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Ante el Consejo de Estado, el procurador Jorge Alberto González Vásquez radicó una tutela contra la Fiscalía con el objetivo de que se pronuncie de fondo sobre la petición del Ministerio Público dada desde julio de 2013: declarar el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado como crimen de lesa humanidad. En un documento de 7 páginas, conocido por El Espectador, el procurador González Vásquez señaló que se vio forzado a interponer esta tutela porque no ha habido justicia real, pronta o cumplida en este caso y porque la inacción de la Fiscalía ha vulnerado los derechos de las víctimas al debido proceso, la verdad, la justicia y la reparación.
En la tutela se advierte que el asesinato de Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995, “se produjo dentro de un contexto de agresión mortal, sistemática y generalizada de poderosas bandas de delincuentes con intereses narcoparamilitares, y con el fin de que se aboliera la extradición a los Estados Unidos que amenazaba a varios de sus miembros, en contra de connotados personajes de la vida política nacional”. Según el representante del Ministerio Público, entre estos líderes del país estaba Álvaro Gómez Hurtado, un hombre al que definió como político con reconocimiento internacional, con convicciones éticas “y ausencia de tachas personales, brillante intelectual y polemista”, que siempre procuró “la restauración moral de la República”.
En ese contexto, advirtió González Vásquez, el jefe conservador “propugnaba el término del régimen gubernamental de turno, visto como un botín de aquellos malhechores”. Aunque no lo nombra directamente, se refiere al cuestionado gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, en su momento duramente fustigado por Gómez Hurtado por la infiltración del narcotráfico en su campaña política. En la tutela aseguró que Gómez Hurtado era “una de las barreras morales más importantes de la vida nacional auténtica en contra de la creciente influencia del narcotráfico en los ámbitos de la política, la economía y la cultura”.
Por eso, el procurador González Vásquez enfatizó en que fue un interés común de los violentos segar la vida de Gómez Hurtado, por lo cual su crimen no fue un hecho aislado sino que se inscribió dentro de una serie de homicidios selectivos de personalidades públicas meritorias y “fueron acompañados de ataques indiscriminados contra la población civil y del poder corruptor mal habido, con el fin de aterrorizar y quebrantar la resistencia ética del pueblo colombiano”. De esta manera, el procurador sostuvo que está demostrado en el expediente que el magnicidio se planeó meticulosamente por un numeroso grupo de individuos, con gran despliegue estratégico de medios y armas de alto poder.
En la tutela agregó que después de más de 18 años de dilación procesal, escasos resultados investigativos y erráticos desvíos de los caminos de la verdad, el proceso está ad portas de prescribir y con tan sólo una condena: la del autor material del crimen Héctor Paúl Flórez, sentenciado a 40 años en diciembre de 2001. Para la Procuraduría es inadmisible que después de tanto tiempo no existan responsables por este hecho. Por eso recordó la cadena de yerros en las pesquisas por este caso. Por ejemplo, que varios de los investigados terminaron absueltos como Manuel Montero, Gustavo Adolfo Jaramillo, Miguel Ángel Díaz y el coronel (r) del Ejército Bernardo Ruiz Silva. Lo que demostró una pésima línea investigativa.
Aunque en un principio la tesis que se manejó, según tres testigos, era que detrás del magnicidio se encontraba un grupo de inteligencia del Ejército denominado Cazador, del que Ruiz Silva era su jefe; posteriormente los testigos se retractaron y el coronel fue absuelto en 2001. Meses más tarde, la Fiscalía precluyó la investigación en favor de otros sospechosos como Mary Luz Cuadros, Andrés Mediorreal y Héctor Berrío. En este escenario concluyó el procurador que el crimen de Gómez Hurtado continúa en la absoluta impunidad. Con algo más grave, y es que desde julio de 2013 la Procuraduría solicitó su declaratoria como delito de lesa humanidad, con el objetivo de que no prescriba esta investigación.
No obstante, hasta el día de hoy la Fiscalía no ha dicho absolutamente nada sobre esta petición y el tiempo se acaba. Si antes del 2 de noviembre de 2015 no se declara esta figura jurídica los responsables del magnicidio no podrán ser investigados. Lo difícil de este caso es que se ha avanzado realmente muy poco para descubrir a los autores intelectuales. Aunque ha habido versiones en torno a un posible crimen de Estado, esa tesis no ha sido aún documentada como corresponde. El procurador González Vásquez resaltó que varios personajes del mundo criminal han mostrado su arrepentimiento por “tan execrable delito y han manifestado su intención de aportar información que permita el esclarecimiento de los hechos”.
A pesar de esta radiografía de impunidad, “la Fiscalía ha guardado inexplicable silencio” respecto de la petición de la Procuraduría. Nuevamente se enfrentan el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre. Esta vez el telón de fondo es la impunidad en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.
nquevedo@elespectador.com
@norbeyquevedo