Por: Mauricio Rubio

JEP para todos los bandos

Siempre fue claro que la JEP les permitiría a las Farc evadir sanciones penales. Lo mismo está pasando con militares y parapolíticos. Quedarían faltando el narcotráfico y la delincuencia común.

El mayor retirado Gustavo Soto reveló ante la JEP detalles escalofriantes sobre los falsos positivos, con graves acusaciones contra Mario Montoya, excomandante del ejército. Soto pasó once años detenido, hasta cuando acudió a esa peculiar justicia restaurativa que le permitió recuperar su libertad.

Montoya, quien según Soto exigió cuotas de muertos en reuniones con comandantes militares, se presentó a la JEP en octubre pasado. De esa audiencia se salió indignada la madre de un joven asesinado porque no se le estaba dando “prioridad a la víctima, sino al perpetrador… solo se escucha al general”. También abandonaron la sala varios representantes de víctimas alegando falta de garantías. “Ha sido una falta de respeto”.

El presunto máximo responsable de un crimen estatal que, con los Pepes, lidera la escala de la infamia, insistió en su inocencia, no reconoció víctimas de los falsos positivos y pidió no incluirlas dentro del proceso. La audiencia se suspendió para resolver su solicitud. Varias organizaciones se quejaron. Consideraron la audiencia “una abierta vulneración al principio de centralidad de las víctimas". Además, señalaron que ante los reclamos “la Sala impidió el uso de la palabra y rechazó las peticiones presentadas”.

Como profano en justicia transicional y restaurativa, crítico de la JEP por la generosidad con las Farc, mi inquietud fue simple: ¿qué le pasará al exgeneral tras las graves acusaciones de Soto? La opacidad y desorden de este engendro institucional no ayudan a responder preguntas elementales. Recurrí a quienes creí tenían buen conocimiento y quedé sorprendido por sus dudas y silencios. Según la sección especializada de El Tiempo, uno de los riesgos de Montoya es “afrontar un juicio adversarial en el Tribunal para la Paz”, parte de la JEP. La acusación dependería de la Unidad de Investigación y Acusación, también endógena, que presentaría “todas las pruebas que lo incriminen”. Obviamente, “la defensa del general podrá controvertir esos elementos probatorios” y también pedir pruebas para sustentar su inocencia. Si ante la evidencia el sospechoso teme ser vencido en el juicio “podrá evaluar si admite responsabilidad”. En tal caso no tendrá pena alternativa, sino “privación de la libertad entre 5 y 8 años”. O sea que, en el peor escenario para él, con varias condiciones improbables, el general recibiría una sanción bien inferior a la que estaba pagando quien lo acusa.

Cerca de dos mil militares y policías se han acogido a la JEP para el mismo caso de los falsos positivos, muchos de ellos ya condenados por la justicia ordinaria, incluyendo a Rito Alejo del Río, con pena de 25 años y Jairo Humberto Uscátegui con 37.

Una de las personas que consulté para indagar sobre el futuro de Montoya ha asesorado a las FF.AA. Anotó que “nos demoramos casi un año para convencerlo de que se presentara en la JEP”. Buscan “que se convierta en el líder político del proceso. Si va a llover mierda que sea él quien lidere la protección de nuestro Ejército Nacional”.

Años antes de que se volviera dogma que la justicia restaurativa es sustituto idóneo de la penal, Verdad Abierta publicó testimonios sobre los falsos positivos. Concluía que “un centenar de familias lucha para que las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no queden sin castigo”. En buen romance, no les basta con que se sepa la verdad, como a la Rosa Blanca.

Tatiana Acevedo recuerda que la JEP aceptó el sometimiento del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, “quien cumple una pena de 27 años de cárcel por ordenar el asesinato del asesor jurídico de la Alcaldía en 2003” y “gozaba de excelentes relaciones con los bloques paramilitares que operaban en la región”.

La jauría de curtidos lobos rindiendo cuentas ante ovejas primíparas, con víctimas quejándose, no sólo conmueve, también inquieta. Hace inevitable preguntarse qué pensarán quienes no tienen acceso a la JEP: mulas, lavadores, contrabandistas, proxenetas, narcotraficantes sin muertos encima, capos benefactores, atracadores, fleteros, raponeros o expandilleros empapelados por delitos menores. A la rabia y la guerra de Pablo Escobar contra el Estado contribuyó el tratamiento especial con la guerrilla. Pazología parcializada y perdón discriminatorio son insostenibles por injustos. El sacrosanto principio de igualdad ante la ley impone considerar una alternativa factible, de menor costo y polarización: si hacen pública su historia, amnistía e indulto para todos y todas.

A propósito, buscando infructuosamente archivos de las audiencias encontré en jep.gov.co un "Formato de información de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF)". Además de sexo, grupo étnico y orientación sexual, preguntan género, que incluye la categoría “cognitiva”. Mi desconcierto con esa justicia tan chévere tocó techo. Simplemente sugeriría agregarle a la sigla la A de Agradecimientos por los favores recibidos.

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