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El 15 de abril de 2021, la Fiscalía detuvo a 25 personas, a quienes sindicó de ser parte de una red para lavar dinero con exportación de oro extraído ilegalmente en Colombia. Uno de los capturados en la operación fue Said Kamle Bustos, hasta ese día conocido como un joven empresario e hijo del fundador de un tradicional almacén de telas de Cali. Según información judicial, Kamle ya tenía un proceso abierto por lavado de activos desde 2017. Hoy continúa detenido en una seccional de Investigación Criminal de Cali, en espera de que se adelante el juicio en su contra.¿Qué son los Pandora Papers?
Lea el informe completo de los Pandora Papers para Colombia aquí
Según la Fiscalía, la red delictiva compraba oro de extracción ilegal en diferentes partes de Colombia utilizando los nombres de personas fallecidas, privadas de la libertad o que simplemente no tenían relación con el negocio, para hacerlas pasar por barequeros certificados por la Agencia Nacional de Minería. Luego, según las pesquisas, habrían utilizado tres empresas -NTR Metals Colombia SAS, Precious Metals Investments SAS y NTR Metals Zona Franca SAS-, en las que Kamle fue representante legal o accionista, para legalizar el oro y enviarlo a Estados Unidos. (El negocio que unió a la vicepresidenta y la mintransporte con condenado en EE.UU.)
De esta manera, según las averiguaciones de la Fiscalía, se habrían lavado $5,8 billones, de los cuales $1,2 billones corresponderían a exportaciones ficticias. Según documentos de Pandora Papers, revelados por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y analizados en Colombia por la alianza periodística de El Espectador - Connectas, el empresario Said Kamle contaba con una estructura de empresas offshore constituidas justamente en los años en los que más activos reportaron sus empresas cuestionadas en Colombia. (Urbanismo para el mundo: Enrique Peñalosa en Pandora Papers)
La sociedad matriz de la estructura es Santorini Capital Foundation, una institución privada que fue constituida en Panamá en noviembre de 2015, con el fin de “sufragar los gastos de educación, crianza, preparación y asistencia, así como los de manutención en general u otros fines similares de uno o varios miembros de una o varias familias determinadas en el reglamento”. Además de los miembros de una o de varias familias, la fundación creada en Panamá podía beneficiar a otras personas naturales o jurídicas, o a instituciones de cualquier naturaleza.
Actualmente, la fundación se encuentra suspendida, pues la firma de abogados que actuaba como su agente residente, requisito para cualquier sociedad offshore, renunció en septiembre de 2017. Según la escritura de constitución de Santorini Capital, disponible en el registro público de Panamá, la sociedad Quantum Executive Corp. es miembro del Consejo de la fundación.
Los documentos de Pandora Papers muestran que esa firma Quantum fue constituida al tiempo que Santorini, pero en Belice, con el propósito de “ser parte de una estructura” e invertir en bienes raíces. Como beneficiario final apareció Said Kamle Bustos. Al igual que sucedió con Santorini, esta sociedad se quedó sin agente residente en 2017, tras la renuncia de OMC Group, la firma que según Pandora Papers gestionó las sociedades offshore de Kamle.
En el caso de Maroosh Corp., otra sociedad del andamiaje offshore de Kamle, la constitución no estuvo a cargo de OMC Group, sino de Mossack Fonseca. Fue creada en febrero de 2016, en Islas Vírgenes Británicas, también como “parte de una estructura”, pero para realizar inversiones en bienes raíces, tener cuenta bancaria y ser “tenedora de activos”, según muestra el formulario en el que Kamle solicitó el traslado de agente residente de Mossack Fonseca a OMC en marzo de 2016, un mes antes del escándalo de Panama Papers.
También en febrero de 2016 Kamle adquirió otra empresa en Islas Vírgenes Británicas, Oakhill Holdings Point. En un intercambio de correos de empleados de OMC quedó registrada la adquisición de esta empresa preconstituida o shelf company, como se conoce en el mundo offshore, por parte de Said Kamle. Igual se especifica que dos sociedades de Delaware estarán bajo control de Oakhill: Jumeirah Investments LLC y Mallorca Investments LLC, ambas registradas en abril de 2016 y actualmente canceladas por falta de pago de impuestos. Esta alianza periodística intentó contactar a Said Kamle, pero no obtuvo respuesta.
Mientras este creaba este andamiaje offshore, sus negocios florecieron en Colombia. Dos de las tres empresas mencionadas por la Fiscalía registraron importantes aumentos de activos entre 2015 y 2017. En 2014, NTR Metals Zona Franca SAS, actualmente en liquidación, registró activos por $287′291.731, según documentos de la Cámara de Comercio de Cali. En 2015 pasaron a ser $11.400′367.770 y en 2017 ascendieron a $51.282′698.000, un incremento de cerca del 500 % en dos años. Said Kamle figuró como representante legal desde su fundación, en 2013 hasta 2017.
A su vez, NTR Metals Zona Franca SAS fue constituida en julio de 2013 por dos accionistas: Precious Metals Investments, empresa señalada por la Fiscalía, con el 25 % de las acciones y representada por Said Kamle. La empresa NTR Metals South America LLC, del grupo empresarial estadounidense Elemetal LLC, apareció con el 75 %. La tercera empresa mencionada como parte del esquema de lavado fue NTR Metals Colombia SAS. Esta empresa, relacionada con Kamle, estuvo activa entre 2011 y 2015.
El empresario caleño constituyó Precious Metals Investments SAS en mayo de 2012 en Cali, en sociedad con Samer Hadi Barrage, británico nacionalizado en Estados Unidos. De 2015 a 2016, los activos de la empresa pasaron de $993 millones a $8.000 millones, un aumento del 710 %. En marzo de 2017, Samer Hadi Barrage fue detenido en Cali, por requerimiento de Estados Unidos. Según dijo el director del Gaula, general Fernando Murillo, el FBI estableció que Barrage buscaba financiación de grupos ilegales en la Costa Pacífica para coordinar el envío de oro y cocaína.
Según la acusación en Estados Unidos, Barrage y otros dos exempleados de la empresa NTR Metals Miami LLC, Juan Pablo Granda y Renato Rodríguez, compraban oro ilegal extraído en Perú, Ecuador y Bolivia, en alianza con narcotraficantes y otros criminales. Luego lo refinaban y lo vendían. De acuerdo con el FBI, esta empresa criminal llegó a realizar transacciones de hasta US$3.600 millones. Barrage y Granda fueron condenados a seis años de cárcel en enero de 2018.