Bloque de búsqueda contra los atacantes con ácido

Con el objetivo de actuar con severidad contra los atacantes con ácido, delito que deja cerca de 900 víctimas en el país, el gobierno anunció la creación de un equipo especial que tendrá el objetivo de revisar las debilidades que existen en los procesos de judicialización de estos criminales.

Este lunes se reunirán representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerios de Trabajo, Comercio, Protección Social y del Interior, para establecer mecanismos que eviten cualquier tipo de evasión o beneficio para las personas que sean judicializadas por este delito.

“Es un problema gravísimo de delitos, de convivencia, y tenemos que hacer un trabajo integral de todos los colombianos para que estos hechos no se sigan presentando”, aseguró el Ministro Iragorri Valencia, quien resaltó la importancia de la ley que incrementa la pena para quienes comenten estos delitos, y espera que con el trabajo de este nuevo equipo interinstitucional, el Gobierno Nacional pueda avanzar en soluciones efectivas para víctimas y en general para la población colombiana.

La norma para penalizar a los atacantes con ácido, ya existe, esta iniciativa fue aprobada el pasado mes de junio por el Congreso de la República y sancionada al siguiente mes por el presidente Juan Manuel Santos. Es decir, que la iniciativa ya está en rigor y aumentó, en su momento, las penas contra los atacantes con ácido.

Según la representante a la Cámara del movimiento Mira, Gloria Stella Díaz, quien fue una de las autoras del proyecto, a la norma aún le falta ser reglamentada en algunos puntos, “por ejemplo el ministerio de Salud deberá reglamentar los aspectos necesarios para que haya una gratuidad en las cirugías reconstructivas para las víctimas y el Gobierno Nacional y debe reglamentar el registro que se debe crear para controlar la venta al menudeo de esas sustancias”.

La iniciativa modificó el código penal en materia de lesiones personales, y contempla que en caso de deformidad física transitoria “la pena de prisión es de 16 a 108 meses y multa entre los 20 y 37.5 salarios mínimos diarios”. Lo que quiere decir el atacante deberá pagar entre un año y 4 meses y nueve años de prisión.

Y agrega que en caso que la lesión sea permanente la pena es de entre dos años y seis meses y 10 años y medio con una pena cercana a los 33 millones de pesos.

Cuando el ataque genera una deformidad física en la víctima “causando cualquier tipo de ácidos; alcalís; sustancias corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano”, la pena es de seis a diez años.

Además contempla que si la deformidad afecta el rostro la pena aumenta de una tercera parte a la mitad.

Luego de la aprobación aún falta crear el Registro de Control para la venta al menudeo de ácidos, el plazo establecido por la norma fue de 6 meses para su creación.

Otro asunto, que haría falta crear según la norma es la Ruta Integral para las víctimas de ataques con ácido que brindaría información y orientación a las víctimas “sobre los derechos, recursos y medidas con los que cuenta”; el plazo para establecer este mecanismo, también era de 6 meses.

La ley contempla que “cuando las lesiones personales sean causadas por cualquier tipo de ácido los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, así como, los procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado”.

Según la representante, Gloria Stella Díaz, según la reforma al código penitenciario “cuando la pena mínima es de 8 o más años el delito no es excarcelable, ni tampoco tiene ninguna rebaja de pena”.

Con el objetivo de actuar con severidad contra los atacantes con ácido, delito que deja cerca de 900 víctimas en el país, el gobierno anunció la creación de un equipo especial que tendrá el objetivo de revisar las debilidades que existen en los procesos de judicialización de estos criminales.

Este lunes se reunirán representantes del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ministerios de Trabajo, Comercio, Protección Social y del Interior, para establecer mecanismos que eviten cualquier tipo de evasión o beneficio para las personas que sean judicializadas por este delito.

“Es un problema gravísimo de delitos, de convivencia, y tenemos que hacer un trabajo integral de todos los colombianos para que estos hechos no se sigan presentando”, aseguró el Ministro Iragorri Valencia, quien resaltó la importancia de la ley que incrementa la pena para quienes comenten estos delitos, y espera que con el trabajo de este nuevo equipo interinstitucional, el Gobierno Nacional pueda avanzar en soluciones efectivas para víctimas y en general para la población colombiana.

La norma para penalizar a los atacantes con ácido, ya existe, esta iniciativa fue aprobada el pasado mes de junio por el Congreso de la República y sancionada al siguiente mes por el presidente Juan Manuel Santos. Es decir, que la iniciativa ya está en rigor y aumentó, en su momento, las penas contra los atacantes con ácido.

Según la representante a la Cámara del movimiento Mira, Gloria Stella Díaz, quien fue una de las autoras del proyecto, a la norma aún le falta ser reglamentada en algunos puntos, “por ejemplo el ministerio de Salud deberá reglamentar los aspectos necesarios para que haya una gratuidad en las cirugías reconstructivas para las víctimas y el Gobierno Nacional y debe reglamentar el registro que se debe crear para controlar la venta al menudeo de esas sustancias”.

La iniciativa modificó el código penal en materia de lesiones personales, y contempla que en caso de deformidad física transitoria “la pena de prisión es de 16 a 108 meses y multa entre los 20 y 37.5 salarios mínimos diarios”. Lo que quiere decir el atacante deberá pagar entre un año y 4 meses y nueve años de prisión.

Y agrega que en caso que la lesión sea permanente la pena es de entre dos años y seis meses y 10 años y medio con una pena cercana a los 33 millones de pesos.

Cuando el ataque genera una deformidad física en la víctima “causando cualquier tipo de ácidos; alcalís; sustancias corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano”, la pena es de seis a diez años.

Además contempla que si la deformidad afecta el rostro la pena aumenta de una tercera parte a la mitad.

Luego de la aprobación aún falta crear el Registro de Control para la venta al menudeo de ácidos, el plazo establecido por la norma fue de 6 meses para su creación.

Otro asunto, que haría falta crear según la norma es la Ruta Integral para las víctimas de ataques con ácido que brindaría información y orientación a las víctimas “sobre los derechos, recursos y medidas con los que cuenta”; el plazo para establecer este mecanismo, también era de 6 meses.

La ley contempla que “cuando las lesiones personales sean causadas por cualquier tipo de ácido los servicios, tratamientos médicos y psicológicos, así como, los procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas no tendrán costo alguno y serán a cargo del Estado”.

Según la representante, Gloria Stella Díaz, según la reforma al código penitenciario “cuando la pena mínima es de 8 o más años el delito no es excarcelable, ni tampoco tiene ninguna rebaja de pena”.