La controversia por la alianza comercial del Real Cartagena

El pasado 19 de noviembre, el presidente del Real Cartagena Fútbol Club, Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, le escribió al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, para reconocer su disposición “a entregar el ciento por ciento del manejo deportivo y administrativo de la plantilla profesional del equipo” a una promotora o sociedad creada bajo su liderazgo. Hoy, esa iniciativa es una realidad, pero ante la Superintendencia de Sociedades el asunto se convirtió en una controversia, porque sus críticos creen que se trata de un esguince a la Ley 1445 de 2011, permitiendo la tercerización en el manejo del club.

La propuesta de Rendón se formalizó en tan solo 15 días. La sociedad Promotora Real Cartagena S. A. S. fue creada el 27 de noviembre de 2018, el contrato para sellar la alianza con el club Real Cartagena se firmó el 5 de diciembre y, al día siguiente, en un acto público presidido por el gobernador Turbay y el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, fue presentada en sociedad la nueva junta directiva del equipo profesional en el salón Pierre Daguett de la Universidad de Bellas Artes de Bolívar. Al frente quedó el dirigente deportivo de 32 años Roberto Carlos Vergara, hombre muy cercano del gobernador Dumek Turbay.

(Vea: La reventa masiva de la eliminatoria a Rusia 2018)

Según el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena, el objeto social de la Promotora Real Cartagena S. A. S. es, entre otros, “la administración de equipos profesionales y amateurs de cualquier disciplina deportiva”. En el contrato quedó escrito que como el Real Cartagena se encuentra hoy en proceso de reorganización empresarial ante la Supersociedades, era necesario velar por la existencia jurídica y financiera del club, permitiéndole a la Promotora la explotación económica del equipo profesional bajo el compromiso de asumir los costos y gastos de operación para participar en el Torneo Águila 2019.

Cuando parecía despejado el camino para la Promotora Real Cartagena S. A. S., apareció la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que a través de una carta enviada a la Supersociedades advirtió que ese negocio empresarial desconoce las reglas que imperan hoy en el fútbol colombiano. Según Acolfutpro, a partir de la expedición de la Ley 1445 de 2011, los clubes profesionales de fútbol deben atender un régimen especial en aspectos como su organización, capital suscrito y pagado, patrimonio líquido y procedencia y control de capitales, que quedan en duda con el convenio con la Promotora.

“La Ley 1445 de 2011 se hizo para evitar la presencia de capitales y personas de dudosa procedencia y para garantizar el cumplimiento de las funciones laborales y fiscales de los clubes, y lo que hoy sucede en el Real Cartagena es que se pone en riesgo todo el sistema de controles y fiscalización, permitiendo la tercerización del club”, precisó Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro. Por eso, les pidió a Coldeportes, a la Supersociedades, a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar a fondo el caso.

Rodrigo Rendón respondió a la Supersociedades el reclamo de Acolfutpro manifestando que no existe una sesión de la administración del club, sino una alianza comercial para la explotación de la marca del equipo profesional a través de la imagen de los jugadores, la camiseta y el costo de la boletería, entre otros elementos de mercadeo. Rendón insistió en que nunca se menciona administrar el club, que no habrá alteración alguna frente al acuerdo de reorganización empresarial y que lo que se busca con este negocio, de $100 millones iniciales, es que el club supere sus dificultades económicas y deportivas transitorias.

(Lea: SIC multa con $740 millones a Ticket Shop por publicidad engañosa)

Tras calificar como “descabellada” la interpretación del convenio por parte de Acolfutpro, Rodrigo Rendón agregó que la pretensión de que la Promotora tenga que obtener un reconocimiento deportivo adicional como si hubiese adquirido la propiedad del equipo es equivocada, pues lo que dice la Ley 1445 es que no se puede delegar en un tercero la administración del club, mas no la parte deportiva, publicitaria o médica, como cualquier sociedad que puede tercerizar algunas de sus funciones o tareas. Es decir, que no existe un traspaso de la administración ni tampoco habrá problemas con los contratos laborales.

