La denuncia penal contra Hidalgo e Hidalgo

El 13 de diciembre de 2018, el ciudadano ecuatoriano Luis Fernando Llivigañay llegó a las instalaciones de la Fiscalía en Yopal (Casanare) para denunciar supuestos actos de corrupción en la empresa que lo empleó durante más de 10 años y que lo acababa de despedir: la constructora Hidalgo e Hidalgo, la más importante de Ecuador y protagonista del sector en Colombia. Llivigañay no solo detalló supuestos pagos ilegales a funcionarios de corporaciones regionales y compra de material ilegal, sino que también sostuvo que él realizó las transacciones y los ajustes de contabilidad. La compañía dice desconocer la denuncia, desmiente a su extrabajador y anunció que se defenderá ante las autoridades.

La historia de Hidalgo e Hidalgo en Ecuador comenzó hace medio siglo, cuando la fundó el arquitecto Juan Hidalgo González. Inició como empresa familiar, pero con el tiempo se convirtió en uno de los gigantes de la construcción en el vecino país, acaparando proyectos de puentes, túneles, electrificación, puertos, riego y edificaciones. Pronto su nombre creció en América Latina y expandió sus operaciones a Perú y Colombia. En el país aterrizó hace 10 años y ha participado en 12 contratos con el Estado. Su historia, sin embargo, se ha visto marcada por menciones en escándalos de corrupción e investigaciones judiciales, sin que hasta hoy haya sido condenada.

En Colombia es la primera vez que Hidalgo e Hidalgo es denunciada. Los hechos, según Luis Fernando Llivigañay, ocurrieron entre 2016 y 2018, cuando la sucursal de la empresa y su sociedad colombiana participaban en las obras de Vías para la Equidad a través de los consorcios Vías Equidad 068 y Vías Equidad 046, en Caquetá y Boyacá. De acuerdo con el denunciante, quien estuvo vinculado durante 14 años a la compañía, él fungió como el administrador de ambos consorcios y fue testigo directo de los supuestos actos irregulares. “Tengo pruebas fehacientes, toda vez que fui coaccionado a ejecutar actos reprochables por órdenes directas de mis superiores”, se lee en la denuncia, en la que también pidió un principio de oportunidad a cambio de revelar más secretos de la empresa.

Según Llivigañay, él realizó pagos para que funcionarios de corporaciones autónomas regionales concedieran permisos ambientales a la empresa sin cumplir con los requisitos exigidos. En específico, asegura que en el marco de la ejecución del contrato para mejorar el corredor Transversal del Cusiana (que conecta al centro del país con el Llano y a Boyacá con Casanare) valorado en $70.652 millones, una trabajadora de la empresa negoció el pago de coimas ante las directivas de Corporinoquia. “El Consorcio Vías Equidad 046 no contaba con permisos (como el de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce), y precisamente este fue el objeto del pago de coimas ante la CAR: permitir la ejecución del contrato, omitiendo sus funciones como autoridad ambiental”, dice el denunciante.

Llivigañay contó que se encargó de legalizar por lo menos $81 millones que habrían llegado a manos de una directiva de Corpoamazonia, a través de un particular, que el monto se entregó en cuatro pagos en efectivo, por consignación y giros de cheques, y que ese gasto se habría legalizado en el interior de la compañía con documentos falsos. “Se procedió a hablar con proveedores de bienes y servicios de confianza para que estos mismos coadyuvaran en la presentación de cuentas de cobro, facturas (…) existen audios y llamadas grabadas que dan fe (…) También quiero dejar claro que algunos dineros salieron de mi cuenta personal de Bancolombia, en razón a que el consorcio no giraba a tiempo los dineros”, añadió Llivigañay ante las autoridades.

Luis Fernando Llivigañay, extrabajador de Hidalgo e Hidalgo.

“Yo mismo contacté a los proveedores para que me hicieran esas facturas falsas. Les decía concretamente: ‘Necesito justificar unos pagos de unos torcidos, hazme una factura, se te devuelve el IVA y se te tiene en cuenta para una compra a futuro’. Soy testigo de eso y decidí denunciarlo, porque la empresa faltó a la lealtad que siempre le di. Me hicieron renunciar acusándome de robo y lo sustentaron mostrándome los montos elevados de mis extractos bancarios, y con esas sumas irónicamente fue que pagué los sobornos. Muchos años guardé silencio porque el que no se ajustaba a las condiciones de la empresa era despedido”, agregó Llivigañay a El Espectador.

