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El escándalo por las denuncias sobre interceptaciones irregulares realizadas desde la Fiscalía General sigue creciendo. Luego de que el fin de semana pasado el periodista Daniel Coronell revelara que los teléfonos de personas que tuvieron que ver con las negociaciones de paz en La Habana con las Farc habrían sido chuzados desde las salas especializadas del ente investigador, nuevos reportes hablan de que lo mismo habría sucedido con los abogados involucrados en casos importantes como el de Carlos Mattos y Odebrecht.
Así lo indicaron dos exfuncionarios de la Fiscalía General, procesados también por chuzadas, en un documento enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz y que fue publicado por la revista Semana. Se trata de Fabio Martínez Lugo, detenido en mayo pasado; y de Luis Carlos Gómez Góngora quien fue condenado a ocho años de prisión este año. Según la publicación, las chuzadas realizadas como supuestas órdenes legales de interceptaciones desde las salas Oro, Granate y Diamante se hicieron con “pleno respaldo y conocimiento” del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.
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Estos procedimientos se habrían hecho a Alex Vernot, abogado del empresario Carlos Mattos; al propio Carlos Mattos; al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade; al exvicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; al exdirector del CTI, Julián Quintana; a Jorge Enrique Ibáñez, presidente del tribunal de arbitramento que declaró nulo el contrato de la Ruta del Sol 2, entre otros; y, supuestamente, hasta con órdenes verbales del fiscal Daniel Hernández, según resalta la publicación. Además, habrían incluido seguimientos ilegales.
El documento dice que la orden de interceptación la daba el fiscal Hernández y que el análisis de estas líneas las hacía el analista del CTI Roberto Carlos Montenegro, quien habría sido nombrado en ese cargo por el director del CTI, general (r) Luis Alberto Pérez Alvarán. “Para la verificación, control y seguimiento de las informaciones obtenidas en las interceptaciones ilegales los fiscales cuentan con un grupo especial denominado GIE-CTI, conformado en su mayoría por personal del ex DAS, al mando del director del CTI, Pérez Alvarán", agrega el documento.
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Este diario consultó a las personas señaladas por la publicación, quiénes se mostraron escandalizados por las supuestas interceptaciones. Por ejemplo, Jesús Albeiro Yepes, abogado de Luis Fernando Andrade y de Alex Vernot (acusado de ofrecer sobornos para favorecer a Mattos), aseguró que desde el comienzo el proceso de Andrade fue víctima de hostigamientos, provocaciones y arbitrariedades. “Sospechábamos que estábamos interceptados ilegalmente de parte de la Fiscalía y por la fuente de la cual proviene, no me queda duda que la Fiscalía ha sido utilizada ilegal y brutalmente para defensa y protección de los intereses del fiscal general y sus clientes”, dijo.
Según Yepes, las denuncias deben implicar que casos sensibles como la muerte del excontroller de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano y su hijo deben ser investigadas nuevamente. “Creo que esto demuestra los niveles de degradación a los que fue llevada la Fiscalía ¿Quién va a tomar control sobre esto? ¿Quién puede garantizar que la Fiscalía haga bien sus cosas? No hay ningún tipo de garantías”, señaló. Mildred Hartmann, abogada del empresario Carlos Mattos (en juicio por el caso Hyundai), indicó que en su caso también hubo acoso.
“Estoy casi segura de que el objeto de interceptar ilegalmente a los abogados de la contraparte es anticiparse a la estrategia (de defensa) y eso es trampa. Hubo un día en el que nosotros nos dimos cuenta de que la Fiscalía sabía qué íbamos a solicitar en la audiencia. Nos lo dijeron y siempre me pregunté cómo se habían enterado”, relató Hartmann. La jurista indicó que analizaran la información existente para determinar qué acciones legales se pueden tomar, ya que interceptar a los procesos cuando hablan con sus abogados es una vulneración a sus derechos.
“Es un abuso de los fiscales. Yo querría que la Fiscalía tome unos correctivos para que no siga haciendo eso más allá del caso puntual. Lo importante es que la Fiscalía cumpla la ley y se tomen medidas para que no vuelva a suceder”, precisó. La abogada Hartmann agregó que si bien no tiene evidencia de que la hayan chuzado ilegalmente “sí hubo acoso. Recibí una llamada del bunker (de la Fiscalía), cuando la persona no se identificó yo colgué, y lo que siguió fue un mensaje diciendo que me iban a capturar”.
El exdirector del CTI, Julián Quintana, quien ahora es abogado en múltiples casos, señaló que buscará hacerse parte de este proceso como víctima. “Espero que se aclare lo más pronto posible, que estos fiscales sean retirados de los cargos o suspendidos provisionalmente mientras tanto porque si no, no van a avanzar (las indagaciones)”, dijo. También recordó que, en su red social de Twitter, ya había denunciado hace un año seguimientos ilegales a él y a su esposa con fotografías.
“No sé por cuál de los casos me tenían interceptado, porque todos eran de interés de la Fiscalía. A mí a veces me llamaban a interrogatorios y yo no tenía nada que ver, pero hacían todo el show y seguramente lo hacían para ver si yo me comprometía”, señaló. A su turno, el exvicefiscal general, Jorge Perdomo, dijo a El Espectador que había rumores sobre estas chuzadas, por lo cual pasó a la Fiscalía una carta preguntando si había sido objeto de algún tipo de interceptaciones, ante lo cual recibió una respuesta negativa. “Estoy analizando qué voy a realizar”, dijo.
Sobre todos estos hechos, el exfiscal Néstor Humberto Martínez ha negado tener relación alguna. En un comunicado fechado el pasado 24 de noviembre, el exfuncionario asegura que existe “un plan criminal” que estaría orquestado por un grupo de personas investigadas y judicializadas durante su gestión utilizando falsos testimonios. “Las pruebas revelan de que en las mismas cárceles se contactaba a exfuncionarios de la Fiscalía presos por corrupción, para que a través de falsos testimonios involucraran en actividades ilícitas al propio fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, a manera de retaliación por las investigaciones adelantadas”, dice el comunicado.
“Ante el grave peligro de ser víctima fatal de un montaje, solicito a la Fiscalía que concluya lo más pronto posible las investigaciones que se basan en pruebas acopiadas cobre el plan de involucrarme en actividades ilícitas, a través de falsos testimonios. Ojalá las evidencias y grabaciones acumuladas en esta indagación se den a la publicidad, para que se conozca los actores que sirven de determinadores y financiadores de este concierto para delinquir”, agrega el comunicado.
Martínez además niega habaer tenido relación con supuestas interceptaciones a los negociadores de paz y asegura que no ha tenido relación alguna con las supuestas interceptaciones a los negociadores de paz y niega haber escuchado alguna vez comunicaciones grabadas de esta manera. “Nunca he oído una conversación de los facilitadores y negociadores del proceso de paz. El general Pérez (director del CTI) podrá corroborar que tal versión es completamente falsa, porque NUNCA recibí nada de el en estas materias”.
Nota de la editora: esta noticia se actualizó con la defensa del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira a los señalamientos que lo involucran en estos supuestos hechos irregulares.