El ilegal reparto de una tutela que no tocó a los favorecidos

El reparto de una tutela en Barranquilla en 2012, que terminó en manos de un juez civil sin competencia para resolver el caso, tiene por estos días en ascuas a varios enclaves de poder en la capital del Atlántico. El caso revela no solo anomalías en el interior de la Cámara de Comercio en un proceso de elecciones para integrar su junta directiva, sino que deja entrever la existencia de un cartel regional de la toga con jueces y magistrados involucrados en recibo de dineros. Uno de los protagonistas del episodio es el empresario Luis Fernando Acosta Osío, sobrino del excongresista Gabriel Acosta Bendek.

La historia se remonta a la segunda mitad del año 2012, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entonces a cargo de José Miguel de la Calle, ordenó anular la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, al concluir que fue manipulada por quienes resultaron elegidos. La SIC recaudó pruebas de cómo varios empresarios crearon a sus electores conformando sociedades por acciones simplificadas (SAS) antes de los comicios, todas con opción de voto. En asunto de días, los afiliados a la Cámara de Comercio de Barranquilla pasaron de 2 mil a 5 mil.

La Superintendencia verificó que, de las 1.483 SAS, tan solo tenía 72 representantes legales, algo nunca visto en unas elecciones en la Cámara de Comercio de la ciudad. La abstención fue del 0 %, todos votaron en las elecciones del 5 de junio de 2012, cuando el histórico demostraba que cerca del 40 % de los votantes activos nunca llegaban a las urnas. La junta directiva que dicta la hoja de ruta de las decisiones más importantes en desarrollo comercial en Barranquilla quedó constituida al gusto de los ganadores, pero en septiembre se atravesó la SIC al ordenar la anulación.

Entonces fue Troya. Los ganadores pegaron el grito en el cielo y cinco de ellos se unieron para presentar una tutela en busca de revertir la decisión de la SIC. Cuando se armó la controversia, Rodolfo Espinosa, representante de las empresas de Christian Daes, manifestó públicamente en medios de comunicación que no era ilegal crear SAS ni tampoco apoyar a sus trabajadores para la creación de esas sociedades. La posición de la SIC siempre fue que la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio en el año 2012 no fue más que un trasteo de votos.

En esa tutela, que cinco empresarios firmaron para oponerse a la SIC, vuelve al ruedo público el empresario Luis Fernando Acosta Osío, quien fue uno de los accionantes. Hace algunos días su nombre figuró en los titulares de prensa, luego de que el periodista Daniel Coronell revelara unos audios de 2017, en los que el senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, intenta convencer al juez Andrés Rodríguez de aceptar un soborno para favorecer a un amigo suyo, Luis Fernando Acosta Osío, quien además es hermano del exrepresentante a la Cámara Alonso Rafael, acusado el año pasado por la Corte Suprema de nexos con el paramilitarismo.

El reparto amañado

La tutela que, entre otros, firmó Acosta Osío contra la decisión de la SIC llegó a los registros de la Rama Judicial de Barranquilla en los primeros días de octubre de 2012. Por tratarse de una resolución de la Superintendencia, la debía revisar un juez del circuito. Sin embargo, extrañamente, el caso terminó en el despacho de un juez civil. Una fuente del exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, que reemplazó a De la Calle y heredó la investigación, le había advertido que un grupo de empresarios iba a interponer una tutela contra la anulación de las elecciones y estaba garantizado el fallo.

La misma fuente anónima agregó que el caso iba a llegar al Juzgado 22 Civil de Barranquilla y acabó su mensaje con una recomendación: “Esté alerta”. Dicho y hecho. La tutela llegó al despacho del juez Abelardo Andrade Meriño y, a pesar de que había paro judicial, el recurso se abrió camino sin notificación, hasta que en diciembre la SIC recibió la primera señal: el juzgado decretó medidas cautelares a favor de los tutelantes. De inmediato, el superintendente Robledo activó las alarmas y pidió ayuda al Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó una inspección judicial para revisar el reparto.

El informe de la Judicatura corroboró las sospechas: el reparto fue alterado y la tutela llegó al despacho escogido a dedo. Los peritos concluyeron que desaparecieron datos del programa que maneja la información de los expedientes, y alguien se encargó de remitir el caso al juez 22 civil. Sin pensarlo dos veces, el entonces presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, denunció los hechos ante el CTI Seccional de Barranquilla. Sin embargo, antes que una respuesta, falló primero el juez 22 en enero de 2013 favoreciendo a Acosta Osío y demás tutelantes.