En su denuncia, el extrabajador de Hidalgo e Hidalgo dijo también que hubo manejos irregulares en el contrato para la construcción de dos puentes en el corredor Villagarzón-San José del Fragua, en Caquetá, adjudicado por casi $19.000 millones. El material usado en este proyecto, de acuerdo con Llivigañay, se obtuvo de manera ilegal. “Mi función como administrador era la compra de arena ilegal, sin dejar rastro y con la complicidad de la interventoría. Yo mismo alteré las planillas”, precisó especificando nombres de las supuestas canteras usadas como fachada. Como testigo de oídas, aseguró que conoce que la compañía negoció con Corpoamazonia para que omitiera sus funciones y se evitaran sanciones.

Llivigañay pidió a la Fiscalía que lo escuche y que sea citado para ampliar sus declaraciones. “Puedo demostrar de manera esquemática cómo se realizó cada acto concreto”, reiteró el denunciante, mientras habló también de supuestos desvíos de fondos entre los distintos contratos adjudicados a la compañía y de pagos a las guerrillas del Eln y de las Farc para que en su momento los grupos guerrilleros permitieran ejecutar obras. “Se pagaban $300 millones trimestrales a esos grupos subversivos”, sostuvo Llivigañay, quien además solicitó ingresar cuanto antes al programa especial de protección a testigos, ya que asegura que ya fue amenazado y se siente perseguido.

La denuncia está en etapa de investigación y se han emitido siete órdenes de policía judicial para averiguar si hay materiales probatorios que fundamenten la hipótesis del denunciante. Hidalgo e Hidalgo, por su parte, negó la versión de su extrabajador a quien entuteló por supuesta vulneración de los derechos al buen nombre y la honra. Los hechos relatados en la denuncia les fueron esbozados a los directivos de la compañía en una propuesta de contrato de transacción enviada por correo electrónico, en la que Llivigañay pidió su reintegro, una compensación y el desistimiento de una posible denuncia penal. Esto, en opinión de la compañía, no demuestra más que acusaciones calumniosas e injuriosas, carentes de pruebas. La tutela fue negada por improcedente.

En consecuencia, Hidalgo e Hidalgo instauró denuncia por injuria y calumnia contra su extrabajador. En conversación con este diario, la oficina jurídica de la compañía afirmó desconocer la denuncia penal interpuesta por Llivigañay, pero contestó que dichas acusaciones carecen de precisión “debido a que no tienen consonancia con los documentos que reposan ante las entidades gubernamentales encargadas de hacer el seguimiento a los proyectos ejecutados por los consorcios”. La empresa negó también los pagos a los funcionarios de Corpoamazonia y Corporinoquia, “tanto así que en el momento tenemos tres procedimientos sancionatorios en curso por hechos pendientes de resolución”.

La compañía aclaró que ninguno de los contratos ejecutados por los consorcios Vías Equidad 068 y Vías Equidad 046 requirieron tramitar licencias ambientales y que las gestiones ambientales (como los permisos) se llevaron a cabo con estricto apego y cumplimiento de la legislación colombiana y, sobre todo, bajo la vigilancia permanente del Invías -en su rol de entidad contratante-, de sus interventorías, de las autoridades ambientales, de los municipios y de las juntas de acción comunal de cada jurisdicción.

“Los controles de los dineros que salen de la compañía son muy estrictos; los bancos solo permiten hacer transacciones a través de las plataformas electrónicas dispuestas para tal efecto. No encontramos evidencia física o testimonial que llevara a concluir que lo dicho por el supuesto extrabajador es cierto. Esperamos tener la oportunidad de defendernos de tales afirmaciones, porque no tienen ningún grado de veracidad”, concluye la constructora, que también niega pagos ilegales a grupos subversivos.

