12 Jun 2020 - 8:03 p. m.

A juicio disciplinario el general (r) Jorge Romero, excomandante de la IV Brigada

La Procuraduría asegura, por ejemplo, que el alto oficial se excedió en sus funciones al adjudicarse a sí mismo la potestad de otorgar salvoconductos para armas de fuego, labor que le correspondía a otra dependencia de la unidad militar.
El general (r) Jorge Horacio Romero es señalado de liderar una red de corrupción en la IV Brigada.
El general (r) Jorge Horacio Romero es señalado de liderar una red de corrupción en la IV Brigada.

Casi un año después de que la revista Semana denunciara en la investigación “Las ovejas negras” graves hechos de corrupción en el Ejército, este viernes llegó una de las primeras decisiones judiciales contra uno de los implicados: el general en retiro, Jorge Horacio Romero irá a juicio disciplinario. Así lo anunció la Procuraduría, ente de control que halló posibles irregularidades en el suministro de combustible de la Cuarta Brigada, unidad militar en Medellín que dirigió Romero, así como en la expedición de permisos de tenencia de armas.

(Lea también: Audios revelarían que general (r) Romero obstruyó investigaciones por red de corrupción)

Según dijo la revista Semana hacia finales de junio del año pasado, un empresario, un militar y un civil denunciaron al general (r) Romero ante Procuraduría y Fiscalía por malos manejos de recursos del Estado (se habla de más de $1.000 millones) mientras fue comandante de la IV Brigada. Por ejemplo, el empresario declaró que Romero, entre 2015 y 2017, empezó a pedirles dinero a cambio de aprobarles las licencias para portar armas. Presuntamente exigía $11 millones por cada salvoconducto.

De hecho, ese es uno de los cargos por los que la Procuraduría hoy decidió llamar a juicio al alto oficial retirado. El Ministerio Público encontró una posible “extralimitación de funciones” del general (r), porque, al parecer, Romero se autorizó a sí mismo “el estudio de los documentos para la expedición de permisos de tenencia y porte de armas, así como la revalidación de ellos, con el supuesto fin de definir a quiénes le negaba o expedía los salvoconductos, función que le correspondía al Departamento Control Comercio de Armas, Municipios y Explosivos y al jefe de Estado Mayor”.

(Lea también: Retiran del Ejército al general Jorge Romero por denuncias de corrupción)

Asimismo, el ente de control advirtió posibles malos manejos en el combustible que compraba esta base militar para garantizar la movilidad de todos sus vehículos. Entre febrero y mayo de 2016, al parecer, “existieron consumos exagerados que no correspondían con los kilómetros recorridos; se depositaba en canecas y no en los vehículos a los que se relacionaba el cobro, e incluso se cargaba su uso a aquellos cuyos recorridos eran mínimos o nulos”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Además, reprochó que, en su concepto, Romero sabía de estos abusos con el combustible y no impidió que siguiera ocurriendo. De hecho, la Procuraduría juzgará disciplinariamente al alto oficial por omitir denunciar formalmente “el apoderamiento ilegal del combustible durante el periodo en que se desempeñó como jefe máximo de esa unidad militar”. Y es que para el ente de control todo indica que el entonces comandante de la IV brigada pudo evitar una afectación del patrimonio público, pero en su lugar minó la confianza de sus subalternos.

(Vea: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)

Por otras irregularidades en esta misma unidad militar, la Fiscalía ya está procesando al general (r) Romero. Desde agosto del año pasado, el ente investigador lo capturó y aseguró que que el oficial retirado habría sido la cabeza de una red de corrupción que favoreció a contratistas para otorgarles millonarios contratos a cambio de coimas. De acuerdo con lo que reveló en su momento el fiscal del caso, los pliegos eran ajustados al perfil del proponente y este pagaba sumas que equivalían al 10% del valor del contrato otorgado. Cerca de 26 contratos habrían sido entregados irregularmente bajo esta modalidad.

Para el ente acusador, el oficia, que fue retirado en julio, tras estallar el escándalo, no solo hacía parte de la empresa criminal, sino que habría sido su gran arquitecto, ya que pidió que fueran trasladados a la IV Brigada los uniformados vinculados a este escándalo de corrupción. Así mismo, habría hecho las veces de protector de sus hombres ya que no investigó la red de sobornos, por ejemplo, dando orden a oficiales de contrainteligencia de no investigar las presuntas anomalías en la contratación de la Brigada a su cargo.

Comparte: