23 Mar 2020 - 4:48 p. m.

Caso contra general (r) Palomino sigue vivo

La Sala Penal de la Corte Suprema reprochó el trabajo de la Fiscalía y la Sala de Primera Instancia al indagar una denuncia por constreñimiento ilegal y abuso de autoridad contra el exdirector de la Policía, pues el caso terminó en preclusión el año pasado.

El Espectador

El general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional.  / El Espectador - Gustavo Torrijos
El general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional. / El Espectador - Gustavo Torrijos

Se creía que la pelea entre el coronel (r) Marco Aurelio Pedroza y quienes eran sus superiores, los generales (r) Rodolfo Palomino, Carlos Ramiro Mena y Édgar Sánchez Morales, había llegado a su fin el 26 de febrero de 2019. Ese día, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acogió los argumentos de la Fiscalía y precluyó la investigación contra los altos oficiales en retiro por constreñimiento ilegal y abuso de autoridad. Pero a esa aparente derrota para el coronel Pedroza acaba de llegarle una última bocanada de oxígeno: la Sala Penal de la Corte revocó la decisión del año pasado.

El caso que hoy pone de nuevo en una posición incómoda al exdirector de la Policía, general (r) Rodolfo Palomino; al general (r) Carlos Ramiro Mena, exdirector de la Dijín, y al exdirector de la Escuela de Cadetes, general (r) Édgar Sánchez Morales, comenzó el 28 de septiembre de 2012. Según la denuncia del coronel (r) Pedroza, ese día, durante una junta de generales, Palomino —entonces subdirector (e) de la Policía— lo descalificó y la junta, como resultado, se abstuvo de llamarlo a curso para ascender a general. Él reclamó en público incluso ante el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. En diciembre del mismo año, el Gobierno lo llamó al retiro.

Lo que pasó entre el 28 de septiembre y el 10 de diciembre de 2012 es lo trascendente. La Sala Penal de la Corte le dijo a la Fiscalía que su principal error fue evaluar hecho por hecho, como si hubieran ocurrido aisladamente, sin conexión; que un examen más contextualizado de lo que le pasó al coronel (r) Pedroza, desde que reclamó por no haber sido llamado a ascenso, podía llevar a la Fiscalía a una conclusión distinta que la que llegó desde 2018: que tal vez los generales (r) en cuestión no debían ser investigados por constreñimiento, pero sí por abuso de autoridad.

La reunión con Palomino

El 3 de octubre de ese año, el coronel Pedroza estaba de vacaciones. Ese día, el general (r) Palomino lo llamó a su oficina para tratar un “asunto institucional”. Palomino le contó a la Fiscalía que ese encuentro fue de “camaradería”, tranquilo, y la Fiscalía lo asumió así. La Corte le pregunta hoy al ente investigador por qué pasó por alto los relatos tanto del coronel Pedroza (r) como de dos personas más que estuvieron allí: la hija del coronel (r) y su esposa, quienes describieron el encuentro lejos de ser amable. Incluso fue citado el hijo del coronel, para la fecha un cadete.

Mientras Palomino insistió en que esa fue una reunión cordial y no dio mayores explicaciones de que por qué citó al general (r) Carlos Ramiro Mena, entonces director de la Dijín y superior de la oficial Viviana Pedroza, en entrevista y en declaración jurada, esta le dijo a la Fiscalía que ni ella ni su hermano debieron ser llamados: “La actitud del señor general Palomino cuando nosotros llegamos fue brusca, fuerte, dando a entender: ‘Mire, aquí está su familia’”. Contó que Palomino fue tan grosero que incluso llegó a gritarle a su madre, Gloria Rocío Vargas, y que sintió que su carrera y la de su hermano estaban en riesgo.

La esposa del coronel dio una declaración similar. Dijo que el general (r) Palomino la regañó “como si fuera subalterna” y que su deber, como esposa, era convencer al coronel (r) Pedroza de desistir de sus reclamos, “mucho menos que vaya a salir a los medios de comunicación”. Gloria Rocío Vargas relató que vio a su hija asustada, que le sudaban la cara y las manos. Los hijos del coronel, resaltó la Corte, “ostentaban una condición especial de sujeción al mando policial”, pero ese factor no lo tuvo en cuenta la Fiscalía que, en general, se limitó a señalar que no hubo constreñimiento porque nadie fue obligado a hacer nada que no quisiera.

Los seguimientos

Este es, probablemente, el episodio más delicado del proceso. Luego de su encontronazo en la junta de generales, el coronel (r) Pedraza denunció que por su casa andaban hombres que, al parecer, pertenecían a la Policía. La Fiscalía, por su parte, concluyó que no había bases para inferir que se hubiera orquestado un operativo de este tipo desde la Policía y que, aunque hubo “hechos anómalos”, no había más pruebas para relacionar las denuncias del coronel (r) con los supuestos seguimientos, ni había información de los uniformados que habrían rondado su hogar.

De ello no solo dieron testimonio sus hijos y su esposa, sino también un patrullero de la propia Policía, quien, en entrevista, ratificó que el coronel (r) Pedroza “llamó al cuadrante para comunicar que estaba siendo objeto de seguimiento, al parecer, por integrantes de la Policía Nacional”. El compañero de vigilancia de ese patrullero podía corroborar la versión, pero la Fiscalía ni siquiera recibió su testimonio. El patrullero contó también que había recibido varias alertas de William Agudelo, vigilante de seguridad de la casa del coronel (r).

Una vez, por ejemplo, Agudelo dio aviso de unas personas que estaban circulando dos cuadras a la redonda de la casa del oficial. “Cuando los abordamos se identificaron como miembros de la Policía Nacional, yo radié al CDA (Central de Radio), el CDA confirmó que sí se trataba de miembros de la Policía; sin embargo los ocupantes del vehículo en ningún momento aportaron orden de trabajo”, relató el patrullero. En otra ocasión, el vigilante reportó una moto extraña parqueada frente a la casa del coronel (r). El conductor no se identificó, pero el patrullero pudo confirmar por su cuenta “que era miembro de la Sijín (de la Policía), de Antinarcóticos”.

Después el patrullero empezó a recibir llamadas amenazantes y las reportó, dejando saber que quienes llamaban tenían “datos muy puntuales” de su trabajo y sus desplazamientos. “Sin embargo, la Fiscalía no exploró una línea de investigación tendiente a hallar la identificación de dichos policiales”. La Sala Penal reprochó que “frente a las placas de los aludidos automotores, no se indagó a quiénes pertenecían”. Luego murió el vigilante William Agudelo. “Tampoco se sabe la real causa” de su fallecimiento, dijo la Sala Penal de la Corte. “Se pudo tratar de un ‘crimen pasional’”, dijo la Fiscalía, lo que indica que el caso no se ha investigado lo suficiente para llegar a esa o cualquier otra conclusión.

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