Partners, un hoyo negro en la subasta del espectro

La principal apuesta del Gobierno para llevar internet y telefonía móvil a 3.658 localidades en áreas rurales está en veremos. El pasado 20 de diciembre se anunció, con bombos y platillos, que la subasta del espectro radioeléctrico había sido un éxito en el que se recaudaron más de $5 billones. Sin embargo, el inicio de 2020 ha sido caótico para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), luego de recibir una carta el pasado 2 de enero en la que Partners, el nuevo competidor que entra al mercado con su empresa WOM, se echó para atrás en la compra de uno de los bloques de 10 MHz en la banda de 2.500 MHz por el que ofertó $1,74 billones. Según la empresa, hubo un error de digitación.

Para los demás operadores, esta situación es una clara alteración del proceso de la subasta, en la que Telefónica (Movistar) se fue en blanco por considerar que los precios estaban muy elevados. El Mintic se pronunció el 8 de enero y anunció que debía verificar si ocurrió un error y si Partners puede renunciar al bloque que compró. El Gobierno explicó que esta situación no afecta las demás asignaciones, aunque reconoció que sí les llamó la atención que el fondo de inversión extranjero ofertara un valor 11 veces mayor al que pagó Claro por la misma cantidad de espectro. “Si se compara con los $770.535 millones que el Gobierno recaudó con la red 4G, sería casi siete veces este valor”, comunicó el Mintic.

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Tras un mes de absoluto silencio, la Procuraduría tomó una decisión: solicitar una medida preventiva al Mintic para suspender el otorgamiento de permisos de uso del espectro radioeléctrico, hasta que se aclare si existió un incumplimiento de Partners de la resolución 3078 de 2019 y de la cantidad de recursos que esperaba recaudar el Estado. El Ministerio Público pidió al Mintic aclarar dos puntos: si Partners violó la libre competencia al contratar como asesor durante la subasta a Juan Ignacio Crosta Blanco, que en 2015 fue contratado por el Estado para diseñar el proceso de selección, y cuánto fue lo que realmente esperaba recaudar en la subasta.

El proceso de este polémico negocio empezó el 5 de abril de 2019. Tras una invitación pública, ocho empresas manifestaron su interés. No era para menos: se trataba de un negocio para llevar la banda ancha móvil a más de 20 millones de colombianos que no tienen forma de estar conectados. En julio de 2019 se aprobó la ley que garantizó la subasta y el 9 de agosto de ese año se publicó el borrador de las condiciones. Hasta el 3 de septiembre se recibieron comentarios, que en su mayoría criticaron que no se revelara el valor de reserva —el precio mínimo de venta—, punto de inicio de la puja. Por esa razón se tuvo que declarar desierto el proceso, pues solo Claro se presentó a la subasta.

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El 8 de noviembre de 2019 Mintic fijó nuevas condiciones. Otra vez se recibieron comentarios y el 25 de noviembre se modificó nuevamente el proceso. Fuentes consultadas explicaron que, sin estar entre las solicitudes, Mintic habilitó “curiosamente la participación de fondos privados de inversión, con condiciones diferenciales, más flexibles en términos de requisitos de duración y acreditación de experiencia”. Cuatro días después, el 29 de noviembre, y tres antes de la presentación formal de participación, “se modificaron los requisitos de las sociedades no domiciliadas en Colombia, con lo cual se accedió a la solicitud de Partners de flexibilizar la constitución de una sociedad subsidiaria en Colombia”.

En pocas palabras, lo que buscó Partners fue solicitar al Mintic la posibilidad de que la sociedad en Colombia que debían constituir para operar el espectro pudiera ser una subsidiaria y no una filial o sucursal, pues supuestamente eso iba en contra de la libertad económica. Sin embargo, para otros interesados en el proceso de la subasta, flexibilizar este requisito le quitaba responsabilidades directas al grupo inversor (Partners) frente al cumplimiento de las obligaciones que adquiría al ganar la puja. En pocas palabras, Partners no tendría que responder ante el Estado si se llegase a presentar un problema con el cumplimiento del contrato.

