10 Aug 2021 - 5:19 p. m.

Al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las Farc entre 1996-2016: JEP

Entre 1996 y 2016, periodo priorizado por la JEP, la extinta guerrilla habría utilizado y reclutado “sistemáticamente” a menores y mayores de 15 años. El Bloque Oriental, con injerencia en Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés concentra el 50% de los casos.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó, de manera preliminar, que al menos 18.677 niños y niñas fueron víctimas reclutamiento y utilización en el conflicto armado por parte de la extinta guerrilla de las Farc. La Sala de Reconocimiento de la justicia especial, encontró, además, que la mayoría de las víctimas fueron sometidos, además del reclutamiento, a crímenes como: violencia sexual o de género, desaparición forzada, homicidios, tortura y tratos inhumanos.

La cifra de 18.677 corresponde al periodo de entre 1996 y 2016, explicó la magistrada instructora del caso, Lily Rueda. La Sala de Reconocimiento escogió este periodo porque pudo identificar cuatro picos de reclutamiento de niños y niñas: uno que comienza a crecer en 1997 hasta su máximo punto en el 2000; un segundo pico en el 2002, un tercer pico en el 2007 y un cuarto pico en el 2013. Según Rueda, se trata de “la mejor cifra, la más concreta que se puede hacer en este momento, de víctimas reclutamiento por parte de las Farc-EP”.

“En primer lugar, la Sala ha terminado un ejercicio de análisis preliminar y ha definido una estrategia de priorización. El segundo gran punto es que, la Sala va a investigar el reclutamiento sistemático entre 1996 y 2016. Además, la Sala definió tres hipótesis de delitos adicionales: violencia sexual basada en género, desaparición forzada y tortura y tratos humanos. En cuarto lugar, la Sala estableció una lógica territorial y se concentrará primero en los casos asociados con el Bloque Oriental”, explicó la magistrada Lily Rueda.

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Cómo se llegó a esa cifra

La Sala de Reconocimiento cruzó 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias. Además, los relatos de las 274 víctimas acreditadas en el caso nutrieron de detalle lo ocurrido. Así, la JEP concluyó que “las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. De esto da cuenta el registro de, por lo menos, 9.870 menores de este rango de edad en el universo provisional de hechos, que equivale al 52,85% de los registros”.

Y asimismo, que, “contrariando sus propias disposiciones expresas y formales”, las Farc reclutaron a menores de 14 años. “En los datos que conforman el universo provisional de hechos, la Sala encontró que, por lo menos, 5.691 menores de este rango edad fueron presuntamente reclutados por las Farc”. La suma no da 18.677 porque, según explicó la magistrada Rueda, hay informaciones contradictorias sobre la edad de algunas de las víctimas, con lo cual continúan en un ejercicio de contrastación.

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Otros crímenes asociados al reclutamiento

En la investigación, la Sala encontró que, además del reclutamiento, “se presentaron conductas adicionales que pueden constituir crímenes internacionales, por lo que la Sala debe concentrar también allí sus esfuerzos”. Es decir, que los niños y niñas reclutados fueron sometidos a otras violencias. En primer lugar, dijo la JEP, está la violencia sexual y basada en género. “La contrastación hecha hasta ahora muestra que (al menos 50) niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía e integridad sexual, como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o abusivo”, dijo la jurisdicción.

Asimismo, el fenómeno de la desaparición forzada va de la mano con el reclutamiento. Según la JEP, la mayoría de las víctimas acreditadas del caso son “familiares de menores reclutados que, aún hoy, desconocen el paradero de sus hijos, hijas, hermanos y hermanas”. Y, por último, en la guerrilla al parecer hubo homicidios, tortura y tratos inhumanos contra niños y niñas. Según la Sala de Reconocimiento, “principalmente asociado a las sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos, a sus condiciones de vida dentro de las FARC-EP y a retaliaciones en contra de las familias o comunidades de las que provenían los menores”. La Sala cuenta con más de 50 casos así.

El reclutamiento fue más fuerte en unas zonas

La Sala de Reconocimiento dio a conocer también que en adelante su investigación seguirá una lógica territorial. En concreto, se concentrarán en investigar el reclutamiento forzado cometido por cada uno de los bloques de la extinta guerrilla de las Farc, comenzando con el poderoso bloque Oriental.

Esta estructura armada cobijaba los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, y en estos nueve departamentos se concentró el 50% de los reclutamientos del país. Después del Bloque Oriental, por número de víctimas, se encuentran los bloques Sur, Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe.