Los señalamientos contra Hidalgo e Hidalgo

Aunque la eventual disputa penal entre Hidalgo e Hidalgo y Llivigañay en Colombia tiene su origen en el despido laboral de este trabajador, las preocupaciones de la constructora en la región son de mayor envergadura. La primera mención en un escándalo de corrupción en América Latina se dio en el año 2015 en Panamá, cuando un funcionario del gobierno de ese país admitió haber recibido un soborno de la compañía a cambio de un contrato para la construcción de un proyecto agropecuario en el valle de Tonosí, valorado en US$155 millones. El caso alcanzó ruido mediático y en Colombia las autoridades revisaron las actuaciones de la empresa sin encontrar nada irregular.

“El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de solicitar que se haga una investigación profunda antes de suscribir cualquier contrato en este evento”, dijo en esa época el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Por su parte, el entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, habló con la prensa y dio tranquilidad sobre las posibles salidas legales que tendría el Gobierno de Colombia, en el caso de que la firma ecuatoriana fuera declarada culpable en Panamá. Incluso, para saldar las dudas, elevó una consulta ante el Consejo de Estado.

El impacto reputacional fue tan alto, que incluso el Estado panameño terminó unilateralmente el contrato con la constructora, decisión que después fue anulada. Por eso Hidalgo e Hidalgo demandó a Panamá por los perjuicios ocasionados (US$70 millones) y aún está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva el caso. En el ámbito penal, la compañía no fue vinculada a la investigación, pero uno de sus directivos sí fue procesado, el ingeniero Marco Albán Crespo. “El proyecto del Distrito de Tonosí no se pudo ejecutar debido a que el Estado de Panamá tuvo inconvenientes con la compra de los predios que se requerían para su ejecución”, explicó la empresa a El Espectador.

En Perú las pesquisas contra Hidalgo e Hidalgo surgieron después de que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en ese país, declarara la existencia de un supuesto cartel denominado el “Club de la construcción”, constituido por 17 empresas que presuntamente se coludieron para quedarse con la contratación estatal de la construcción. Entre ellas, según Barata, estaría la firma Construcción y Administración S. A. (CASA), cuyo socio mayoritario es la matriz ecuatoriana de Hidalgo e Hidalgo. Pese a esta investigación, la empresa ha seguido contratando con el Estado peruano y entre 2018 y 2019 le adjudicaron obras por US$137,7 millones.

En Ecuador la situación es más reciente. Las autoridades investigan el dinero que ingresó a las campañas electorales del Movimiento Oficialista Alianza País, al cual pertenece el expresidente Rafael Correa. Según reveló el portal Periodismo de Investigación, Pamela Martínez, exasesora del exmandatario, llevó el detalle de las donaciones que el partido recibió de empresas transnacionales y nacionales. Los datos quedaron consignados en un archivo de Excel, y en el aparece como donante Alberto Hidalgo, directivo de Hidalgo e Hidalgo y primo del actual ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Aurelio Hidalgo. Otros nueve empresarios fueron vinculados al caso.

El portal Periodismo de Investigación asegura que los dineros de Hidalgo e Hidalgo ingresaron a las campañas electorales en 2013, 2014 y 2017, por aproximadamente US$3 millones, y que se habrían aportado a cambio de la concesión de obras de construcción. En diálogo con este diario, la empresa reiteró que no ha sido vinculada al proceso y que no existen evidencias que respalden esta hipótesis.

En contraste, en Colombia la carrera de Hidalgo e Hidalgo ha sido exitosa. Durante 10 años, la firma ha logrado quedarse con 12 contratos estatales, de los cuales siete ya han sido ejecutados por más de $700.000 millones y cinco están en ejecución y suman más de $900.000 millones. Entre las obras más significativas estuvieron la rehabilitación de una de las primeras vías de cuarta generación (4G), entre Zipaquirá (Cundinamarca) y Bucaramanga (Santander), y la construcción del corredor Santander de Quilichao-Popayán (Cauca).

Los contratos más recientes se concentran en la capital del país, donde Hidalgo e Hidalgo es una de las contratistas del esquema de aseo, a través de la sociedad Bogotá Limpia, y recoge basuras en Engativá y Barrios Unidos; y tiene a su cargo unas obras en la pista sur del aeropuerto El Dorado. Además, en el túnel de La Línea la empresa se quedó con el contrato del tramo Tolima 1 y se comprometió a construir cuatro puentes y seis túneles. Es decir, el historial de Hidalgo e Hidalgo como contratista en Colombia sigue creciendo. Fuentes cercanas a la compañía sostienen que ante una eventual investigación penal, seguramente se van a desestimar las acusaciones.