Además del mencionado Luis Fernando Acosta Osío, ganaron la tutela y garantizaron la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2012 los empresarios Samuel Tcherassi, dueño de la marca de ropa para niños EPK y hermano de la diseñadora de modas Silvia Tcherassi; Ramón Crespo, representante legal de la sociedad Chemical Transportes; Alejandro Duarte, cabeza de la Unión de Comerciantes (Undeco), y Ricardo Varela, que tuvo un paso relámpago por el Congreso, cuando reemplazó menos de un año al empresario Fuad Char en el Senado.

La dicha de los ganadores no les duró mucho. La SIC apeló la sentencia y, en fallo de segunda instancia, quedaron en evidencia las irregularidades cometidas en el reparto de la tutela. El juez que conoció por segunda vez el caso revocó el fallo de primera instancia y en la decisión quedaron detallados los gravísimos hallazgos de la Judicatura, razón por la cual se compulsaron copias para investigar al juez 22. El caso llegó después a la Corte Constitucional, que dispuso no revisar el caso, pero sí reiteró la solicitud de investigación a fondo sobre la manipulación del reparto en la ciudad de Barranquilla.

En adelante, como sucede en muchos casos, el proceso perdió importancia y durante siete años la única jurisdicción que le hizo seguimiento fue la Judicatura. Sin ruido mediático ni mayores investigaciones sobre los interesados en que el fallo quedara a su favor, en julio de 2017, la Sala Disciplinaria inhabilitó por 10 años al juez Abelardo Tercero Andrade. La decisión le llegó en un momento en el que su carrera en la Rama Judicial estaba concluida. El Tribunal Superior de Barranquilla ya lo había condenado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

En ese otro caso la pesquisa fue por un fallo en el que, sin justificación alguna, ordenó que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) pagara $248 millones a la clínica Asodian, sin cumplimiento de requisitos legales. Al parecer, Andrade tomó esa decisión a cambio de una jugosa suma de dinero. Además, fue el mismo juez de Barranquilla que en julio de 2015 ordenó la libertad del condenado exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez por el delito de homicidio. En su momento, esa decisión puso a correr a la Fiscalía, que logró su recaptura horas después de la decisión del juez Andrade.

Aunque disciplinariamente el juez 22 fue sancionado, en lo penal el caso apenas comienza. El Espectador consultó a la Fiscalía, que aseguró que el próximo 25 de agosto iniciará el juicio en contra del juez Andrade por la repartición irregular de la tutela. Sin embargo, sobre los interesados en que el recurso llegara a manos del juez 22 nada se sabe. “Las denuncias quedaron planteadas, otra cosa es que, por tratarse de reconocidos empresarios de la élite de Barranquilla, las hayan embolatado”, explicó a este diario una fuente que trabajó en la Judicatura. Si bien la pesquisa de esta tutela no ha tenido resultados, hoy la Fiscalía tiene otras pruebas que apuntan a que el empresario Acosta Osío pagó millonarias sumas de dinero a un magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.

Al jurista Jorge Eliécer Mola Capera, quien al parecer falló varias tutelas a su favor. El magistrado ya está procesado y, durante la audiencia de imputación de cargos en su contra, la Fiscalía señaló que, según las evidencias, Luis Fernando Acosta Osío era “el protector y beneficiario” del magistrado Mola Capera. Hasta marzo de este año el empresario se había presentado a los llamados de la justicia argumentando calidad de cónsul honorario de Polonia en Barranquilla, condición que, según él, le daba inmunidad por lo que su caso quedó en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

No obstante, hace cuatro meses, la Embajada de Polonia expidió un comunicado aclarando que Acosta Osío no tiene estatus diplomático ni mucho menos inmunidad. Así las cosas, todos los expedientes vinculados al nombre de Luis Fernando Acosta Osío son de la justicia ordinaria. Incluido el que tiene como hecho central el reparto de una tutela por el lío en la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2012, que le costó una inhabilidad al cuestionado juez Abelardo Andrade, aunque nada avanzó respecto a los que se favorecieron con su fallo ilegal.

