A juicio disciplinario directores de Comfacor por cartel del Sida en Córdoba

Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, directores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), fueron llamados a juicio disciplinario por la Procuraduría por supuestos usos indebidos de recursos públicos destinados a la atención de pacientes con VIH/SIDA del régimen subsidiado del departamento. (Le sugerimos: Procuraduría tras el cartel del Sida en Córdoba)

El Ministerio Público cuestiona que Comfacor haya pagado supuestos sobrecostos por más de $12.000 millones por complicaciones asociadas a este diagnóstico. Los dos funcionarios habrían pagado facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos y cancelaron a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) cuentas de usuarios cuyas cédulas no aparecían en la Registraduría Nacional.

Hoyos, quien se desempeñó como director administrativo entre el 18 de marzo de 2005 y el 9 de marzo de 2017, y Márquez, quien ocupó el cargo desde el 9 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2017, habrían vulnerado el principio de moralidad y desconocieron el de economía al haber permitido, al parecer, que los recursos del departamento. (Lea también: Estigmatización e ignorancia, los retos pendientes en el VIH/Sida)

El grupo élite anticorrupción del Ministerio Público remitió otros hallazgos relacionados con el aumento significativo de pacientes con VIH a la delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, con el fin de que determine si también harían parte de un cartel para saquear recursos de la salud entre IPS y Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La dirección de la caja de compensación y el control del gasto, de acuerdo con la Procuraduría, eran funciones del representante legal, responsable de que los recursos sean ejecutados correctamente. De manera provisional, el Ministerio Público calificó las presuntas faltas de estas dos personas como gravísimas con culpa gravísima por la desatención elemental. (Le podría interesar: Científicos dan un paso alentador hacia una vacuna contra el VIH)

Ante estas irregularidades en la facturación y atención, la Procuraduría compulsará copias a la Fiscalía para que investigue la forma en cómo se administró y se vigiló los recursos de la salud. Asimismo, remitirá a la Contraloría General el avance de la investigación disciplinaria, para que sea incluido en el proceso fiscal que se adelanta por estos hechos.

Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, directores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), fueron llamados a juicio disciplinario por la Procuraduría por supuestos usos indebidos de recursos públicos destinados a la atención de pacientes con VIH/SIDA del régimen subsidiado del departamento. (Le sugerimos: Procuraduría tras el cartel del Sida en Córdoba)

El Ministerio Público cuestiona que Comfacor haya pagado supuestos sobrecostos por más de $12.000 millones por complicaciones asociadas a este diagnóstico. Los dos funcionarios habrían pagado facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos y cancelaron a Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) cuentas de usuarios cuyas cédulas no aparecían en la Registraduría Nacional.

Hoyos, quien se desempeñó como director administrativo entre el 18 de marzo de 2005 y el 9 de marzo de 2017, y Márquez, quien ocupó el cargo desde el 9 de marzo hasta el 13 de septiembre de 2017, habrían vulnerado el principio de moralidad y desconocieron el de economía al haber permitido, al parecer, que los recursos del departamento. (Lea también: Estigmatización e ignorancia, los retos pendientes en el VIH/Sida)

El grupo élite anticorrupción del Ministerio Público remitió otros hallazgos relacionados con el aumento significativo de pacientes con VIH a la delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, con el fin de que determine si también harían parte de un cartel para saquear recursos de la salud entre IPS y Entidades Promotoras de Salud (EPS).

La dirección de la caja de compensación y el control del gasto, de acuerdo con la Procuraduría, eran funciones del representante legal, responsable de que los recursos sean ejecutados correctamente. De manera provisional, el Ministerio Público calificó las presuntas faltas de estas dos personas como gravísimas con culpa gravísima por la desatención elemental. (Le podría interesar: Científicos dan un paso alentador hacia una vacuna contra el VIH)

Ante estas irregularidades en la facturación y atención, la Procuraduría compulsará copias a la Fiscalía para que investigue la forma en cómo se administró y se vigiló los recursos de la salud. Asimismo, remitirá a la Contraloría General el avance de la investigación disciplinaria, para que sea incluido en el proceso fiscal que se adelanta por estos hechos.