“Somos doblemente víctimas de un escándalo. Nuestra dignidad, buen nombre y honra han sido pisoteados por quienes al parecer cometían delitos a nombre nuestro. Y ahora se nos quiere poner en entredicho por supuestos vínculos telefónicos incluidos en un organigrama de un pliego de cargos que fue anulado por la Procuraduría”. Son palabras del presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Mauricio Torres, al rechazar cualquier vinculación de sus dignidades con lo que ha dado en llamarse la red de corrupción del Consejo de Estado.
Visiblemente molestos por la publicación que este diario hizo el domingo anterior, respecto de la versión de la primera investigadora que tuvo la Procuraduría en el expediente mencionado, cuatro de los magistrados del Consejo de Estado se reunieron con El Espectador para recalcar que ellos son los más interesados en que el caso llegue hasta sus últimas consecuencias. Incluso, insistió el presidente de la corporación, magistrado Luis Fernando Álvarez, hace dos meses se invitó al fiscal Guillermo Mendoza a la Sala Plena para pedirle resultados en sus pesquisas.
“Nos sentimos impotentes en todo sentido. No sólo porque el borrador del organigrama de una ex funcionaria permita especulaciones injustas, sino porque la publicación de El Espectador, a ojo de cualquier ciudadano, es dolorosa y grave. Lo que se traduce frente al país es la desinstitucionalización de la justicia. Llevamos 30 o 40 años forjando credibilidad y confianza. Si no existe pliego de cargos, tampoco el organigrama que incluye nuestros nombres sin razón alguna”, añadió la magistrada Susana Buitrago Valencia, igualmente integrante de la Sección Quinta.
Luego intervino el magistrado Filemón Jiménez : “Cuando la prensa habló de la supuesta red de corrupción en el Consejo de Estado, yo era el presidente de la Sección Quinta y le pedí al Procurador que investigara. Cuando legalmente se pudo, se retiró del servicio al empleado Carlos Arturo Fernández , quien llevaba 14 años en la corporación. Es decir, estaba en el Consejo de Estado mucho antes de que llegáramos los magistrados de la Sección Quinta. Yo sé que esta investigación está caminando y también estoy convencido de que el Procurador entregará resultados.
Los magistrados del Consejo de Estado no creen que haya existido tráfico de influencias en la corporación, pero reconocen que la falta de conclusiones en la justicia los ha perjudicado. “Yo si tengo que decir que la actuación de la justicia ha sido tardía”, indicó el magistrado Mauricio Torres, y luego agregó: “De las presuntas irregularidades en varias entidades, porque no sólo fue el Consejo de Estado, la Fiscalía conocía desde 2006. La prensa sólo vino a informarlo en 2009. Nuestro tribunal ni siquiera sabía. No queremos tapar nada. Pedimos a la justicia que actúe”.
Se refiere al expediente que encontró por casualidad la Fiscalía en 2006, cuando le seguía los pasos al narcotraficante Manuel Salazar Espinosa, hoy extraditado a Estados Unidos y condenado a 30 años de prisión. En una de las conversaciones con su abogado, el delincuente habló de arreglar un proceso en el Consejo de Estado. Esa fue la pista que condujo a recopilar más de 30 mil llamadas telefónicas que, en principio, terminaron por comprometer al auxiliar judicial Carlos Arturo Fernández, condenado por el delito de concusión en el año 2009.
No eran conversaciones simples. Revelaban que estaba comprometido en extraños nexos para abusar de su cargo y favorecer a terceros. Las mismas pruebas con que fue condenado sirvieron a la entonces procuradora para la vigilancia judicial Ana María Garzón para abrir investigación en su contra y después formularle cargos en diciembre de 2009. En la misma actuación también aportó pruebas contra el magistrado auxiliar Mayfren Padilla, el escribiente Edilberto Casas, el secretario Virgilio Almanza y la funcionaria de la Procuraduría Esmeralda Muñoz.