El 13 de diciembre de 2018, el ciudadano ecuatoriano Luis Fernando Llivigañay llegó a las instalaciones de la Fiscalía en Yopal (Casanare) para denunciar supuestos actos de corrupción en la empresa que lo empleó durante más de 10 años y que lo acababa de despedir: la constructora Hidalgo e Hidalgo, la más importante de Ecuador y protagonista del sector en Colombia. Llivigañay no solo detalló supuestos pagos ilegales a funcionarios de corporaciones regionales y compra de material ilegal, sino que también sostuvo que él realizó las transacciones y los ajustes de contabilidad. La compañía dice desconocer la denuncia, desmiente a su extrabajador y anunció que se defenderá ante las autoridades.

La historia de Hidalgo e Hidalgo en Ecuador comenzó hace medio siglo, cuando la fundó el arquitecto Juan Hidalgo González. Inició como empresa familiar, pero con el tiempo se convirtió en uno de los gigantes de la construcción en el vecino país, acaparando proyectos de puentes, túneles, electrificación, puertos, riego y edificaciones. Pronto su nombre creció en América Latina y expandió sus operaciones a Perú y Colombia. En el país aterrizó hace 10 años y ha participado en 12 contratos con el Estado. Su historia, sin embargo, se ha visto marcada por menciones en escándalos de corrupción e investigaciones judiciales, sin que hasta hoy haya sido condenada.

En Colombia es la primera vez que Hidalgo e Hidalgo es denunciada. Los hechos, según Luis Fernando Llivigañay, ocurrieron entre 2016 y 2018, cuando la sucursal de la empresa y su sociedad colombiana participaban en las obras de Vías para la Equidad a través de los consorcios Vías Equidad 068 y Vías Equidad 046, en Caquetá y Boyacá. De acuerdo con el denunciante, quien estuvo vinculado durante 14 años a la compañía, él fungió como el administrador de ambos consorcios y fue testigo directo de los supuestos actos irregulares. “Tengo pruebas fehacientes, toda vez que fui coaccionado a ejecutar actos reprochables por órdenes directas de mis superiores”, se lee en la denuncia, en la que también pidió un principio de oportunidad a cambio de revelar más secretos de la empresa.

Según Llivigañay, él realizó pagos para que funcionarios de corporaciones autónomas regionales concedieran permisos ambientales a la empresa sin cumplir con los requisitos exigidos. En específico, asegura que en el marco de la ejecución del contrato para mejorar el corredor Transversal del Cusiana (que conecta al centro del país con el Llano y a Boyacá con Casanare) valorado en $70.652 millones, una trabajadora de la empresa negoció el pago de coimas ante las directivas de Corporinoquia. “El Consorcio Vías Equidad 046 no contaba con permisos (como el de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce), y precisamente este fue el objeto del pago de coimas ante la CAR: permitir la ejecución del contrato, omitiendo sus funciones como autoridad ambiental”, dice el denunciante.

Llivigañay contó que se encargó de legalizar por lo menos $81 millones que habrían llegado a manos de una directiva de Corpoamazonia, a través de un particular, que el monto se entregó en cuatro pagos en efectivo, por consignación y giros de cheques, y que ese gasto se habría legalizado en el interior de la compañía con documentos falsos. “Se procedió a hablar con proveedores de bienes y servicios de confianza para que estos mismos coadyuvaran en la presentación de cuentas de cobro, facturas (…) existen audios y llamadas grabadas que dan fe (…) También quiero dejar claro que algunos dineros salieron de mi cuenta personal de Bancolombia, en razón a que el consorcio no giraba a tiempo los dineros”, añadió Llivigañay ante las autoridades.

Luis Fernando Llivigañay, extrabajador de Hidalgo e Hidalgo.

“Yo mismo contacté a los proveedores para que me hicieran esas facturas falsas. Les decía concretamente: ‘Necesito justificar unos pagos de unos torcidos, hazme una factura, se te devuelve el IVA y se te tiene en cuenta para una compra a futuro’. Soy testigo de eso y decidí denunciarlo, porque la empresa faltó a la lealtad que siempre le di. Me hicieron renunciar acusándome de robo y lo sustentaron mostrándome los montos elevados de mis extractos bancarios, y con esas sumas irónicamente fue que pagué los sobornos. Muchos años guardé silencio porque el que no se ajustaba a las condiciones de la empresa era despedido”, agregó Llivigañay a El Espectador.

