Arresto de jefe anticorrupción, escándalo mayor en la Fiscalía
Gustavo Moreno Rivera fue detenido en Bogotá. Le habría pedido un soborno de $400 millones a Alejandro Lyons, investigado a su vez por corrupción.
Redacción Judicial
El 5 de octubre del año pasado, cuando apenas llevaba un par de meses posesionado como fiscal general, Néstor Humberto Martínez se presentó a la instalación de la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en Bogotá, para exponer el que ha sido su plan bandera: “Bolsillos de Cristal”. Se trata del programa que, desde hace unos meses, semana a semana, le ha permitido a la Fiscalía anunciar decenas de arrestos por corrupción. En ese mismo espacio, el fiscal Martínez hizo una propuesta inusual: extraditar a los corruptos. “Creo que el Estado colombiano debe ofrecer en extradición a esta clase de delincuentes, como en su momento lo hicimos con los narcotraficantes”, pronunció.
Para sorpresa de casi la Fiscalía entera, el primer detenido por una investigación de corrupción que podría ser extraditado es, precisamente, el hombre que, un día después de ese discurso en la ANIF, el fiscal Martínez escogió para que fuera su director de la unidad anticorrupción: Luis Gustavo Moreno Rivera. Así lo notificó la vicefiscal, al mediodía de este miércoles 27 de junio, María Paulina Riveros: “Con indignación y profundo dolor institucional, me veo en la obligación de informar a la opinión pública que, en el día de hoy, quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, acaba de ser capturado por un grupo élite”.
A Moreno lo detuvieron en su propia oficina, ante los ojos incrédulos de colegas y subalternos, quienes vieron llegar a unos seis integrantes del CTI. Sellaron su oficina y decomisaron su teléfono. “Lo que hicieron fue un show… seis meses de trabajo tirados a la basura, ¿qué cree que va a pasar con todas las investigaciones que se han venido haciendo? No era necesario capturarlo en su oficina así. Fue muy triste”, le contó a El Espectador un colega de Moreno que presenció su arresto y al que aún le cuesta creer que este haya pedido y recibido dinero a cambio de entorpecer procesos. “¿Sabiendo que teníamos todos los ojos de la Fiscalía encima? No, no me cabe en la cabeza. Muy tonto si lo hizo”.
La vicefiscal Riveros, sin embargo, expresó con certeza que esta investigación —apoyada por la DEA— apunta a que Moreno y otro abogado llamado Leonardo Pinilla le pidieron dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar las indagaciones que cursan en su contra, que no son poca cosa. El pasado 9 de mayo, la Fiscalía anunció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputaría 20 cargos a Lyons por “la posible malversación de recursos, que superan los $10.000 millones”, y que sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación (robarse dinero del Estado).
El supuesto soborno
Lyons se encuentra en Miami y la audiencia de imputación no se ha realizado aún. Desde Estados Unidos había trascendido que él, posiblemente, estaba colaborando con la Fiscalía, pero lo que ahora es claro, según confirmó el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es que fue el exgobernador quien “echó al agua” al exfiscal Gustavo Moreno. En noviembre del año pasado, Lyons (a quien el Departamento de Justicia se refiere como un “cooperante”) denunció que tanto Moreno —quien apenas tenía un mes en su cargo—, como Pinilla, se le había acercado para pedirle $100 millones, y que a cambio le entregarían copias de declaraciones juramentadas de testigos que habían hablado en la Fiscalía contra él.
Hace poco más de dos semanas, a Moreno le llegó la notificación de que la Fiscalía lo enviaba a Miami a entrevistarse con Lyons. Se trataba, según lo que divulgó el Departamento de Justicia, de una puesta en escena. La DEA sabía del encuentro de antemano y le pidió al exgobernador de Córdoba que le diera US$10.000 a Moreno como parte del soborno que estaba exigiendo. El dinero estaba bajo rastreo: varios billetes de US$100 que, le entregó el exgobernador Lyons a Moreno les fueron hallados a Moreno y a parientes suyos al abordar el vuelo que los traería desde Miami de regreso a Bogotá, dice la justicia estadounidense.
El Departamento de Justicia de EE. UU. señaló, además, que “conversaciones grabadas revelaron que Moreno y Pinilla discutieron la habilidad de Moreno de controlar la investigación contra el cooperante (Lyons), y que Moreno podría inundar a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante”. A cambio, el entonces fiscal Gustavo Moreno habría solicitado $400 millones, con una “adición” de US$30.000 que aspiraba recibir antes de que se fuera de Estados Unidos. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno, de 35 años, y a Pinilla, de 31, los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno.
El panorama que enfrentan Moreno y Pinilla —el abogado con quien él dejó a cargo los procesos que manejaba su firma cuando fue nombrado director anticorrupción de la Fiscalía— es realmente complejo. Mientras el exgobernador Lyons tal vez encontró en esta coyuntura el salvavidas que estaba buscando para evitar una gran condena en Colombia, o al menos reducirla, Moreno y Pinilla están a punto de convertirse en los primeros colombianos con quienes el fiscal Néstor Humberto Martínez aplicará su propuesta de extraditar a los corruptos. Así lo expresó un día antes de nombrar a Moreno como uno de sus funcionarios claves: “La lucha contra la corrupción es internacional y va en serio”.