Y fue precisamente en ese pliego de cargos en el que se incluyó el polémico organigrama con más de cien nombres de vínculos telefónicos o citados en conversaciones. La ex procuradora Ana María Garzón sostiene que por esa razón le quitaron el proceso y luego la declararon insubsistente. En abril de 2010, el pliego de cargos, incluido el organigrama, fue anulado por la delegada María Eugenia Carreño. Su razón: violación al debido proceso y el derecho de defensa. El Espectador dio a conocer esa historia y hoy causa malestar en el Consejo de Estado.
“Son nombres en un esquema que fue anulado por la Procuraduría y que no permite concluir elementos de juicio”, expresó el magistrado Mauricio Torres. “Es una perversidad de la ex funcionaria a la cual le da cabida su periódico”, agregó la magistrada Susana Buitrago. “Cada proceso tiene un magistrado ponente y a lo mejor algún empleado se enteraba del sentido del proyecto de fallo para aprovechar su información y cobrar dinero, pero de ahí a corrupción probada son especulaciones”, recalcó el magistrado Luis Fernando Álvarez. El Consejo de Estado se defiende.
Pero poco se sabe del caso y son muchas horas de extrañas conversaciones de temas múltiples. La parapolítica, las elecciones, los procesos administrativos, la Fiscalía, la Procuraduría, el DAS, la Corte Suprema, las gobernaciones, las alcaldías, el universo del Estado y sus nexos de poder. “Las infiltraciones parciales son malas para la verdad”, advirtió el presidente del Consejo de Estado. Pero la justicia tardía también afecta, como lo admitió el magistrado Mauricio Torres. Nadie señala a los dignatarios de la justicia, pero son ellos quienes deben liderar las investigaciones.
Del único condenado, Carlos Arturo Fernández Trujillo, se sabe que el 30 de noviembre de 2009, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá lo encontró responsable de la conducta de concusión y le impuso una sentencia de 40 meses de prisión, con el beneficio de la prisión domiciliaria. Le probaron que recibió $30 millones para acelerar un proceso de acción de nulidad de restablecimiento de derecho, que terminó beneficiando a un educador a quien Cajanal no quería reconocerle su pensión gracia. Fernández recibió dineros en Bogotá y Cartagena, y siguió campante arreglando negocios.
La abogada Ana María Garzón Botero ha cumplido una larga gestión en el sector público. Primero fue monitora de consultorio jurídico del Anexo Psiquiátrico de La Picota, después jueza séptima penal municipal de Bogotá y luego profesional de la Dirección de Impuestos y Aduanas, principalmente encargada del cobro coactivo de la entidad.
La delegada del organigrama
En junio de 1994 ingresó a la Fiscalía, donde sucesivamente fue fiscal delegada ante los jueces municipales, luego ante los jueces del circuito, más adelante ante los jueces especializados y, finalmente, como delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz. En febrero de 2009 entró a la Procuraduría como delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial. En abril de 2010, por el tema del organigrama y el pliego de cargos, fue declarada insubsistente.
Los cinco del pliego de cargos anulado
El pliego de cargos de la ex delegada Ana María Garzón, que dio lugar a su polémico organigrama, estaba enfocado a aclarar responsabilidades de cinco empleados de la justicia. Carlos Arturo Fernández, quien ingresó al Consejo de Estado en febrero de 1995 y se desempeñaba como auxiliar de la Sección Quinta.
Asimismo Mayfren Padilla, natural de Chiscas (Boyacá), abogado de profesión y para la época de los hechos magistrado auxiliar de la Sección Quinta. El tercero es Edilberto Samuel Casas, escribiente de la Sección Primera.
Con ellos estuvieron en el pliego de cargos Virgilio Almanza, secretario de la Secretaría de la Sección Quinta, y Esmeralda Muñoz Collazos, abogada y empleada de la Procuraduría General de la Nación desde 1989. En la época de la primera delegada para la Vigilancia Administrativa.