Nuevo revés jurídico para Emergencia Social

El magistrado Jorge Iván Palacios argumentó que los decretos de salud son inconstitucionales.

En tan sólo 15 días la Emergencia Social, decretada por el Gobierno en diciembre pasado para frenar la crisis financiera del sistema de salud, sufrió su segundo revés jurídico. El miércoles, el magistrado Jorge Iván Palacios expuso ante la Sala Plena de la Corte Constitucional su ponencia negativa al considerar que la medida va en contravía de los postulados constitucionales, entre otras cosas porque no está suficientemente justificada, ya que el déficit de la salud (que supera los $2 billones) no era un hecho sobreviniente o repentino, sino que se pudo prever.

Aseguró también que el dinero que se pretende recaudar, a través de los impuestos decretados a los licores, las cervezas, los cigarrillos y los juegos de suerte y azar, al amparo de la Emergencia, es insuficiente para resolver los problemas del sector.

La ponencia que les da la razón a los críticos de la Emergencia Social coincide con el concepto dado el 2 marzo por el procurador Alejandro Ordóñez , quien en una comunicación enviada a la Corte Constitucional le pidió a ese tribunal declarar inexequible el estado de excepción del que echó mano el Ejecutivo, debido a que la crisis de la salud obedecía a “fallas estructurales” originadas hace varios años por las deficiencias en el flujo de los recursos.

Alfredo Beltrán, ex presidente de la Corte Constitucional, le dijo a El Espectador que el decreto declaratorio de la Emergencia “viola la Constitución” porque “las circunstancias no aparecieron de manera súbita, son deficiencias acumuladas de varios años atrás. Las quisieron suplir con un decreto. El Ejecutivo se autoinvistió de las facultades del Congreso sin cumplir con los requisitos exigidos”.

Si el decreto madre de la Emergencia Social es declarado inconstitucional, inmediatamente los 15 decretos firmados por el Presidente y sus ministros también se caerán.

Juan Manuel Díaz Granados, director de Acemi, aseguró que de ser así el Congreso “tendría que tomar las decisiones que se requieran. La financiación, que es lo más grave, debería ser lo primero en lo que se tomen decisiones”.

Todo apunta a que el nuevo Congreso y el próximo gobierno tendrán que resolver la grave crisis del sector salud. Nadie tiene claro de dónde saldrán los cerca de $5 billones que puede costar igualar los planes subdiado y contributivo de salud de los colombianos.