Caso del exsenador Ashton se queda en la JEP, ordena la Corte Constitucional
El alto tribunal dirimió el debate jurídico del caso del exsenador liberal quien había sido aceptado en julio pasado por la Jurisdicción Especial para la Paz. El expediente del barón político de la costa Caribe por sus vínculos con el cartel de la toga lo llevará esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.
La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión relacionada con un choque de trenes entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata del caso del exsenador liberal Álvaro Ashton quien fue aceptado por esa justicia especial en julio del año pasado por sus nexos con el paramilitarismo y el cartel de la toga. La Corte Constitucional determinó este jueves que uno de los expedientes que llegaron a la JEP, en el que se investigan pagos del excongresista para embolatar su proceso por parapolítica en la Corte Suprema, será llevado por el sistema de justicia que nació del Acuerdo de Paz con las Farc.
(En contexto: El choque de trenes entre Fiscalía, Procuraduría y JEP por el cartel de la toga)
El excongresista tenía cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales tres pasaron a manos de la justicia especial: la primera, por vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas (Auc); otra por amenazas a un exparamilitar que era testigo en su contra, y una última, la del cartel de la toga, porque pagó —como él mismo ya aceptó— un millonario soborno para que su expediente por parapolítica se archivara. Ante el pedido de Ashton de ingresar a la JEP, esta justicia determinó que estos tres expedientes guardaban una relación indirecta con el conflicto y, por ende, podían ser investigados allí, no en la justicia ordinaria.
La discusión llegó a la Corte Constitucional en enero de este año cuando la fiscal Claudia Patricia Vanegas, que lleva varios procesos del cartel de la toga, le planteó a ese alto tribunal que había un conflicto de competencias por resolver. Según la funcionaria, que la JEP asumiera el estudio de este entramado de corrupción que se fraguó desde la Corte Suprema genera “un incentivo perverso para aquellos que quieren recibir los beneficios propios de la justicia transicional habiendo cometido delitos ordinarios por fuera del marco o contexto del conflicto armado”.
Por ende, le pidió a los magistrados que le quitaran el caso a la JEP y lo dejaran en manos de la Fiscalía, que lleva los procesos contra el resto de sindicados en este expediente: los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino; el exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno y su mano derecha, el abogado Leonardo Pinilla, entre otros.
La JEP respondió en enero pasado que tenían competencia para juzgar a Ashton y que esa competencia era prevalente. O sea, que por ley le ganan el pulso a la Fiscalía. Además, señaló que como desde agosto de 2018 la Sección de Apelación había aceptado el sometimiento del exsenador liberal, luego ratificado por la SDSJ en 2019, con cartel de la toga a bordo, la discusión ya “constituye cosa juzgada”. Es decir, como ya hay, no una, sino dos decisiones que avalaron la entrada del cartel de la toga a la JEP, no hay lugar a más discusión.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) también señaló en su momento que el soborno de $600 millones que Ashton ya aceptó haberle pagado al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para torcer su proceso por parapolítica tenía como fin “cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto” y, por ende, cabe en esa justicia. En enero de este año, con ese mismo argumento, la misma SDSJ admitió al exsenador cordobés Musa Besaile, quien llegó a ser el congresista más votado del país por el Partido de la U.
La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión relacionada con un choque de trenes entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata del caso del exsenador liberal Álvaro Ashton quien fue aceptado por esa justicia especial en julio del año pasado por sus nexos con el paramilitarismo y el cartel de la toga. La Corte Constitucional determinó este jueves que uno de los expedientes que llegaron a la JEP, en el que se investigan pagos del excongresista para embolatar su proceso por parapolítica en la Corte Suprema, será llevado por el sistema de justicia que nació del Acuerdo de Paz con las Farc.
(En contexto: El choque de trenes entre Fiscalía, Procuraduría y JEP por el cartel de la toga)
El excongresista tenía cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales tres pasaron a manos de la justicia especial: la primera, por vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas (Auc); otra por amenazas a un exparamilitar que era testigo en su contra, y una última, la del cartel de la toga, porque pagó —como él mismo ya aceptó— un millonario soborno para que su expediente por parapolítica se archivara. Ante el pedido de Ashton de ingresar a la JEP, esta justicia determinó que estos tres expedientes guardaban una relación indirecta con el conflicto y, por ende, podían ser investigados allí, no en la justicia ordinaria.
La discusión llegó a la Corte Constitucional en enero de este año cuando la fiscal Claudia Patricia Vanegas, que lleva varios procesos del cartel de la toga, le planteó a ese alto tribunal que había un conflicto de competencias por resolver. Según la funcionaria, que la JEP asumiera el estudio de este entramado de corrupción que se fraguó desde la Corte Suprema genera “un incentivo perverso para aquellos que quieren recibir los beneficios propios de la justicia transicional habiendo cometido delitos ordinarios por fuera del marco o contexto del conflicto armado”.
Por ende, le pidió a los magistrados que le quitaran el caso a la JEP y lo dejaran en manos de la Fiscalía, que lleva los procesos contra el resto de sindicados en este expediente: los exmagistrados Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y Camilo Tarquino; el exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno y su mano derecha, el abogado Leonardo Pinilla, entre otros.
La JEP respondió en enero pasado que tenían competencia para juzgar a Ashton y que esa competencia era prevalente. O sea, que por ley le ganan el pulso a la Fiscalía. Además, señaló que como desde agosto de 2018 la Sección de Apelación había aceptado el sometimiento del exsenador liberal, luego ratificado por la SDSJ en 2019, con cartel de la toga a bordo, la discusión ya “constituye cosa juzgada”. Es decir, como ya hay, no una, sino dos decisiones que avalaron la entrada del cartel de la toga a la JEP, no hay lugar a más discusión.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) también señaló en su momento que el soborno de $600 millones que Ashton ya aceptó haberle pagado al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para torcer su proceso por parapolítica tenía como fin “cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto” y, por ende, cabe en esa justicia. En enero de este año, con ese mismo argumento, la misma SDSJ admitió al exsenador cordobés Musa Besaile, quien llegó a ser el congresista más votado del país por el Partido de la U.