El 5 de octubre del año pasado, cuando apenas llevaba un par de meses posesionado como fiscal general, Néstor Humberto Martínez se presentó a la instalación de la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en Bogotá, para exponer el que ha sido su plan bandera: “Bolsillos de Cristal”. Se trata del programa que, desde hace unos meses, semana a semana, le ha permitido a la Fiscalía anunciar decenas de arrestos por corrupción. En ese mismo espacio, el fiscal Martínez hizo una propuesta inusual: extraditar a los corruptos. “Creo que el Estado colombiano debe ofrecer en extradición a esta clase de delincuentes, como en su momento lo hicimos con los narcotraficantes”, pronunció.
Para sorpresa de casi la Fiscalía entera, el primer detenido por una investigación de corrupción que podría ser extraditado es, precisamente, el hombre que, un día después de ese discurso en la ANIF, el fiscal Martínez escogió para que fuera su director de la unidad anticorrupción: Luis Gustavo Moreno Rivera. Así lo notificó la vicefiscal, al mediodía de este miércoles 27 de junio, María Paulina Riveros: “Con indignación y profundo dolor institucional, me veo en la obligación de informar a la opinión pública que, en el día de hoy, quien fuera hasta la fecha director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, acaba de ser capturado por un grupo élite”.
A Moreno lo detuvieron en su propia oficina, ante los ojos incrédulos de colegas y subalternos, quienes vieron llegar a unos seis integrantes del CTI. Sellaron su oficina y decomisaron su teléfono. “Lo que hicieron fue un show… seis meses de trabajo tirados a la basura, ¿qué cree que va a pasar con todas las investigaciones que se han venido haciendo? No era necesario capturarlo en su oficina así. Fue muy triste”, le contó a El Espectador un colega de Moreno que presenció su arresto y al que aún le cuesta creer que este haya pedido y recibido dinero a cambio de entorpecer procesos. “¿Sabiendo que teníamos todos los ojos de la Fiscalía encima? No, no me cabe en la cabeza. Muy tonto si lo hizo”.
La vicefiscal Riveros, sin embargo, expresó con certeza que esta investigación —apoyada por la DEA— apunta a que Moreno y otro abogado llamado Leonardo Pinilla le pidieron dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a cambio de desviar las indagaciones que cursan en su contra, que no son poca cosa. El pasado 9 de mayo, la Fiscalía anunció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputaría 20 cargos a Lyons por “la posible malversación de recursos, que superan los $10.000 millones”, y que sería investigado formalmente por delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación (robarse dinero del Estado).
El supuesto soborno
Lyons se encuentra en Miami y la audiencia de imputación no se ha realizado aún. Desde Estados Unidos había trascendido que él, posiblemente, estaba colaborando con la Fiscalía, pero lo que ahora es claro, según confirmó el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es que fue el exgobernador quien “echó al agua” al exfiscal Gustavo Moreno. En noviembre del año pasado, Lyons (a quien el Departamento de Justicia se refiere como un “cooperante”) denunció que tanto Moreno —quien apenas tenía un mes en su cargo—, como Pinilla, se le había acercado para pedirle $100 millones, y que a cambio le entregarían copias de declaraciones juramentadas de testigos que habían hablado en la Fiscalía contra él.
Hace poco más de dos semanas, a Moreno le llegó la notificación de que la Fiscalía lo enviaba a Miami a entrevistarse con Lyons. Se trataba, según lo que divulgó el Departamento de Justicia, de una puesta en escena. La DEA sabía del encuentro de antemano y le pidió al exgobernador de Córdoba que le diera US$10.000 a Moreno como parte del soborno que estaba exigiendo. El dinero estaba bajo rastreo: varios billetes de US$100 que, le entregó el exgobernador Lyons a Moreno les fueron hallados a Moreno y a parientes suyos al abordar el vuelo que los traería desde Miami de regreso a Bogotá, dice la justicia estadounidense.
El Departamento de Justicia de EE. UU. señaló, además, que “conversaciones grabadas revelaron que Moreno y Pinilla discutieron la habilidad de Moreno de controlar la investigación contra el cooperante (Lyons), y que Moreno podría inundar a sus fiscales con trabajo para que no pudieran concentrarse en el expediente del cooperante”. A cambio, el entonces fiscal Gustavo Moreno habría solicitado $400 millones, con una “adición” de US$30.000 que aspiraba recibir antes de que se fuera de Estados Unidos. Por estos hechos, la Corte del Distrito Sur de la Florida le va a endilgar a Moreno, de 35 años, y a Pinilla, de 31, los cargos de conspiración para lavar dinero con la intención de promover un soborno.
El panorama que enfrentan Moreno y Pinilla —el abogado con quien él dejó a cargo los procesos que manejaba su firma cuando fue nombrado director anticorrupción de la Fiscalía— es realmente complejo. Mientras el exgobernador Lyons tal vez encontró en esta coyuntura el salvavidas que estaba buscando para evitar una gran condena en Colombia, o al menos reducirla, Moreno y Pinilla están a punto de convertirse en los primeros colombianos con quienes el fiscal Néstor Humberto Martínez aplicará su propuesta de extraditar a los corruptos. Así lo expresó un día antes de nombrar a Moreno como uno de sus funcionarios claves: “La lucha contra la corrupción es internacional y va en serio”.