La subasta tuvo lugar el 20 de diciembre de 2019, en un hotel de Bogotá. Los participantes estuvieron en salas separadas y nadie podía ingresar equipos, solo una memoria USB. Todo se hizo con los computadores que dispuso el Ministerio. Los ganadores fueron Claro, Tigo y Partners, que se quedaron con bandas claves del espectro para el desarrollo de la tecnología. Ese día, según el reporte oficial entregado por Certicámara —proveedor de la plataforma de la subasta— y el Mintic, el recaudo fue de $7,2 billones. Sin embargo, el Mintic y el mismo presidente Iván Duque dieron a conocer que la cifra recaudada fue algo más de $5 billones. Por eso la Procuraduría solicitó al Ministerio aclarar las cifras.

La diferencia fueron cerca de $1,7 billones que ofertó Partners por uno de los bloques. El 2 de enero de este año, casi 15 días después de la subasta, el grupo de inversión envió una comunicación al Mintic afirmando que esa suma fue producto de un error de cálculo. Sin embargo, en documentos y en la bitácora de la subasta no hubo mención de ese error o inconsistencia. Es más, la puja concluyó a las 11:41 de la mañana del 20 de diciembre, cuando Partners ofertó $1,6 billones. Esa misma suma tuvo un incremento porcentual que le hizo el sistema y fue aceptado por la firma extranjera. Al ser elegido ganador, Partners firmó el acta sin hacer ninguna corrección.

Según Partners, su posterior decisión de renunciar al bloque permite al Gobierno utilizarlo en futuras subastas. Pero para sus competidores, la oferta de $1,7 billones terminó afectando la transparencia de la puja, pues perjudicó la estrategia de participación de los demás operadores que se retiraron ante las elevadas sumas de dinero que estaban en juego. Además precisaron que, según las condiciones pactadas antes de la subasta, ninguno de los ganadores tenía derecho a renunciar, desistir o no cumplir con la oferta que fue presentada. Fuentes consultadas indicaron que, más que un error, se trató de una estrategia de competencia desleal.

El sistema de la subasta contaba con filtros de doble chequeo y los valores ofertados tenían separadores de mil que permitían identificar las magnitudes de los números. Además, todos los operadores tuvieron oportunidad de participar en dos sesiones de simulación para revisar y conocer el sistema, y en los certificados de asistencia consta que los delegados de Partners hicieron presencia. Por esa razón, algunos competidores no creen que se trate de un error, por lo que solicitaron que Mintic le quitara la totalidad del espectro adjudicado. Otra de las alertas es que, durante el período de consultas, Partners preguntó por las consecuencias de incumplir o retirar una oferta ganadora.

La última en prender las alarmas fue la Procuraduría, que adelanta una investigación disciplinaria contra Jorge Guillermo Barrera Medina, director de Industria de Comunicaciones del Ministerio, por las presuntas inconsistencias en la selección de Partners. En medio de la investigación encontraron un contrato entre el Mintic y Bluenote Management Consulting Colombia S.A.S., firmado en 2015, para una asesoría de orientación de la subasta. Ese estudio fue una de las bases para el diseño final de la puja y tuvo una cláusula de confidencialidad. La preocupación de Ministerio Público es que el representante legal de la sociedad era Juan Ignacio Crosta, asesor de Partners durante la subasta.

La Procuraduría está a la espera de las respuestas del Mintic. Desde el Congreso ya se han escuchado voces que piden explicaciones al Gobierno sobre las consecuencias de la renuncia de Partners. Los otros operadores están a la espera de saber qué sucederá con los bloques que ganó en la puja. En el Mintic reina el silencio, mientras definen el futuro de la subasta. Lo que se ha manifestado públicamente es que hay seguridad de que se trató de un proceso transparente, con reglas de juego claras, que dejó grandes réditos al país y que está blindado ante cualquier posibilidad de incumplimiento. Las respuestas al problema urgen, pues está en juego la conectividad de más de 20 millones de colombianos.