27 Sep 2021 - 10:42 p. m.

Caso Mintic: las revelaciones del testigo Molina sobre la garantía falsa

Jorge Alfonso Molina es uno de los testigos con los que cuenta la Fiscalía para armar su teoría del caso contra tres involucrados en el escándalo de Mintic y los centros digitales que están en veremos. Dijo que de Centros Poblados le exigieron que se incriminara y hasta le ofrecieron abogados.

Jorge Alfonso Molina es uno de los comodines de la Fiscalía para armar su hipótesis sobre el escándalo de Mintic, en el cual se le entregó un billonario contrato a la Unión Temporal Centros Poblados para que construyera 7.000 centros digitales en zonas rurales y que, sin embargo, está manchado por presunta corrupción tras la presentación de documentos falsos por parte del contratista. Molina ya está encendiendo el ventilador y su testimonio fue clave para que el pasado viernes un juez de Bogotá enviara a los tres primeros imputados por la controversia.

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El pasado 24 de septiembre, el juez 53 de Garantías de Bogotá envió a prisión preventiva a Emilio Tapia, zar de la contratación, quien habría utilizado la unión temporal para lograr hacerse con el billonario contrato, por el cual se entregaron $70.000 millones de anticipo. También fueron penalizados con cárcel Luis Fernando Duque, representante del contratista Centros Poblados, y el agente de seguros Juan José Laverde, quien habría gestionado la expedición de una garantía del banco Itaú, que el mismo banco desmintió.

Y en medio de todos ellos, pero del lado de la Fiscalía, está el testigo Jorge Alfonso Molina. De acuerdo con Blu Radio, se trata del intermediario entre Juan José Laverde, Emilio Tapia y las demás personas que se habrían encargado de expedir la garantía falsa, con la cual Centros Poblados soportó -falsamente- la seriedad de su oferta económica. Según les dijo Molina a las autoridades, Emilio Tapia, condenado entre oportunidades por el cartel de la contratación de Bogotá, sería uno de los mejores amigos de Laverde, quien se ha declarado inocente de todo el escándalo.

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De acuerdo con el medio radial, Molina se encontró por primera vez con Emilio Tapia en octubre de 2020, en un edificio den la calle 93 con carrera 17, en el norte de Bogotá. A esa reunión, habría explicado el testigo, acudió Juan José Laverde. Ahí habrían iniciado sus negocios, incluso sobre contratos que involucrarían a la sociedad prestadora de servicios públicos Empresas Municipales de Cali (EmCali). En esos primeros acuerdos habría participado Jorge Enrique López, quien está prófugo de la justicia y quien sería otra pieza del rompecabezas de la garantía falsa.

Tras esa reunión, en octubre del año pasado, Laverde le habría comentado a Molina que el grupo de Emilio Tapia, Centros Poblados -aunque no funge como su representante legal-, se iba a presentar a la billonaria licitación de Mintic. Sin embargo, que había un problema de peso: las aseguradoras serias no querían expedir pólizas a favor de la unión temporal, pues las cuatro empresas de conforman el consorcio no cumplían con la experiencia para llevar internet a zonas rurales. Molina le habría dicho a la Fiscalía que, incluso, miembros de Centros Poblados habrían logrado modificar los pliegos de la licitación, para que en lugar de pólizas se pudiesen presentar garantías bancarias.

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Ahí es cuando entraría Juan José Laverde, miembro de la firma de seguros Rave. El procesado le habría enviado un documento borrador al testigo Molina, quien a su vez aseguró habérselo enviado a Enrique López. El prófugo, entonces, al parecer diligenció un documento falso con la imagen y el nombre de Itaú, explicando que ya se podía subir a la plataforma de contratación pública SECOP. El trámite, según dijo el testigo, duró menos de una hora.

Pero las revelaciones no se quedan ahí. De acuerdo con Molina, en abril de este año, cuando se supone la estrategia de Mintic ya debería estar en marcha, se reunió con Laverde en el Centro Comercial El Tesoro, en Medellín. Allí, Laverde le habría quitado el teléfono celular y le habría borrado todos los chats para borrar todas las conversaciones sobre el seguro bancario falso. De hecho, entre los motivos para borrar la información estaba sacar del panorama a Emilio Tapia, quien era beneficiario de libertad condicional. Hoy está preso, mientras se resuelve su situación jurídica por el escándalo de Mintic.

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El primero de mayo pasado, refirió el medio, Laverde habría citado a Tapia y a Molina en una casa de Rionegro (Antioquia). Laverde le habría dicho que se contactara con el prófugo Enrique López y con una persona conocida como Ricardo, quien al parecer presionaba al representante legal de Centros Poblados para cobrarle la garantía de Itaú. Molina reveló que el costo del documento falso fue de $2.800 millones.

Luego, según Molina, entraría en el rompecabezas un supuesto empresario de Medellín llamado Andrés Restrepo, quien al parecer tenía el trabajo de presentar un grupo empresarial para que le cedieran el billonario contrato de Mintic. Todo antes de que la cartera caducara el acuerdo y ordenara embargar las cuentas de Centros Poblados. Ahí por primera vez, lo habrían llamado de Centros Poblados para que se autoincriminara. Según Molina, le dijeron que explicara que actuaron de buena fe.

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“Necesitamos que usted se inculpe, que usted se haga cargo que la Unión Temporal no tenga ningún tema penal y nosotros a cambio le pagamos el tema jurídico sus abogados y toda la manutención que tenga usted y su familia de aquí en adelante”, confesó Molina ante la Fiscalía, según BluRadio. Además, dijo que lo habrían intentado amedrentar diciéndole que Centros Poblados era un grupo fuerte y que no quieren perder todos los contratos que tienen a la fecha. Molina es uno de los testigos clave de la Fiscalía, versión que podría entrar en un eventual juicio. ¿Y los $70.000 millones de anticipo? Aún nada se sabe del embargo a las cuentas de la unión temporal.

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