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No hay duda que para la Fiscalía, Jorge Arabia Watemberg, exvicepresidente financiero de Interbolsa, es el eje central de las investigaciones que se adelantan por el descalabro bursátil. No sólo es el testigo principal —goza de un principio de oportunidad que le da inmunidad total—, sino el hombre que abrió el camino para que las autoridades descubrieran cómo se gestó la alianza entre Interbolsa, el empresario italiano Alessandro Corridori y ocho sociedades y particulares, conocidos como el “Grupo Corridori” que terminaron apropiándose del 83% de los 1.509’932.721 de acciones de Fabricato. Cupos de endeudamientos desbordados, créditos irracionales y operaciones manipuladas hicieron parte del coctel de irregularidades.
El denominado Grupo Corridori no era más que una serie de sociedades que tenían fuertes nexos con el empresario italiano, quien desde 2010 se convirtió en uno de los socios principales para Interbolsa cuando su plan con Fabricato empezó a tener éxito. Tras concentrar el 33% de las ventas y el 23% de la compra de especies de la textilera durante 2011, el precio de la acción pasó de $29 a $84, un incremento del 214%. Gracias a la información y pruebas que entregó Arabia, como actas y correos de la junta directiva y del comité de riesgos de Interbolsa, la Fiscalía no tuvo que realizar un complejo rastreo de las operaciones en Bolsa de Valores de Colombia para identificar entre quiénes se concentraron la compra y la venta.
En uno de los siete informes sellados que entregó Arabia Watemberg a la Fiscalía se cuenta en detalle que las sociedades Invertácticas S.A.S., Manrique & Manrique, P&P Investment, Cromas S.A., Barbex, VMS Associates, Giteco, Manantial SPV, María Eugenia Jaramillo y Lina María Barguil Manrique hacían parte del Grupo Corridori. Asimismo reveló que Alessandro Corridori, junto con uno de sus trabajadores, Edward Martínez, fueron designados por estas empresas como ordenantes para la ejecución de operaciones de compra y venta de valores ante Interbolsa. Es decir, el empresario italiano era quien tenía la facultad para decidir en qué se debía invertir el dinero de las sociedades, el cual terminó utilizándose en las acciones de Fabricato.
Gracias al apoyo que la junta directiva —en la que participaban Rodrigo Jaramillo y Arabia—, Corridori habría manejado, a través de las plataformas online, contando con claves y accesos directos y asesoramiento de corredores de la comisionista, las operaciones de compra y venta de la acción de Fabricato. Esta versión, que fue confirmada por Arabia y por Adriana Rocío Villalba, funcionaria de Interbolsa, representa para la Fiscalía la prueba reina de que se trató de un delito, ya que “no es usual que las negociaciones de un agente se concentren en contrapartes determinadas y, mucho menos, pertenecientes a un grupo de inversionistas (…) el mercado de acciones administrado por la Bolsa de Valores de Colombia es ciego en su negociación”. Es decir, la hipótesis es que Corridori terminó comprando y vendiéndose a sí mismo las acciones de Fabricato, logrando su objetivo: inflar la acción.
Asimismo, la Fiscalía tiene adelantada la investigación contra los hermanos Olbany Fernando y John Alexánder Muñoz Sarmiento, accionistas mayoritarios de Giteco y quienes también tendrían una relación directa con la firma Valores Incorporados, cuestionada por ser, al parecer, una de las beneficiarias de los dineros que terminaron en el Fondo Premium. A la vez, el ente investigador está tras la pista de confirmar en qué medida participó Emilio Martín, representante legal de Manantial y quien, al parecer, antes de que se inflara en 214% la especie de Fabricato, fue uno de los que avaluaron la acción de la textilera cuando trabajaba en Metropolitan Capital Markets. Martín y Corridori firmaron un contrato de cuenta corriente entre Manantial e Invertácticas en marzo de 2012 para dividir ganancias.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el objetivo principal de la junta directiva de Interbolsa no era favorecer a Corridori y sus socios, sino obtener el control total de Fabricato. La idea, supuestamente, era concentrar la propiedad de las acciones en 20 sociedades —los otros 44.625 accionistas eran dueños del 17% de la empresa—, que después se verían beneficiadas por una serie de multimillonarios créditos que les entregaría la comisionista de bolsa con el fin de mantener alto el precio de la acción en el mercado. Fue de ahí que surgieron las operaciones repo para el incremento de los cupos de endeudamiento que terminaron siendo por más de $248.600 millones, lo que generó iliquidez en Interbolsa.
En pocas palabras, el plan de los directivos de Interbolsa fracasó. A pesar de que sabían que las sociedades del Grupo Corridori no podrían cumplir con los pagos de los créditos que les habían otorgado —como garantía habían puesto las acciones de Fabricato y Odinsa—, ya que no tenían la capacidad económica, la falta de liquidez a causa de las masivas operaciones repo terminó por colapsar el mercado, desinflar el valor de la especie de Fabricato y generar deudas que superaban el volumen financiero de la comisionista. Y es que para la Fiscalía no había estudios técnicos que soportaran la entrega masiva de recursos a estas sociedades, que terminaron debiendo hasta $34.000 millones.
Las obligaciones económicas que asumió Interbolsa, tras conceder los créditos a Corridori y sus aliados, ascendieron a los $86.086 millones. Terminaron apropiándose de las acciones de Fabricato, pero tras la caída de la comisionista, esta acción quedó avaluada en $12, mucho menos del sobrevalorado precio que el Grupo Corridori logró establecer a través de operaciones manipuladas. Arabia siempre ha sostenido que ellos eran conscientes del detrimento patrimonial que estaban causándoles a sus clientes. Tanto así, que en cinco actas de la junta directiva que entregó a las autoridades —algunas fechadas en 2010— quedó en evidencia cómo se entregaban préstamos que llegaban hasta $40.000 millones y las únicas prendas de garantías eran las acciones de Fabricato.
“El Comité de Riesgos tenía claro que la capacidad de pago de las empresas suscriptoras era precaria, sin embargo, aceptaba así la operación, asumiendo el riesgo de que en efecto ante su falta de respaldo financiero, tendría que hacer uso de garantías o asumir las obligaciones que estaban otorgando”, indicó la Fiscalía en el escrito de acusación contra los primeros 11 implicados. El epílogo del descalabro bursátil llegó a finales de 2012, cuando Interbolsa empezó a realizar triangulaciones irregulares de dinero para generar liquidez y a solicitar préstamos bancarios para responder a sus obligaciones con los clientes.
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@santsmartinez