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“Hay grupos ilegales al servicio del narcotráfico y minería ilegal, que se quieren hacer al poder para proteger sus intereses criminales. Hay que identificar a esos candidatos que desde ya buscan alianzas con esos grupos”. Así fue como el presidente Iván Duque denunció, el pasado 8 de julio, el preocupante escenario que vive el país en la antesala de las próximas elecciones para las alcaldías y gobernaciones por dos factores fundamentalmente. Por un lado, Colombia, desde hace por lo menos dos años volvió a ser el país que produce más cocaína en el mundo, de acuerdo con la ONU. Y por el otro, los grupos criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, han suscitado un aumento en la tasa de homicidios, según Medicina Legal.
Por su parte, y como usualmente lo hace en el inicio de cada contienda electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha venido alertando sobre cómo los candidatos a cargos públicos regionales (gobernadores, alcaldes, diputados y concejales) financian sus campañas políticas y sus presuntos nexos con organizaciones criminales locales. Para el caso puntual de las próximas elecciones, la organización plantea un escenario más complejo por cuenta del ya mencionado aumento de los cultivos de uso ilícito y la consolidación de grupos armados ilegales luego de la salida de las Farc del escenario de la guerra en varias zonas del país, por donde ahora se mueve gran parte la droga que llega a Estados Unidos y Europa.
Una problemática histórica dentro de la política colombiana y que, según la MOE, hace que el actual escenario sea más propicio para que estos dineros del narcotráfico ingresen a las campañas es que estas trabajan a pérdida; es decir, gastan más de lo que reciben para financiar sus eventos de proselitismo político. La organización advierte también que, por ejemplo, en 2015, de los 1.102 alcaldes electos en total se gastaron $79.806 millones y solo se devolvieron en reposiciones de votos $15.163 millones (la diferencia sobrepasa los $64.000 millones). Estas cifras, provenientes del portal estatal Cuentas Claras, también indican que en las pasadas elecciones el 93 % de los aportes vinieron de privados, créditos bancarios (4 %) y recursos propios de los partidos (3 %).
Esta radiografía de la financiación junto con un escenario, en varias zonas del país, en donde los grupos armados vinculados al narcotráfico ejercen un control territorial, es preocupante para la MOE. “Los procesos electorales en Colombia están atravesados por distintos tipos de riesgo, entre los constantes y uno de los más graves está la relación del narcotráfico y la política. Las cifras dan cuenta de que los candidatos se están financiando de cualquier forma y ese método, en un país donde los cultivos de coca han venido en aumento y con esto los cargamentos de droga, genera un mayor tráfico de dineros ilegales que no son controlados”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
La MOE menciona que entre los que tienen alto riesgo figuran los municipios con salida al mar y por donde, se conoce, salen los grandes cargamentos de drogas, ya sea por medio de puertos clandestinos, o camuflados dentro de containers en los grandes puertos. Es decir, ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y Turbo (Antioquia). Asimismo, los departamentos de Nariño (el que más alberga cultivos de coca en Colombia: 42.000 hectáreas), Cauca, Caquetá, Guaviare y Meta también se encuentran en riesgo electoral por los dineros del narcotráfico.
Dos casos que resalta la MOE y de los que han recibido recientes denuncias ciudadanas son los presuntos nexos de las casas políticas tradicionales de Magdalena y Putumayo con los grupos criminales Pachencas y La Constru, respectivamente. Sobre este último caso, donde se concentran 25.000 hectáreas de coca (el segundo departamento con más cultivos en Colombia), las denuncias señalan que La Constru está aportando dineros a varias campañas políticas. Esta organización criminal se quedó sin líder hace dos semanas al ser capturado alias Gárgola, que se desplazaba por Soacha (Cundinamarca) junto al coronel activo del Ejército Elkin Argote, jefe de Reclutamiento, quien fue retirado del Ejército.
Antioquia y el Valle, en alerta roja
El primero de estos dos departamentos, que tendría algo más de 8.800 hectáreas de cultivos de uso ilícito, tendría riesgo electoral en las subregiones de Urabá, donde opera el Clan del Golfo, y en el Bajo Cauca, territorio de los ahora llamados Caparros. En estas dos zonas también estarían presentes mafias mexicanas y brasileñas, estas últimas más interesados en la minería ilegal que el narcotráfico. “Se están construyendo tres puertos en Urabá y los intereses que hay en estas elecciones son muchos. Las mafias que logren entrar allí tendrán el control de una ruta muy importante de narcotráfico”, señaló Fernando Quijano, director de la Fundación Corpades en Antioquia.
El escenario en Antioquia, según Quijano, como en todo el país, se agrava con el asentamiento del crimen organizado transnacional. Según el académico, los carteles mexicanos ya pasaron de solo enviar emisarios a Colombia para comprar la droga a quedarse para hacer control territorial. Al igual que la MOE, menciona que estos carteles buscarán infiltrar las administraciones locales o regionales. “Estas mafias entrarán a participar porque con esto tendrían un poder local, información privilegiada sobre operativos militares y contactos en la región, entre otros beneficios”, aseguró Quijano.
Como lo ha venido denunciado este diario, en el Valle del Cauca, narcotraficantes se han asentado en municipios como Jamundí, Tuluá y el norte de ese departamento. Miguel Yusti, asesor de seguridad de la Gobernación del Valle, aseguró que esta región del país está viviendo una expansión de la mafia que no tiene precedentes. “Donde hay crecimiento de los cultivos de coca se disparan los índices de violencia, pues las organizaciones criminales montan operativos de amenazas y crímenes selectivos contra líderes sociales y en esta coyuntura electoral han decidido participar y acompañar candidatos con el propósito de capturar los poderes locales, con el mismo esquema de amedrentamiento criminal”, puntualizó Yusti.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Durante esa intervención del presidente Duque de hace una semana, en la que mencionó la convicción del narcotráfico de infiltrar las elecciones, el primer mandatario presentó el Plan Ágora, el cual creará el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE). Este equipo contará con las facultades de inteligencia e investigación criminal, en articulación con la Fiscalía General, para realizar labores de prevención y judicialización de personas que cometan delitos de carácter electoral y quienes alteren el orden público antes, durante y después de las elecciones.
En este último punto tendrá que ver mucho la ejecución del Plan Democracia del Ministerio de Defensa, con el cual, hasta este momento, se han priorizado cuatro regiones en cuestiones de seguridad: la primera está conformada por Arauca, Catatumbo y La Guajira; la segunda, por Baja Orinoquia y el noreste amazónico; la tercera, por el Pacífico, y la cuarta, por el Urabá y el Magdalena Medio.
El fiscal general encargado, Fabio Espitia, anunció hace poco que el ente investigador tiene a 243 funcionarios dedicados a los cinco delitos que se cometen durante el proceso electoral: tráfico de votos, elección ilícita de candidatos, fuentes de financiación prohibida, violación de topes de campaña y omisión de información del aportante. Y agregó que la Fiscalía tiene dispuestos más de 6.000 investigadores en las 35 direcciones seccionales para la jornada del 27 de octubre.