“Cárceles, tan dramáticas como un campo de concentración”: Minjusticia

Hace menos de dos semanas se posesionó en su cargo. Dice que a las cárceles deberían ir quienes cometan los crímenes más graves, pero que son las personas sin recursos quienes han llevado las de perder ante la justicia.

Redacción Judicial
20 de marzo de 2017 - 10:02 p. m.
“Cárceles, tan dramáticas como un campo de concentración”: Minjusticia

Ahora que está en empalme, ¿cuáles son sus principales retos?

Este Ministerio tiene el reflejo de una serie de crisis y problemas de tiempo atrás. Voy a empezar por uno de los más elementales: la imagen de la justicia. Es preocupante que la sociedad colombiana tenga una imagen tan devaluada de la justicia. Mi propósito es rescatarla. Cuando los ciudadanos no creen en sus jueces, esa sociedad está condenada al fracaso.

¿El hacinamiento también entra en esa lista de temas prioritarios?

El hacinamiento también es muy preocupante, es una vergüenza para la humanidad, no solamente para Colombia. Hay que activar mecanismos que conjuren esa situación de crisis humanitaria que hay en el sistema carcelario. Vemos que realmente las cárceles son casi tan dramáticas como un campo de concentración. Le estamos apuntando a humanizar el derecho penal y el sistema carcelario, y a construir una política que permita que el individuo que ha delinquido pueda resocializarse.

Pero, ¿dónde está la solución? No parece que esté en hacer más cárceles.

No lo está. La sociedad colombiana tiene que reflexionar para que, quienes han transgredido el ordenamiento jurídico, puedan recomponer sus vidas. La sanción debe tener un fin de renacimiento, para permitirles volver a la sociedad. Este problema lo tenemos que ver desde tres puntos de vista: el de la política criminal, la mirada humanista y un fin de la rehabilitación. No hay que apuntarle a construir más cárceles sino a construir mejores seres humanos.

Eso suena muy bien, pero, ¿cómo se aplica en la vida real?

En los pocos días que llevamos en el Ministerio ya emprendimos acciones inmediatas, como darle inicio a una política pública de ejecución y construcción frente a un modelo carcelario. En dos meses vamos a abrir dos cárceles de última generación que van a dar cupo a 1.600 personas y en unos tres o cuatro meses, abriremos dos más. A final de año, vamos a tener 4.000 cupos en las cárceles, serán ambientes que permitan que la dignidad del recluso esté a tono dentro de un área de encerramiento. Todas van a tener una perspectiva de rehabilitación y de resocialización. Eso responde a la política criminal que queremos implementar.

Usted decía que la solución no es construir más cárceles. Sin embargo, nos cuenta que este mes van a abrir dos nuevas…

Recordemos que de las 136 cárceles del país, 120 fueron construidas entre 1600 y 1999. Es casi inverosímil, ¡desde la época de la Colonia! Habrá que construir más cárceles por esa situación, pero esa no es la solución. Lo que proponemos es construirlas, pero no para todos los delitos, sino sólo para los más graves, las cárceles no son para todos los delitos. Hay penas que pueden tener otras sanciones: trabajo social, ayuda psicológica, por ejemplo. Nos toca construirlas porque igual tenemos 80 mil condenados en todo el país y casi 40 mil sindicados.

¿A qué se refiere con que las cárceles no son para todos los delitos?

No es lo mismo quien por primera vez se roba una bicicleta y paga 12 años de cárcel, al que es un genocida o un violador constante de derechos humanos, o un corrupto. No hay que olvidar que la mayoría de sindicados están detenidos por delitos menores. Las cárceles deberían ser para aquellos que realmente son un peligro para la sociedad. Hay otra situación que me preocupa mucho: las mujeres que son utilizadas en actividades de menudeo y tráfico de estupefacientes. Ellas son las que están yendo a la cárcel. Los que han llevado las de perder han sido los pobres.

Usted menciona el caso del hombre condenado a 12 años de prisión por robarse una bicicleta, y de inmediato uno piensa en los grandes ladrones de cuello blanco que pagan penas mucho menores…

Es que nosotros no podemos imponer sanciones de acuerdo a las clases sociales sino a las conductas. Las organizaciones criminales, como las defraudadoras de dineros, o las dueñas de pirámides, son las que deben estar en la cárcel. Hay que exigir un mayor responsabilidad punitiva a quienes han sido privilegiados por la vida. No podemos tolerar en una sociedad genios tenebrosos. Esas organizaciones que tienen todo un entramado de logística y beneficios, generar unas conductas corruptas y depredadoras del patrimonio y erario de los ciudadanos. Esos son los que deben ser castigados.