El reparto de una tutela en Barranquilla en 2012, que terminó en manos de un juez civil sin competencia para resolver el caso, tiene por estos días en ascuas a varios enclaves de poder en la capital del Atlántico. El caso revela no solo anomalías en el interior de la Cámara de Comercio en un proceso de elecciones para integrar su junta directiva, sino que deja entrever la existencia de un cartel regional de la toga con jueces y magistrados involucrados en recibo de dineros. Uno de los protagonistas del episodio es el empresario Luis Fernando Acosta Osío, sobrino del excongresista Gabriel Acosta Bendek.

La historia se remonta a la segunda mitad del año 2012, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entonces a cargo de José Miguel de la Calle, ordenó anular la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, al concluir que fue manipulada por quienes resultaron elegidos. La SIC recaudó pruebas de cómo varios empresarios crearon a sus electores conformando sociedades por acciones simplificadas (SAS) antes de los comicios, todas con opción de voto. En asunto de días, los afiliados a la Cámara de Comercio de Barranquilla pasaron de 2 mil a 5 mil.

La Superintendencia verificó que, de las 1.483 SAS, tan solo tenía 72 representantes legales, algo nunca visto en unas elecciones en la Cámara de Comercio de la ciudad. La abstención fue del 0 %, todos votaron en las elecciones del 5 de junio de 2012, cuando el histórico demostraba que cerca del 40 % de los votantes activos nunca llegaban a las urnas. La junta directiva que dicta la hoja de ruta de las decisiones más importantes en desarrollo comercial en Barranquilla quedó constituida al gusto de los ganadores, pero en septiembre se atravesó la SIC al ordenar la anulación.

Entonces fue Troya. Los ganadores pegaron el grito en el cielo y cinco de ellos se unieron para presentar una tutela en busca de revertir la decisión de la SIC. Cuando se armó la controversia, Rodolfo Espinosa, representante de las empresas de Christian Daes, manifestó públicamente en medios de comunicación que no era ilegal crear SAS ni tampoco apoyar a sus trabajadores para la creación de esas sociedades. La posición de la SIC siempre fue que la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio en el año 2012 no fue más que un trasteo de votos.

En esa tutela, que cinco empresarios firmaron para oponerse a la SIC, vuelve al ruedo público el empresario Luis Fernando Acosta Osío, quien fue uno de los accionantes. Hace algunos días su nombre figuró en los titulares de prensa, luego de que el periodista Daniel Coronell revelara unos audios de 2017, en los que el senador Eduardo Pulgar, del Partido de la U, intenta convencer al juez Andrés Rodríguez de aceptar un soborno para favorecer a un amigo suyo, Luis Fernando Acosta Osío, quien además es hermano del exrepresentante a la Cámara Alonso Rafael, acusado el año pasado por la Corte Suprema de nexos con el paramilitarismo.

El reparto amañado

La tutela que, entre otros, firmó Acosta Osío contra la decisión de la SIC llegó a los registros de la Rama Judicial de Barranquilla en los primeros días de octubre de 2012. Por tratarse de una resolución de la Superintendencia, la debía revisar un juez del circuito. Sin embargo, extrañamente, el caso terminó en el despacho de un juez civil. Una fuente del exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, que reemplazó a De la Calle y heredó la investigación, le había advertido que un grupo de empresarios iba a interponer una tutela contra la anulación de las elecciones y estaba garantizado el fallo.

La misma fuente anónima agregó que el caso iba a llegar al Juzgado 22 Civil de Barranquilla y acabó su mensaje con una recomendación: “Esté alerta”. Dicho y hecho. La tutela llegó al despacho del juez Abelardo Andrade Meriño y, a pesar de que había paro judicial, el recurso se abrió camino sin notificación, hasta que en diciembre la SIC recibió la primera señal: el juzgado decretó medidas cautelares a favor de los tutelantes. De inmediato, el superintendente Robledo activó las alarmas y pidió ayuda al Consejo Superior de la Judicatura, que ordenó una inspección judicial para revisar el reparto.

El informe de la Judicatura corroboró las sospechas: el reparto fue alterado y la tutela llegó al despacho escogido a dedo. Los peritos concluyeron que desaparecieron datos del programa que maneja la información de los expedientes, y alguien se encargó de remitir el caso al juez 22 civil. Sin pensarlo dos veces, el entonces presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, denunció los hechos ante el CTI Seccional de Barranquilla. Sin embargo, antes que una respuesta, falló primero el juez 22 en enero de 2013 favoreciendo a Acosta Osío y demás tutelantes.