En contraste, Acolfutpro señaló que al leer el contrato es obvio que el equipo está tercerizando toda su responsabilidad, incluyendo lo relacionado con la contratación de jugadores y cuerpo técnico. Al respecto, en el contrato suscrito entre Real Cartagena y la Promotora se lee que entre las obligaciones del club está “vincular mediante contrato laboral e inscribir ante la Dimayor un máximo de 25 jugadores y cinco miembros del cuerpo técnico, conforme la lista que le presente la Promotora”. Es decir, que la Promotora es la que decidirá quién juega o no en el Real Cartagena.

Según el contrato, como los jugadores y el cuerpo técnico solo laboran para el club los días de los entrenamientos y los partidos, la Promotora “está en la libertad de suscribir contratos laborales”, para lo cual deberán afiliarlos a las mismas EPS y ARL. Sin embargo, expresamente se dice que el club “no tendrá responsabilidad en las relaciones laborales de la Promotora con sus empleados, así estos también sean empleados del club”. Y justamente es este aspecto el que cuestiona Acolfutpro, que insiste en que esta tercerización puede revivir los inconvenientes que ya sufrieron los futbolistas por el no pago de obligaciones laborales y fiscales.

“Un jugador no puede pertenecer a dos o más empleadores para ejercer la misma actividad, porque estaría en un conflicto de intereses. Además, que la Promotora no reúne los requisitos de ley para ser un club de fútbol, por lo que estaría violando los derechos fundamentales de los jugadores de fútbol profesionales, como lo son el descanso en el trabajo”, explicó Carlos González Puche en un nuevo oficio a la Supersociedades replicando los argumentos expuestos por Rodrigo Rendón.

Acolfutpro solicitó que se verifiquen los contratos que reposan en Coldeportes de los jugadores que prestaron sus servicios al Real Cartagena en 2018 y que hoy continúan en la plantilla del equipo profesional inscrito para 2019. “Que se constate, como evidentemente existe, un detrimento en cuanto a las condiciones laborales que se desmejoran, si se tienen en cuenta los salarios que devengaban el año anterior”, señala la carta, en la que se insiste, además, en que se revisen los casos particulares de seis jugadores que estuvieron la pasada temporada con el Real Cartagena.

Aunque en el contrato se recalca que la explotación económica asumida por la Promotora no incluye derechos de transmisión de televisión o los recursos que otorgue la Dimayor, sí tendrá que asumir los gastos y costos de la participación en las competencias tanto nacionales como internacionales. La duda planteada por Acolfutpro es que hoy el Real Cartagena está en un proceso de reorganización empresarial en la Supersociedades y, al entregar su activo más valioso, que es el equipo profesional, está renunciando al motor de sus finanzas y mayor generador de capital, poniendo en riesgo el pago a los acreedores.

La controversia está planteada. El Real Cartagena insiste en que hoy el club no está en proceso de liquidación, ni existe algún hecho relevante que ponga en riesgo su alianza comercial a través de la Promotora. Acolfutpro dice que sí es una tercerización, porque la Promotora debe cumplir con las normas de la Dimayor y los organismos públicos, una tarea que solamente corresponde a los clubes profesionales. Además, agrega que, si se empieza a permitir este tipo de jugadas, se está abriendo la puerta para volver al pasado, cuando nadie sabía quién administraba los clubes y los jugadores vivían en el riesgo laboral.

Por lo pronto, con el claro respaldo del gobernador Dumek Turbay, quien fue presidente del Real Cartagena en 2005, la Promotora ya adelanta labores con un cuerpo técnico liderado por Richard Parra y un grupo de jugadores de amplia trayectoria, con los que busca cumplir el objetivo enunciado por su presidente Roberto Vergara: “Adquiero un compromiso con la ciudad y la hinchada de pelear por el regreso del Real Cartagena a la primera división. Ya lo hizo Santa Marta con el Unión Magdalena, y nosotros no podemos quedarnos atrás”. Un dato que no pasa inadvertido en un año en el que se definirá el futuro político de las regiones y en el que además el fútbol, como siempre, aparece como un arma de campaña.