En su denuncia, el extrabajador de Hidalgo e Hidalgo dijo también que hubo manejos irregulares en el contrato para la construcción de dos puentes en el corredor Villagarzón-San José del Fragua, en Caquetá, adjudicado por casi $19.000 millones. El material usado en este proyecto, de acuerdo con Llivigañay, se obtuvo de manera ilegal. “Mi función como administrador era la compra de arena ilegal, sin dejar rastro y con la complicidad de la interventoría. Yo mismo alteré las planillas”, precisó especificando nombres de las supuestas canteras usadas como fachada. Como testigo de oídas, aseguró que conoce que la compañía negoció con Corpoamazonia para que omitiera sus funciones y se evitaran sanciones.

Llivigañay pidió a la Fiscalía que lo escuche y que sea citado para ampliar sus declaraciones. “Puedo demostrar de manera esquemática cómo se realizó cada acto concreto”, reiteró el denunciante, mientras habló también de supuestos desvíos de fondos entre los distintos contratos adjudicados a la compañía y de pagos a las guerrillas del Eln y de las Farc para que en su momento los grupos guerrilleros permitieran ejecutar obras. “Se pagaban $300 millones trimestrales a esos grupos subversivos”, sostuvo Llivigañay, quien además solicitó ingresar cuanto antes al programa especial de protección a testigos, ya que asegura que ya fue amenazado y se siente perseguido.

La denuncia está en etapa de investigación y se han emitido siete órdenes de policía judicial para averiguar si hay materiales probatorios que fundamenten la hipótesis del denunciante. Hidalgo e Hidalgo, por su parte, negó la versión de su extrabajador a quien entuteló por supuesta vulneración de los derechos al buen nombre y la honra. Los hechos relatados en la denuncia les fueron esbozados a los directivos de la compañía en una propuesta de contrato de transacción enviada por correo electrónico, en la que Llivigañay pidió su reintegro, una compensación y el desistimiento de una posible denuncia penal. Esto, en opinión de la compañía, no demuestra más que acusaciones calumniosas e injuriosas, carentes de pruebas. La tutela fue negada por improcedente.

En consecuencia, Hidalgo e Hidalgo instauró denuncia por injuria y calumnia contra su extrabajador. En conversación con este diario, la oficina jurídica de la compañía afirmó desconocer la denuncia penal interpuesta por Llivigañay, pero contestó que dichas acusaciones carecen de precisión “debido a que no tienen consonancia con los documentos que reposan ante las entidades gubernamentales encargadas de hacer el seguimiento a los proyectos ejecutados por los consorcios”. La empresa negó también los pagos a los funcionarios de Corpoamazonia y Corporinoquia, “tanto así que en el momento tenemos tres procedimientos sancionatorios en curso por hechos pendientes de resolución”.

La compañía aclaró que ninguno de los contratos ejecutados por los consorcios Vías Equidad 068 y Vías Equidad 046 requirieron tramitar licencias ambientales y que las gestiones ambientales (como los permisos) se llevaron a cabo con estricto apego y cumplimiento de la legislación colombiana y, sobre todo, bajo la vigilancia permanente del Invías -en su rol de entidad contratante-, de sus interventorías, de las autoridades ambientales, de los municipios y de las juntas de acción comunal de cada jurisdicción.

“Los controles de los dineros que salen de la compañía son muy estrictos; los bancos solo permiten hacer transacciones a través de las plataformas electrónicas dispuestas para tal efecto. No encontramos evidencia física o testimonial que llevara a concluir que lo dicho por el supuesto extrabajador es cierto. Esperamos tener la oportunidad de defendernos de tales afirmaciones, porque no tienen ningún grado de veracidad”, concluye la constructora, que también niega pagos ilegales a grupos subversivos.

Los señalamientos contra Hidalgo e Hidalgo

Aunque la eventual disputa penal entre Hidalgo e Hidalgo y Llivigañay en Colombia tiene su origen en el despido laboral de este trabajador, las preocupaciones de la constructora en la región son de mayor envergadura. La primera mención en un escándalo de corrupción en América Latina se dio en el año 2015 en Panamá, cuando un funcionario del gobierno de ese país admitió haber recibido un soborno de la compañía a cambio de un contrato para la construcción de un proyecto agropecuario en el valle de Tonosí, valorado en US$155 millones. El caso alcanzó ruido mediático y en Colombia las autoridades revisaron las actuaciones de la empresa sin encontrar nada irregular.

