Este año, Marcela Posada tuvo un fugaz paso por la arena política al lanzarse como candidata al Senado por el Partido Liberal. Con apenas 2.063 votos resultó en el pabellón de los ‘quemados’. Como lo anunciaba ella misma en el video de la presentación de su campaña, la mayoría de colombianos la conocen sólo por su faceta como actriz, como la memorable ‘jirafa’ de Betty la fea, y desde que se lanzó al Congreso, Posada anunció que era madre soltera y que su propósito era facilitar la vida de esas mujeres que tienen que criar solas a sus hijos, con propuestas como poner guarderías en las empresas. Fue esa causa que ella escogió para abanderar la que llevó a que se presentara una denuncia en contra de la colectividad política que respaldó su candidatura.
María Cataño Lopera es sicóloga, es licenciada en educación preescolar y es la persona que, en febrero pasado, presentó una denuncia en la Fiscalía contra el Partido Liberal por cuenta de la propuesta de Posada. Cataño asegura que duró desde 1996 hasta 2004 desarrollando el proyecto “Atención Integral a la primera infancia para hijos e hijas de estudiantes y empleados de las universidades y/o entidades públicas de municipios y departamentos de Colombia” y que en 2011 lo llevó al Ministerio del Interior para registrarlo como obra inédita, lo cual sucedió el 23 de junio de ese mismo año y así quedó consignado en el libro 10, tomo 290, partida 193.
Por esa razón, Cataño sostiene que lo que la actriz Marcela Posada hizo fue apropiarse de un proyecto ajeno. Así las cosas, desde el pasado 7 de marzo, a través del Centro de Conciliación y Arbitraje Fernando Hinestrosa —una unidad del Ministerio del Interior—, está solicitando una audiencia de conciliación con el Partido Liberal por utilización de obra ajena. Cataño, de hecho, antes de empezar este proceso llamó a la Dirección del partido buscando hablar con el jefe de éste, Simón Gaviria. Según el recuento de hechos realizado por la propia Cataño, al comunicarse con una gerente de campaña quien, esta, posiblemente perpleja ante el reclamo de Cataño, le respondió que ese proyecto no podía ser suyo porque se estaba desarrollando ya en otros países, agregó que estaba ocupada y colgó.
Marcela Posada se sostiene: ella quiere ver que las guarderías sean una realidad en Colombia. En diálogo con este diario, la actriz señaló que cuando estaba en campaña empezó a ser insultada por Twitter en relación con la autoría de la idea de las guarderías y que, suponía, los insultos venían de María Cataño. “Me hubiera gustado hablar con ella, si ha trabajado en este tema seguro lo ha hecho por el bien de los niños. Pero es que no estamos descubriendo el agua tibia. Guarderías existen en Europa, en Canadá. Yo me metí en este tema por mi hija, que quedó embarazada a los 17 años. Esto no es para que una persona o un partido ganen protagonismo, se trata de que las mujeres puedan seguir con su vida y reciban apoyo para que no tengan que abortar”.
Cataño está en conversaciones con un bufete de abogados de Bogotá que conoce del tema de derechos de autor, en busca de asesoría para manejar este asunto con el Partido Liberal. Ella asegura tajantemente que tiene derechos exclusivos sobre la propuesta de establecer guarderías en instituciones de educación superior para niños menores de cinco años, con el fin de evitar que sus padres, los estudiantes, abandonen su formación profesional, y señala que la actriz, en medio de su campaña al Senado, “estaba hablando de mi proyecto”. Pero no son sólo Posada y el Partido Liberal los que tienen que lidiar con esta disputa. La Alcaldía de Medellín va por el mismo camino.
Hoy, el Tribunal Administrativo de Medellín estudia qué hacer con la demanda que presentó Cataño y que fue admitida el pasado 22 de enero. En esa demanda se asegura, palabras más palabras menos, que la Alcaldía de su ciudad puso a marchar un proyecto con base en una idea robada: se trata del Aula Pedagógica Infantil del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), que empezó a funcionar en 2012 y que, según la resolución con que se creó, “tiene como objetivo principal la atención y cuidado de niños y niñas menores de cinco años, hijos de padres y madres matriculados en algún programa académico del ITM y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como apoyo a la permanencia y culminación de su proceso formativo en la institución”.
En el documento, Cataño acusa a varios funcionarios de la Alcaldía de Medellín de haber actuado “de mala fe” plagiando su trabajo, el cual, dice ella, se lo dio a conocer a algunas personas vinculadas a la Secretaría de Educación el mismo año en que lo registró. Cataño asevera que se reunió con al menos tres funcionarios de ese despacho, quienes le habrían manifestado que su proyecto era “muy importante y novedoso”, le habrían aconsejado conseguirle un “padrino político” por si la tendencia en la Alcaldía era otra después de las elecciones de octubre de 2011 y le habrían pedido que se los enviara por internet para hacerle unos ajustes y darle el impulso final.
Otra cosa, sin embargo, dicen en la Secretaría de Educación de Medellín. Funcionarios que conocen del caso le dijeron a este diario que, en efecto, las reuniones tuvieron lugar, que María Cataño fue escuchada —“así como se escucha aquí a todas las personas que vienen a exponer sus ideas”, dijo uno de ellos— y que, al final, le explicaron que la Secretaría sólo contrataba con las entidades o proyectos habilitados a través del Banco de Oferentes, por lo que la invitaron a esperar a la siguiente convocatoria. Niegan rotundamente haberle pedido el proyecto para modificarlo o sugerido que consiguiera un “padrino político”. Y prefieren que se omita su nombre porque el proceso está vigente y no quieren torpedearlo.
El pasado 25 de marzo, el Centro de Conciliación y Arbitraje Fernando Hinestrosa le respondió a María Cataño que no podía adelantar su solicitud de conciliación porque algunos de los requerimientos se salían de su competencia, como pedirle a la actriz Marcela Posada que se retracte o hacer del proyecto una “política pública”. Le indicaron que podía recurrir a un centro de conciliación privada o limitarse a pedir una indemnización por perjuicios, sobra lo que el Centro Fernando Hinestrosa “sí es competente”. Con abogados, Cataño analiza qué hacer al respecto. El Tribunal Administrativo de Medellín, por su parte, sí tasó lo que considera son los perjuicios materiales y morales que le han causado: $864’538.796.
Algunas personas en la Alcaldía de Medellín no están nada contentas con este asunto. Piensan que Cataño no es más que una oportunista. Marcela Posada expresó que no conocía de la denuncia ni de la solicitud de conciliación, y agregó que justo la próxima semana se reunirá con el secretario del Partido Liberal, Héctor Espinosa, porque mantiene su interés en que se promueva el proyecto de ley de las guarderías y quiere que una senadora como Viviane Morales lo lidere. La reunión, aclaró la actriz, no tiene que ver con el tema María Cataño y cree que Espinosa tampoco tiene conocimiento de la denuncia. Cataño se defiende y reitera que sus acciones tienen un solo propósito: que se respete un trabajo en el que ha invertido esfuerzo y energía desde hace 18 años.
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