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El sector de la construcción en Bogotá está a la expectativa. La inminente emisión de una nueva reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente, para definir en qué sectores se puede hacer explotación minera en la capital y la sabana, tiene con incertidumbre a los empresarios. Éstos argumentan que con la medida se incrementaría el valor de los materiales de construcción y se reducirían la infraestructura y el empleo. Ante el ultimátum, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ratifica que, luego de muchos estudios, expedirá la norma pronto y advierte que puede implicar el sacrificio de algunos sectores.
Una situación que se generó por un fallo del Consejo de Estado, del magistrado Marco Velilla, quien el pasado 28 de marzo de 2014 expidió la carta de navegación para descontaminar el río Bogotá. En el pronunciamiento el máximo tribunal contencioso expidió 87 instrucciones a 19 entidades nacionales, 46 municipios y a empresas privadas, para que en un plazo máximo de tres años ejecutaran el plan de saneamiento del que es considerado como uno de los afluentes más contaminados del mundo.
Una determinación que, como era de esperarse, incluyó al Ministerio de Ambiente a ajustar su normatividad para cumplir con un fallo considerado como histórico, en razón a que le tomó a la justicia para fallar 23 años y acumular un expediente cercano a las 14.300 páginas. Por eso, entre otras actividades, el Ministerio del ramo, después del fallo, comenzó el proceso para reglamentar lo que se conoce técnicamente como proceso de delimitación de áreas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá.
El asunto no es de poca monta. Según cifras de la Agencia Nacional Minera (ANM), la sabana de Bogotá tiene una extensión de 517.839 hectáreas, de las cuales 244.494 hectáreas, equivalentes al 47% del terreno, ya tienen exclusiones o restricciones para la actividad minera. En otras palabras, la ANM señala que en el porcentaje referido se ha dado una protección efectiva al entorno ambiental.
Pero a finales del año pasado llegó a la sede del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, una comunicación que denunció los posibles alcances que puede tener la expedición de la norma por parte del Ministerio de Ambiente. Según el documento elaborado por un grupo de constructores, que no dan la cara públicamente para evitar futuros líos, desde 1994 ese Ministerio determinó unas áreas compatibles con la minería, determinó las áreas en las que se podrían extraer materiales de construcción y decidió que en la sabana restante se podía extraer cualquier otro material. En la carta también señalaron que el Ministerio replantearía esa delimitación, sin respetar las áreas ya asignadas impidiendo su explotación.
En concreto, los representantes del sector argumentaron que el problema radica en que en las áreas asignadas hay un grupo significativo de mineros con títulos legales y es en esas zonas en donde se extraen los materiales de construcción para los proyectos de Bogotá. Por eso señalan que tienen información de que la decisión iría encaminada a: “Excluir de un tajo la minería en la sabana y sólo permitiría que esta actividad se desarrolle en menos del 5% del total del territorio”.
Ante la denuncia, El Espectador habló con el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, quien anunció que se trata de una especulación y que han adelantado cerca del 80% de los estudios correspondientes para expedir pronto la reglamentación. “Se esta recorriendo toda la zona con técnicos y expertos de varias entidades para expedir una normatividad de acuerdo con un cuidadoso análisis integral de la actividad minera en la sabana”.
Para los constructores, si se sigue restringiendo la actividad minera en la región tendrían que comprar los materiales en el departamento del Meta o Huila, se tendrían que traer por medio de carreteras destruidas o incluso se reduciría la posibilidad de construir nuevas vías. Indican por esto que según estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), frente a los materiales de construcción, por cada kilómetro que se alejan las operaciones mineras de los centros de consumo, el precio de venta final se incrementa en $255 por tonelada. En suma, mayores costos, menos construcción y reducción del empleo.
A las posiciones de constructores y Gobierno surgió hace dos semanas un nuevo actor: la Agencia Nacional de Minería, que hizo su aporte como entidad especializada. En comunicación al ministro Vallejo expresa, entre otros aspectos, que en materia ambiental los ecosistemas y las áreas de interés ambiental ya cuentan con categoría de protección y otras no revisten un grado mayor de vulnerabilidad. En lo técnico-minero la entidad indica que se deben tener en cuenta, además de los títulos otorgados, el potencial minero de la sabana, su oferta y demanda, y el impacto socioeconómico de la entidad.
En cuanto a lo jurídico, la posición de la Agencia es que no se pueden desconocer las autorizaciones vigentes para la explotación minera y que dichos títulos deben continuar su ejecución hasta su terminación, o en otros casos indemnizar a sus titulares. “La autoridad minera recomienda que se establezca la menor cantidad de regímenes de transición”, mientras se adapta la nueva normatividad y comparte sus conceptos para el debate al Ministerio de Minas y la Procuraduría.
Ad portas de una decisión, el debate entre las partes está prendido. Los constructores señalan que si se restringe la minería en la sabana de Bogotá, se perderían al menos 20.000 empleos. Aseguran que la lucha entre ambiente y minería está superada, porque ya está protegido. Pero van más allá y afirman que: “Esta es una decisión sobre el futuro de Bogotá, sobre empleo, desarrollo, progreso, equidad e infraestructura en la capital”. Por su parte, el ministro Gabriel Vallejo insiste en que lo planteado es especulación y que no puede anticipar sobre lo que puede pasar con la norma. Sin embargo, recuerda el caso del páramo de Santurbán. “Todas estas decisiones implican el sacrificio de alguien, estamos trabajando y la resolución saldrá muy pronto”.