El pasado 19 de noviembre, el presidente del Real Cartagena Fútbol Club, Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, le escribió al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, para reconocer su disposición “a entregar el ciento por ciento del manejo deportivo y administrativo de la plantilla profesional del equipo” a una promotora o sociedad creada bajo su liderazgo. Hoy, esa iniciativa es una realidad, pero ante la Superintendencia de Sociedades el asunto se convirtió en una controversia, porque sus críticos creen que se trata de un esguince a la Ley 1445 de 2011, permitiendo la tercerización en el manejo del club.

La propuesta de Rendón se formalizó en tan solo 15 días. La sociedad Promotora Real Cartagena S. A. S. fue creada el 27 de noviembre de 2018, el contrato para sellar la alianza con el club Real Cartagena se firmó el 5 de diciembre y, al día siguiente, en un acto público presidido por el gobernador Turbay y el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, fue presentada en sociedad la nueva junta directiva del equipo profesional en el salón Pierre Daguett de la Universidad de Bellas Artes de Bolívar. Al frente quedó el dirigente deportivo de 32 años Roberto Carlos Vergara, hombre muy cercano del gobernador Dumek Turbay.

(Vea: La reventa masiva de la eliminatoria a Rusia 2018)

Según el certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena, el objeto social de la Promotora Real Cartagena S. A. S. es, entre otros, “la administración de equipos profesionales y amateurs de cualquier disciplina deportiva”. En el contrato quedó escrito que como el Real Cartagena se encuentra hoy en proceso de reorganización empresarial ante la Supersociedades, era necesario velar por la existencia jurídica y financiera del club, permitiéndole a la Promotora la explotación económica del equipo profesional bajo el compromiso de asumir los costos y gastos de operación para participar en el Torneo Águila 2019.

Cuando parecía despejado el camino para la Promotora Real Cartagena S. A. S., apareció la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que a través de una carta enviada a la Supersociedades advirtió que ese negocio empresarial desconoce las reglas que imperan hoy en el fútbol colombiano. Según Acolfutpro, a partir de la expedición de la Ley 1445 de 2011, los clubes profesionales de fútbol deben atender un régimen especial en aspectos como su organización, capital suscrito y pagado, patrimonio líquido y procedencia y control de capitales, que quedan en duda con el convenio con la Promotora.

“La Ley 1445 de 2011 se hizo para evitar la presencia de capitales y personas de dudosa procedencia y para garantizar el cumplimiento de las funciones laborales y fiscales de los clubes, y lo que hoy sucede en el Real Cartagena es que se pone en riesgo todo el sistema de controles y fiscalización, permitiendo la tercerización del club”, precisó Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro. Por eso, les pidió a Coldeportes, a la Supersociedades, a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar a fondo el caso.

Rodrigo Rendón respondió a la Supersociedades el reclamo de Acolfutpro manifestando que no existe una sesión de la administración del club, sino una alianza comercial para la explotación de la marca del equipo profesional a través de la imagen de los jugadores, la camiseta y el costo de la boletería, entre otros elementos de mercadeo. Rendón insistió en que nunca se menciona administrar el club, que no habrá alteración alguna frente al acuerdo de reorganización empresarial y que lo que se busca con este negocio, de $100 millones iniciales, es que el club supere sus dificultades económicas y deportivas transitorias.

(Lea: SIC multa con $740 millones a Ticket Shop por publicidad engañosa)

Tras calificar como “descabellada” la interpretación del convenio por parte de Acolfutpro, Rodrigo Rendón agregó que la pretensión de que la Promotora tenga que obtener un reconocimiento deportivo adicional como si hubiese adquirido la propiedad del equipo es equivocada, pues lo que dice la Ley 1445 es que no se puede delegar en un tercero la administración del club, mas no la parte deportiva, publicitaria o médica, como cualquier sociedad que puede tercerizar algunas de sus funciones o tareas. Es decir, que no existe un traspaso de la administración ni tampoco habrá problemas con los contratos laborales.