“El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de solicitar que se haga una investigación profunda antes de suscribir cualquier contrato en este evento”, dijo en esa época el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Por su parte, el entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, habló con la prensa y dio tranquilidad sobre las posibles salidas legales que tendría el Gobierno de Colombia, en el caso de que la firma ecuatoriana fuera declarada culpable en Panamá. Incluso, para saldar las dudas, elevó una consulta ante el Consejo de Estado.

El impacto reputacional fue tan alto, que incluso el Estado panameño terminó unilateralmente el contrato con la constructora, decisión que después fue anulada. Por eso Hidalgo e Hidalgo demandó a Panamá por los perjuicios ocasionados (US$70 millones) y aún está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva el caso. En el ámbito penal, la compañía no fue vinculada a la investigación, pero uno de sus directivos sí fue procesado, el ingeniero Marco Albán Crespo. “El proyecto del Distrito de Tonosí no se pudo ejecutar debido a que el Estado de Panamá tuvo inconvenientes con la compra de los predios que se requerían para su ejecución”, explicó la empresa a El Espectador.

En Perú las pesquisas contra Hidalgo e Hidalgo surgieron después de que Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en ese país, declarara la existencia de un supuesto cartel denominado el “Club de la construcción”, constituido por 17 empresas que presuntamente se coludieron para quedarse con la contratación estatal de la construcción. Entre ellas, según Barata, estaría la firma Construcción y Administración S. A. (CASA), cuyo socio mayoritario es la matriz ecuatoriana de Hidalgo e Hidalgo. Pese a esta investigación, la empresa ha seguido contratando con el Estado peruano y entre 2018 y 2019 le adjudicaron obras por US$137,7 millones.

En Ecuador la situación es más reciente. Las autoridades investigan el dinero que ingresó a las campañas electorales del Movimiento Oficialista Alianza País, al cual pertenece el expresidente Rafael Correa. Según reveló el portal Periodismo de Investigación, Pamela Martínez, exasesora del exmandatario, llevó el detalle de las donaciones que el partido recibió de empresas transnacionales y nacionales. Los datos quedaron consignados en un archivo de Excel, y en el aparece como donante Alberto Hidalgo, directivo de Hidalgo e Hidalgo y primo del actual ministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador, Aurelio Hidalgo. Otros nueve empresarios fueron vinculados al caso.

El portal Periodismo de Investigación asegura que los dineros de Hidalgo e Hidalgo ingresaron a las campañas electorales en 2013, 2014 y 2017, por aproximadamente US$3 millones, y que se habrían aportado a cambio de la concesión de obras de construcción. En diálogo con este diario, la empresa reiteró que no ha sido vinculada al proceso y que no existen evidencias que respalden esta hipótesis.

En contraste, en Colombia la carrera de Hidalgo e Hidalgo ha sido exitosa. Durante 10 años, la firma ha logrado quedarse con 12 contratos estatales, de los cuales siete ya han sido ejecutados por más de $700.000 millones y cinco están en ejecución y suman más de $900.000 millones. Entre las obras más significativas estuvieron la rehabilitación de una de las primeras vías de cuarta generación (4G), entre Zipaquirá (Cundinamarca) y Bucaramanga (Santander), y la construcción del corredor Santander de Quilichao-Popayán (Cauca).

Los contratos más recientes se concentran en la capital del país, donde Hidalgo e Hidalgo es una de las contratistas del esquema de aseo, a través de la sociedad Bogotá Limpia, y recoge basuras en Engativá y Barrios Unidos; y tiene a su cargo unas obras en la pista sur del aeropuerto El Dorado. Además, en el túnel de La Línea la empresa se quedó con el contrato del tramo Tolima 1 y se comprometió a construir cuatro puentes y seis túneles. Es decir, el historial de Hidalgo e Hidalgo como contratista en Colombia sigue creciendo. Fuentes cercanas a la compañía sostienen que ante una eventual investigación penal, seguramente se van a desestimar las acusaciones.