28 Feb 2019 - 3:06 a. m.

Avanza en tribunal pleito minero en Santurbán

La empresa Eco-Oro demandó a Colombia por US$764 millones tras la prohibición de un proyecto en el páramo. Los árbitros rechazaron una solicitud de organizaciones que querían participar en el caso.

El Espectador

Desde que en Colombia se endurecieron las reglas para la explotación minera en los páramos del país, a las empresas que habían instalado allí sus negocios no les ha quedado otra opción que modificar o incluso suspender sus proyectos de extracción. Con los cambios en sus negocios, y para no quedar con las manos vacías, varias multinacionales han recurrido a tribunales nacionales e internacionales para exigir sus derechos supuestamente vulnerados por el cambio en las normas. Eco-Oro Minerals Corp. es una de las que siguió este camino, luego de que en 2016 la Corte Constitucional le prohibiera cualquiera actividad de extracción en el proyecto conocido como Angostura, en el páramo de Santurbán.

La multinacional canadiense demandó al Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y, la semana pasada, el tribunal decidió no aceptar la participación de terceros en el proceso. Se trata de una decisión polémica, pues quienes solicitaron intervenir son cuatro organizaciones de defensa de derechos humanos, de Colombia, Canadá y Holanda, que estaban listas para explicarle al tribunal de arbitramento la importancia para el medio ambiente y las decisiones que en esta medida han tomado cortes colombianas. Pero su participación quedó rechazada y su preocupación es absoluta, pues las pretensiones de Eco-Oro son de más de US$764 millones.

Una de las organizaciones que firmó la petición fue el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. En diálogo con El Espectador, Hernán Morantes, uno de sus abogados, expresó su preocupación frente a la decisión del CIADI. Dice que lo que querían explicarles a los árbitros es que cualquier extracción en el páramo puede afectar de manera irreparable a miles de personas cuya única fuente de agua es la que produce el páramo. “Que no hayan aceptado nuestra participación deja a la ciudadanía sin voz y sin poder aportar elementos que puedan ayudar a la discusión”, recalcó, advirtiendo que teme que esta sea una demostración de una decisión en contra del Estado colombiano.

Según fuentes cercanas al proceso, el tribunal rechazó la solicitud por considerar que los peticionarios no probaron la relación de lo que querían explicarles a los árbitros del caso con el pleito entre la empresa y Colombia. En la carta de las organizaciones, no obstante, estaba claro: se trataba de conocimiento de primera mano de las características del páramo de Santurbán y las problemáticas sociales y ambientales asociadas a la pretensión de una empresa extranjera de explotar el suelo del ecosistema. CIAR Global, revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana, resaltó que, además de negarles la entrada al caso, el CIADI también rechazó su solicitud de acceder a los documentos producidos en el transcurso del arbitraje.

Para que el pleito llegara hasta un tribunal de arbitramento internacional, en el que Colombia cuenta con la asesoría de Latham & Watkins, una de las firmas de abogados más importante del mundo, no solo hubo decisiones judiciales, sino un rechazo político, social y científico en contra de la explotación minera del páramo. La empresa adquirió el primer título minero de Santurbán el 16 de diciembre de 1994, cuando el Estado colombiano no había delimitado el área del páramo. Por esta razón, la empresa asegura que no es legal que le hayan quitado la posibilidad de explotar plata y oro y que, además, sus proyectos estaban protegidos por el Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con Canadá en 2008.

Esos serían los dos principales argumentos jurídicos en el tribunal de arbitramento, pues la delimitación geográfica del páramo y, por lo tanto, los límites de explotación mineral la realizó el Gobierno hace dos años. Sin embargo, los detalles de este pleito siguen reservados para los ciudadanos, otro de los “peros” que han denunciado las organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos. Además del Comité al que pertenece el abogado Morantes, el Centro Internacional de Derecho Ambiental, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MiningWatch Canada, el Instituto de Estudios Políticos, el Proyecto Económico Global y el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO) también firmaron la petición que rechazó el tribunal de arbitramento.

Desde que arrancó la polémica, no solo por las decisiones judiciales, sino por las amenazas de las multinacionales de demandar al Estado, científicos de todo el mundo se han pronunciado en apoyo a las decisiones que ha tomado el país para proteger el medio ambiente. En abril del año pasado, en la revista Science, una de las más prestigiosas de su género en el ámbito internacional, 14 investigadores de diversos países recordaron la importancia del ecosistema: “Proveen agua a millones de personas y conservan un grupo de plantas que, a nivel mundial, se han diversificado bastante rápido”. Y además, recordaron que se trata de un ambiente extremadamente sensible a perturbaciones y muy difícil de restaurar.

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