibilidad de los testigos, en la evidencia presentada y en las conclusiones que se deriven de las correspondientes  indagatorias. Por lo pronto, los argumentos que el Gobierno y sus áulicos han dado, se reducen a impúdicos ataques ad hominem, aprovechando los privilegios que provee el poder.

klaus.ziegler2@gmail.com

 

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