En contraste, Acolfutpro señaló que al leer el contrato es obvio que el equipo está tercerizando toda su responsabilidad, incluyendo lo relacionado con la contratación de jugadores y cuerpo técnico. Al respecto, en el contrato suscrito entre Real Cartagena y la Promotora se lee que entre las obligaciones del club está “vincular mediante contrato laboral e inscribir ante la Dimayor un máximo de 25 jugadores y cinco miembros del cuerpo técnico, conforme la lista que le presente la Promotora”. Es decir, que la Promotora es la que decidirá quién juega o no en el Real Cartagena.

Según el contrato, como los jugadores y el cuerpo técnico solo laboran para el club los días de los entrenamientos y los partidos, la Promotora “está en la libertad de suscribir contratos laborales”, para lo cual deberán afiliarlos a las mismas EPS y ARL. Sin embargo, expresamente se dice que el club “no tendrá responsabilidad en las relaciones laborales de la Promotora con sus empleados, así estos también sean empleados del club”. Y justamente es este aspecto el que cuestiona Acolfutpro, que insiste en que esta tercerización puede revivir los inconvenientes que ya sufrieron los futbolistas por el no pago de obligaciones laborales y fiscales.

“Un jugador no puede pertenecer a dos o más empleadores para ejercer la misma actividad, porque estaría en un conflicto de intereses. Además, que la Promotora no reúne los requisitos de ley para ser un club de fútbol, por lo que estaría violando los derechos fundamentales de los jugadores de fútbol profesionales, como lo son el descanso en el trabajo”, explicó Carlos González Puche en un nuevo oficio a la Supersociedades replicando los argumentos expuestos por Rodrigo Rendón.

Acolfutpro solicitó que se verifiquen los contratos que reposan en Coldeportes de los jugadores que prestaron sus servicios al Real Cartagena en 2018 y que hoy continúan en la plantilla del equipo profesional inscrito para 2019. “Que se constate, como evidentemente existe, un detrimento en cuanto a las condiciones laborales que se desmejoran, si se tienen en cuenta los salarios que devengaban el año anterior”, señala la carta, en la que se insiste, además, en que se revisen los casos particulares de seis jugadores que estuvieron la pasada temporada con el Real Cartagena.

Aunque en el contrato se recalca que la explotación económica asumida por la Promotora no incluye derechos de transmisión de televisión o los recursos que otorgue la Dimayor, sí tendrá que asumir los gastos y costos de la participación en las competencias tanto nacionales como internacionales. La duda planteada por Acolfutpro es que hoy el Real Cartagena está en un proceso de reorganización empresarial en la Supersociedades y, al entregar su activo más valioso, que es el equipo profesional, está renunciando al motor de sus finanzas y mayor generador de capital, poniendo en riesgo el pago a los acreedores.

La controversia está planteada. El Real Cartagena insiste en que hoy el club no está en proceso de liquidación, ni existe algún hecho relevante que ponga en riesgo su alianza comercial a través de la Promotora. Acolfutpro dice que sí es una tercerización, porque la Promotora debe cumplir con las normas de la Dimayor y los organismos públicos, una tarea que solamente corresponde a los clubes profesionales. Además, agrega que, si se empieza a permitir este tipo de jugadas, se está abriendo la puerta para volver al pasado, cuando nadie sabía quién administraba los clubes y los jugadores vivían en el riesgo laboral.

Por lo pronto, con el claro respaldo del gobernador Dumek Turbay, quien fue presidente del Real Cartagena en 2005, la Promotora ya adelanta labores con un cuerpo técnico liderado por Richard Parra y un grupo de jugadores de amplia trayectoria, con los que busca cumplir el objetivo enunciado por su presidente Roberto Vergara: “Adquiero un compromiso con la ciudad y la hinchada de pelear por el regreso del Real Cartagena a la primera división. Ya lo hizo Santa Marta con el Unión Magdalena, y nosotros no podemos quedarnos atrás”. Un dato que no pasa inadvertido en un año en el que se definirá el futuro político de las regiones y en el que además el fútbol, como siempre, aparece como un arma de campaña.