¿Y cómo resocializar a esos ladrones de cuello blanco?

Ahí es donde el derecho punitivo tiene que entrar a cumplir su papel para crear una plataforma de trabajo social en las cárceles para devolverle a la comunidad lo que le han quitado. Ese tipo de conductas sí deben ser castigadas con severidad y de manera ejemplar, porque son personas que con mayor responsabilidad no se debían haber apartado de los valores de la sociedad.

¿Qué tiene pensado el Ministerio para poner a andar la infraestructura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

En el Ministerio se viene trabajando en su puesta en marcha desde enero de 2016, cuando ya estaba el punto quinto (del Acuerdo Final). Es por eso que no sólo avanzamos desde hace más de un año con el alto comisionado para la Paz y otras instituciones para su creación, sino también en tomar los pasos necesarios para ponerla a andar.

¿Ya se sabe cuánto va a costar?

Desde mediados de 2016 contratamos, con recursos de cooperación internacional, una consultoría con la Universidad de los Andes que elaboró un modelo de costeo de esta compleja jurisdicción y ya a disposición de la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la JEP. Permitirá tener muy pronto un presupuesto lo más preciso posible y, además, constituye una herramienta de planeación a largo plazo para la misma.

¿Qué otras entidades se involucran en este tema?

Desde hace varios meses el Ministerio está trabajando de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la JEP, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Alto Consejero para el Posconflicto en la definición final de la estructuración institucional y presupuestal de la JEP para garantizar su sostenibilidad y eficiencia.

¿Qué piensa de que un magistrado del Consejo de Estado esté en la Misión Electoral Especial?

Como parte de la implementación del Acuerdo Final se concertó una Misión Electoral Especial conformada por siete expertos de alto nivel, que este mes entregarán sus conclusiones. Esta misión es de carácter técnico y académico, no político. Entre sus miembros está Alberto Yepes, actual magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien fue coordinador del trámite del proyecto de ley del Código Electoral Colombiano. Su trabajo es de carácter personal y académico, y no me atrevo a emitir ningún juicio sobre su actuación en esta comisión, toda vez que su labor es generar propuestas.

¿Qué opina de que esa Misión supuestamente va a proponer el fin de la Sección Quinta del Consejo de Estado (que maneja temas electorales)?

El rumor viene de las posibles conclusiones que presentará el próximo 24 y 25 de marzo en Cartagena la Misión Electoral Especial, donde dicen que se podría proponer un nuevo tribunal electoral fusionando la Sección Quinta con el Consejo Nacional Electoral. Pero solo es un rumor. Además, la función de la Misión Especiales formular propuestas, eso y nada más

¿Cómo va a trabajar el ministerio con los temas claves de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): el Tribunal de Paz, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad?

El Ministerio de Justicia ha trabajado desde hace varios meses también en la elaboración de los proyectos de ley de desarrollo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, en coordinación y diálogo constante no solo con las instituciones estatales concernidas, sino con las organizaciones de víctimas y familiares, organizaciones expertas de la sociedad civil e instituciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras. Así mismo, haremos un acompañamiento constante a todos los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Esto implicará, entre otros aspectos, apoyo técnico y de todo tipo para que puedan iniciar a trabajar sin contratiempos.

¿Cuál será el principal apoyo del Ministerio en la implementación de la JEP?

El Ministerio de Justicia ha apoyado la puesta en marcha de la JEP desde el ámbito normativo, técnico y financiero desde el primer día de publicación del punto quinto (del Acuerdo Final). Nuestro trabajo será de acompañamiento técnico y coordinación en lo que se requiera, pero principalmente de respeto de su total autonomía e independencia. El Ministerio, como lo hizo en el pasado con otros instrumentos de justicia transicional, hará un seguimiento constante de esa implementación y estará a total disposición para apoyarla, principalmente en lo que tiene que ver con la coordinación interinstitucional entre la JEP y otros órganos.

¿Se sostiene en la idea de quitarles las funciones electorales a las altas cortes?

Considero que los jueces deben dedicar su tiempo y habilidades en administrar y acercar la justicia a los colombianos, y no estar inmiscuidos en funciones electorales exógenas que ayuden a su politización. La función del juez es darle a cada quien lo que le corresponde y no perder el tiempo en salas interminables encargadas de nombramientos de naturaleza política. Cuando los jueces se dediquen a su función central recuperarán la toga del sacerdocio que les ayudará a fortalecer la majestuosidad de la justicia, que es su razón de ser.

Por Redacción Judicial

 

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