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El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, se pronunció sobre la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia con relación a si la investigación contra el expresidente debe seguir en la Sala de Instrucción del alto tribunal o en la Fiscalía General. La defensa de Uribe hizo esta solicitud ante esa corporación el pasado 19 de agosto y encendió un debate judicial sobre cuál rumbo debe tomar el expediente contra el líder natural del Centro Democrático.
(Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)
En un comunicado de prensa, el congresista del Polo Democrático señaló que “Durante estos años, numerosas circunstancias muestran que Álvaro Uribe habría aprovechado y abusado de su condición de congresista para sustentar su acusación a otro congresista de estar comprometido en presuntos delitos de soborno y fraude procesal. La conducta delictiva que se investiga tiene vínculo inescindible con su actividad o función congresional”.
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Cepeda también señaló que el proceso del exsenador Uribe en la Corte Suprema está “íntimamente ligado” al debate de control político que el senador del Polo adelantó en el Senado el 17 de septiembre de 2014, en el cual Uribe intervino en forma extensa anunciando que iría, en ese mismo momento, a presentar “pruebas” en su contra ante la Sala Penal del alto tribunal. En ese momento, Cepeda señaló que habían testimonios que señalaban a la familia Uribe Vélez de estar vinculada a la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
Uribe salió del Congreso el pasado 18 de agosto y perdió su investidura. A los dos días, su abogado Jaime Granados solicitó que el proceso fuera enviado al ente investigador pues al no ser más congresista la Corte no tendría la competencia para investigarlo en este caso. Es por esto que Cepeda recalca que mientras Uribe fue senador participó activamente de los hechos por los que hoy la Sala de Instrucción de la Corte lo tiene con casa por cárcel.
“En desarrollo de este litigio, el entonces senador Uribe -líder del partido Centro Democrático y de su bancada parlamentaria- habría recurrido a otro congresista, el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada (también investigado por el alto tribunal) para contribuir en la tarea de recoger falsas pruebas en mi contra”, señala Cepeda para reforzar su argumento de que Uribe si habría participado en el intento de cambiar los testimonios del exparamilitar Carlos Enríque Vélez alias Víctor y de Juan Guillermo Monsalve, antiguo trabajador de la finca Guacharacas, propiedad que fue de la familia del expresidente.
“Además, el hoy exsenador Uribe aprovechando la condición de superior jerárquico de su unidad de Trabajo Legislativo habría impartido instrucciones a algunos integrantes de ese equipo para que, junto al abogado Diego Cadena, contactaran en cárceles del país y del exterior a exparamilitares cuyos falsos testimonios fueron presentados ante la Corte. Las órdenes impartidas a esos colaboradores las dio Uribe en su condición de senador de la República, con ocasión del cargo y en ejercicio del mismo”, precisó el congresista Cepeda.
Para la Sala de Instrucción de la Corte es claro que el expresidente debe permanecer detenido mientras avanza el proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno. Primero porque de seguir libre podría afectar la continuidad del proceso, luego de estimar que el senador hizo ofrecimientos económicos y jurídicos a testigos para que declararan a su favor. Y, porque también habría usado a subordinados suyos de la Unidad de Trabajo Legislativo para actividades ajenas a sus labores en el Congreso, como “la gestión de pruebas” en diferentes procesos.
La Sala de Instrucción considera que algunos miembros de la UTL tuvieron un “rol protagónico en la gestión de búsqueda y aseguramiento de información y/o de testigos en sus procesos penales, al margen de las funciones institucionales de aquellos”. Se refiere especialmente a Fabián Rojas Puerta, cuyo nombre ya ha trascendido en medios, y de dos personas más de quienes no se había hablado en este tema: María Claudia (Caya) Daza (ni ella ni Rojas hacen ya parte de la unidad) y Hernán Cadavid. Este último aparece mencionado como la persona que aportó al expediente una carta de uno de los potenciales testigos.
“Uribe utilizó sesiones parlamentarias como escenario de controversia de diversos aspectos del proceso judicial o de hechos que luego se convirtieron en materia del mismo. Sobre estas intervenciones, a lo largo de los años he dejado constancias en cada una de las sesiones que han quedado debidamente registradas. Es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia mantener su competencia cuando las presuntas conductas que se endilgan se realizan con ocasión del cargo (...) también cuando existen elementos que evidencian que el ejercicio de las funciones del congresista se constituye en medio y oportunidad propicia para la ejecución de delitos como los que se investigan en esta causa”, puntualizó Cepeda.
La defensa de Uribe
Entre los argumentos de Uribe para llevar su caso a la Fiscalía está el artículo 235 de la Constitución Política el cual hace referencia a las potestades que tiene el alto tribunal, entre ellas la de investigar y juzgar a miembros del Congreso. Esa competencia se mantiene únicamente cuando las conductas bajo investigación tengan relación con las funciones desempeñadas del investigado o investigada. Es decir, que haya algún nexo con las funciones como congresista.
La defensa del exsenador Uribe está convencida de que los delitos por los cuales él es procesado nada tienen que ver con su rol como congresista y, por eso, sobre todo porque alega que la Corte no le ha dado garantías a Uribe. Los abogados del expresidente revisaron jurisprudencia de la misma Sala de Instrucción de la Corte En un auto que elaboró el magistrado Misael Rodríguez en diciembre de 2019 se lee que debe existir un vínculo necesario e inescindible entre la función parlamentaria y el delito bajo investigación.
Otro pronunciamiento de agosto de ese mismo año, del magistrado Marco Antonio Rueda, señala que esa conexión se establece si el delito se comete por causa del servicio, con ocasión del mismo o en el ejercicio de funciones inherentes al cargo congresional. Está también un fallo con ponencia del magistrado César Reyes (el ponente del caso Uribe), en el que se lee que la preservación del fuero -lo que implica también que la Corte mantenga la competencia- pasa por un buen análisis de la diferencia entre cargo y función.
Granados también solicitará lo mismo para otros procesos que se encuentran en esa corporación y que están asociados al conflicto armado, al paramilitarismo y al caso del Hacker Andrés Supúlveda. Se trata de las masacres del Aro, la Granja, San Roque y del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, este último perpetrado en febrero de 1998 en Antioquia. En 2017, Uribe quedó vinculado en estas investigaciones preliminares en la Corte luego de que el Tribunal Superior de Medellín compulsara copias en su contra. En cuanto al caso del Hacker, el alto tribunal le abrió una investigación preliminar en 2014 por los testimonios Sepúlveda en su contra. El expresidente ha negado tajantemente cualquier relación con los hechos de esas investigaciones.