Antes de esta cifra de 18.677, se estimaba que entre 1971 y 2016 existieron al menos 6.230 víctimas de esta práctica y se señala a la exguerrilla de las Farc —­­hoy partido Comunes— como los responsables en la gran mayoría de los casos. En la justicia ordinaria, además, hubo pocos avances: solamente diez condenas. Es decir, la cifra que entrega hoy la JEP es tres veces mayor. Bien fuera que reclutaran niños para expandir su poderío armado, o a niñas con propósitos sexuales, se trata de uno de los capítulos más escabrosos de la guerra en Colombia, que la JEP investiga a través de un macrocaso.

Se trata del caso 007, que fue abierto en marzo de 2019 y desde entonces recibió el nombre: “Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado”. En el derecho internacional, esta práctica constituye un crimen de lesa humanidad, así que la JEP decidió que no solo investigaría los hechos en los que menores de edad fueron obligados a portar armas, sino cuando tuvieron funciones irregulares de cocineros, cargadores, mensajeros o si fueron utilizados en labores de espionaje y sabotaje.

En 2019, la Sala de Reconocimiento anunció que, un cruce de datos de la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) indicaría que la extinta guerrilla de las Farc puede ser responsable de más del 60% de los casos de reclutamiento forzado de niños y niñas. “Se considera que la incorporación de niñas y niños a las filas de los grupos armados, o su utilización en actividades propias del conflicto, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las Farc”, dijo hace dos años la JEP.

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Este caso, sin embargo, ha avanzado con todas las dificultades. Primero, porque los máximos líderes de las extintas Farc, como Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y la senadora Sandra Ramírez, negaron públicamente que hubiera existido reclutamiento de menores de edad. Y ante la JEP interpusieron toda clase de recursos e incluso intentaron apartar del caso a quien hasta hace poco era el magistrado instructor, a cargo de toda la investigación: Iván González. Aunque todos esos recursos fueron negados, otro traspiés vino luego por cuenta de la renuncia de González a la JEP.

Este diario ha contado cómo, finalmente, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape, Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo sí reconocieron la presencia de menores de edad en la guerrillerada. “Hubo de 15, 16, 17 años, pero de menos edad no. Después de la séptima conferencia, en la que se establece que sólo pueden entrar de 15 a 30 años, no recuerdo haber tenido menores”, dijo, por ejemplo, Timochenko, en su versión libre. El detalle de la edad es crucial, pues a la luz del Estatuto de Roma, un menor de 14 años no puede ser reclutado en ninguna circunstancia.

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Aunque Londoño reconoció que encontró algunos casos en los que había menores de 14 años, fueron casos excepcionales y siempre desaprobó y sancionó a los comandantes que incurrían en esa práctica. Lozada, por su lado, dijo que sí había “mucha juventud ente los 15, 17, 20 y 21 años”, pero “no era una práctica permanente, aunque pudo haberse dado. Es impensable que la base del crecimiento y el sostenimiento de una fuerza irregular sea el reclutamiento forzado”.

Los llamados a responder

Para la siguiente fase de la investigación, la JEP llamó a versión voluntaria a 26 personas que pueden tener información del reclutamiento de menores de edad en las filas de la guerrilla. Los llamados son: Arsenio Silva, alias Ubaldino; Jherminson Álvaro, Irson Córdoba; Bernardo Mosquera, Negro Antonio; Elí Mejía, Martín Sombra; Jairo González, Byron Yepes; Reinel Guzmán, Rafael Político; Desiderio Aguilar, Ernesto Aguilar; José Cortés, Rubiel Castro; José Calvo, Alirio Tarareto.

Asimismo fueron citados a diligencia de versión voluntaria: Juan Ordóñez, Pate Sopa; Wilmar Marín, Hugo; Rafael Vargas, Gonzalo Porra; Rodolfo Restrepo, Víctor Tirado; Luis Garzón, Severian; Elmer Caviedes, Albeiro Córdoba; Eloisa Rivera, Liliana Isabella; Wladislav Aguirre, Rafael; Holmes Puentes, Ricaurte Páez; Álvaro Guazá, Kunta Kinte; Ismael Pérez, Comején; Víctor Reina, Saco Plomo; Nelson Quintero, Arcesio Angarita; Marco Suárez, Kokorico; Daniel Bolaños, Diván; Erlides Delgado, Giovany Barbas y Diller Bernal o Chiqui.

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