Además del mencionado Luis Fernando Acosta Osío, ganaron la tutela y garantizaron la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2012 los empresarios Samuel Tcherassi, dueño de la marca de ropa para niños EPK y hermano de la diseñadora de modas Silvia Tcherassi; Ramón Crespo, representante legal de la sociedad Chemical Transportes; Alejandro Duarte, cabeza de la Unión de Comerciantes (Undeco), y Ricardo Varela, que tuvo un paso relámpago por el Congreso, cuando reemplazó menos de un año al empresario Fuad Char en el Senado.

La dicha de los ganadores no les duró mucho. La SIC apeló la sentencia y, en fallo de segunda instancia, quedaron en evidencia las irregularidades cometidas en el reparto de la tutela. El juez que conoció por segunda vez el caso revocó el fallo de primera instancia y en la decisión quedaron detallados los gravísimos hallazgos de la Judicatura, razón por la cual se compulsaron copias para investigar al juez 22. El caso llegó después a la Corte Constitucional, que dispuso no revisar el caso, pero sí reiteró la solicitud de investigación a fondo sobre la manipulación del reparto en la ciudad de Barranquilla.

En adelante, como sucede en muchos casos, el proceso perdió importancia y durante siete años la única jurisdicción que le hizo seguimiento fue la Judicatura. Sin ruido mediático ni mayores investigaciones sobre los interesados en que el fallo quedara a su favor, en julio de 2017, la Sala Disciplinaria inhabilitó por 10 años al juez Abelardo Tercero Andrade. La decisión le llegó en un momento en el que su carrera en la Rama Judicial estaba concluida. El Tribunal Superior de Barranquilla ya lo había condenado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros.

En ese otro caso la pesquisa fue por un fallo en el que, sin justificación alguna, ordenó que el Instituto de Seguros Sociales (ISS) pagara $248 millones a la clínica Asodian, sin cumplimiento de requisitos legales. Al parecer, Andrade tomó esa decisión a cambio de una jugosa suma de dinero. Además, fue el mismo juez de Barranquilla que en julio de 2015 ordenó la libertad del condenado exgobernador de La Guajira Francisco Kiko Gómez por el delito de homicidio. En su momento, esa decisión puso a correr a la Fiscalía, que logró su recaptura horas después de la decisión del juez Andrade.

Aunque disciplinariamente el juez 22 fue sancionado, en lo penal el caso apenas comienza. El Espectador consultó a la Fiscalía, que aseguró que el próximo 25 de agosto iniciará el juicio en contra del juez Andrade por la repartición irregular de la tutela. Sin embargo, sobre los interesados en que el recurso llegara a manos del juez 22 nada se sabe. “Las denuncias quedaron planteadas, otra cosa es que, por tratarse de reconocidos empresarios de la élite de Barranquilla, las hayan embolatado”, explicó a este diario una fuente que trabajó en la Judicatura. Si bien la pesquisa de esta tutela no ha tenido resultados, hoy la Fiscalía tiene otras pruebas que apuntan a que el empresario Acosta Osío pagó millonarias sumas de dinero a un magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.

Al jurista Jorge Eliécer Mola Capera, quien al parecer falló varias tutelas a su favor. El magistrado ya está procesado y, durante la audiencia de imputación de cargos en su contra, la Fiscalía señaló que, según las evidencias, Luis Fernando Acosta Osío era “el protector y beneficiario” del magistrado Mola Capera. Hasta marzo de este año el empresario se había presentado a los llamados de la justicia argumentando calidad de cónsul honorario de Polonia en Barranquilla, condición que, según él, le daba inmunidad por lo que su caso quedó en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

No obstante, hace cuatro meses, la Embajada de Polonia expidió un comunicado aclarando que Acosta Osío no tiene estatus diplomático ni mucho menos inmunidad. Así las cosas, todos los expedientes vinculados al nombre de Luis Fernando Acosta Osío son de la justicia ordinaria. Incluido el que tiene como hecho central el reparto de una tutela por el lío en la elección de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2012, que le costó una inhabilidad al cuestionado juez Abelardo Andrade, aunque nada avanzó respecto a los que se favorecieron con su fallo ilegal.