Según Hermann Garrido, abogado detrás de la acción popular, el hecho que la compañía cese sus operaciones podría afectar el patrimonio público, “porque se dejarán de percibir millonarios recursos por IVA y demás impuestos que Uber viene tributando, los cuales no se podrán recuperar de ninguna manera”.
Asimismo, se verían afectados los cerca de “90.000 conductores y sus familias que derivan su sustento de prestar el servicio de transporte a través de Uber”. Por último, el demandante asegura que se privará a los consumidores de elegir qué servicio de transporte prefieren.
Por El Espectador
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