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El senador Iván Cepeda convocó a una rueda de prensa en la tarde de este 31 de agosto “ante la información que circula en medios de comunicación” sobre que la Corte Suprema enviaría el caso Uribe a la Fiscalía. Durante su intervención, el congresista del Polo señaló que no ha sido notificado por la Sala de Instrucción del alto tribunal sobre esa supuesta determinación que circula en redes.
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El Espectador consultó fuentes del alto tribunal, quienes señalaron que sí hay una sala extraordinaria en este momento pero que no se ha tomado ninguna decisión. La Fiscalía señaló que no le han notificado nada sobre el traslado de este expediente judicial. A su vez, la defensa de Uribe le dijo a este diario que tampoco ha sido notificada.
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Volviendo a la intervención de Cepeda, el senador señaló que, de llegarse a confirmar que el caso pasa a la Fiscalía, recusará al fiscal Francisco Barbosa y a la vicefiscal Martha Mancera al no ser, según el congresista del Polo, garantía de imparcialidad para adelantar el caso. Su abogado, Reynaldo Villalba, señaló que, en dado caso que la recusación avance, también será recusado el presidente Iván Duque, quien estaría encargado de presentar una terna fiscal ad hoc en este proceso. “El presidente y el partido de gobierno no han demostrado imparcialidad sobre este caso”, apuntó Cepeda.
El exsenador Uribe presentó su renuncia al Congreso el 18 de agosto pasado. Un día después, su abogado Jaime Granados presentó una solicitud a la Sala de Instrucción de la Corte para que enviara el caso a la Fiscalía. El defensor argumentó que su cliente, al perder su fuero constitucional -es decir, su cargo como senador- el alto tribunal ya no era el competente para continuar el caso, sino la justicia ordinaria. Desde el 3 de agosto de 2020 Uribe tiene prisión domiciliaria, luego de que la Corte determinara que de continuar en libertad podría obstruir la justicia.
“Conforme a lo que nosotros hemos sostenido, a nuestra vocación democrática y nuestra lealtad a las instituciones, acatamos la decisión que toma la Sala de Instrucción. Eso significa que vamos a estudiar los argumentos que llevaron a la Sala, si es el caso, de tomar tomar esta determinación de transferencia de competencias. Sin embargo, queremos dejar señalado que acatamos la decisión a diferencias de lo que ha sucedido estos días”, señaló Cepeda. El senador señaló que en el último mes, cuando se ordenó la detención domiciliaria, se ha presentado un ataque “burdo” a la Corte Suprema y a sus magistrados.
“Uribe ha usado todas clase de descalificaciones. La bancada del Centro Democrático. También incluye actos como el que hoy pusimos de presente en la Corte Suprema como el de contratar una empresa de publicidad en Estados Unidos para que publicite que el alto tribunal está tomando decisiones ilegales. Es una campaña sucia contra la Corte”, señaló Cepeda. Uribe es señalado de ser el determinador de un intento por cambiar el testimonio de un testigo en su contra que lo señala de ser uno de los creadores del bloque Metro de los paramilitares en Antioquia.
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El origen del caso contra Uribe
En febrero de 2012, durante un debate de control político sobre la génesis y auge del paramilitarismo en Antioquia, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda presentó graves denuncias relacionadas con la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó, en el nordeste antioqueño. Cepeda reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de esa finca, y de un paramilitar conocido como Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del Bloque Cacique Pipintá de las Auc, la finca había sido sede del Bloque Metro de los paramilitares.
“Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”, reveló alias Alberto Guerrero al congresista Cepeda en agosto de 2011. En curso del debate de 2012, lo presentó como una prueba de sus denuncias. Álvaro Uribe negó los señalamientos, reiteró que desde 1983 había dejado de ir a la hacienda, y para demostrar su desacuerdo con Cepeda, el mismo día del debate acudió a la Corte Suprema para denunciar al congresista del Polo por la presunta manipulación de las versiones de los exparamilitares.
En de septiembre de 2014, cuando ya Uribe Vélez ejercía en condición de senador, Cepeda promovió un nuevo debate en el Congreso sobre paramilitarismo en Antioquia, y volvió a chocar con el expresidente. Uribe radicó en la Corte Suprema un memorial para que se tuvieran en cuenta varias entrevistas realizadas por un investigador privado a los exparamilitares Ramiro de Jesús Henao, alias Simón y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, que señalaron a Cepeda de hacer ofrecimientos a cambio de declarar contra Uribe.
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La Corte Suprema se tomó seis años para adoptar una decisión, y en febrero de 2018, archivó la denuncia contra Cepeda señalando que no había pruebas para avanzar en esa indagación. Asimismo, ordenó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos y soborno debía ser el expresidente. Seis días después, el alto tribunal recibió información de la defensa de Iván Cepeda sobre supuestas presiones a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su testimonio, razón por la cual la Corte Suprema abrió otra investigación a Uribe Vélez y lo llamó a indagatoria, junto con el representante a la Cámara por el departamento del Huila, Álvaro Hernán Prada, quien habría participado en esos hechos.