Chiquita se opone a que desclasifiquen archivos

La primera y única vez que Chiquita Brands ha sido sancionada por sus pagos a grupos paramilitares en Colombia fue en 2007. Luego de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chiquita fue obligada a pagar US$25 millones, a implementar un programa de ética y a permanecer por cinco años en período de prueba. Sanciones penales no se vieron en ese momento. Pero ahora que Chiquita enfrenta nueve procesos judiciales en EE.UU. y uno en Colombia, la multinacional ha enfilado sus baterías para evitar que documentos que ella entregó como parte de su acuerdo con la justicia sean difundidos, tal como lo está pidiendo el National Security Archive (NSA).

“Esta es la primera vez en casi 30 años que una multinacional como Chiquita intenta bloquear la difusión de récords al National Security Archive —le dijo a este diario Michael Evans, investigador del NSA—. Es probablemente el conjunto más grande de información que se haya reunido sobre vínculos corporativos con el terrorismo. Fue una investigación extensa que involucró a varias agencias federales y resultó en la primera y, hasta ahora, única condena contra una compañía estadounidense gigante por financiar a un grupo terrorista. Esta es una oportunidad para que Chiquita confiese sus vínculos con el terrorismo”.

El National Security Archive, un centro de investigación que pertenece a la George Washington University, lleva 13 años trabajando en una línea de investigación relacionada con el conflicto colombiano. Ellos han conseguido que se levante la reserva sobre archivos del gobierno estadounidense que han evidenciado, por ejemplo, las reuniones clandestinas de diplomáticos estadounidenses con jefes guerrilleros; los vínculos de Víctor Carranza con los paramilitares, o la responsabilidad de las Fuerzas Militares en el surgimiento del paramilitarismo. “Somos una organización sin ánimo de lucro dedicada a abrir archivos secretos sobre política exterior estadounidense”, expresó Evans.

En 2011 el NSA consiguió que 5.500 documentos de Chiquita fueran desclasificados. En ellos se leía que, tal como había afirmado el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, Chiquita destinaba a los paramilitares del Urabá y de Santa Marta 3 centavos de dólar por caja de bananos exportada. En 2012 volvieron a pedir el acceso a otros archivos y, en diciembre de ese año, una agencia federal llamada Securities and Exchange Commission (SEC) aceptó desclasificar otra compilación de miles de páginas que tiene el Departamento de Justicia en su poder, por cuenta del acuerdo con Chiquita. Según la SEC, sólo 44 páginas de ese conjunto de archivos tenían carácter confidencial, pero Chiquita apeló y la SEC determinó que sólo soltaba la información con el aval de un juez.

Así fue como Chiquita resultó recurriendo a la Corte del Distrito de Columbia, a la que le pidió el pasado 4 de abril que le ordenara a la SEC no revelar los archivos porque se afectaría “irremediablemente” la imparcialidad de los procesos en curso en Colombia y en EE.UU. Voceros de la bananera le dijeron a este diario que esos procesos “no tienen fundamento, porque la compañía fue extorsionada” y aseveraron que el NSA sólo busca esa información porque quiere orquestar otra campaña mediática en su contra y porque colabora “activamente con personas interesadas en litigios que se adelantan contra Chiquita”. A la Corte de Columbia le dijeron que el NSA está detrás de un extenso litigio en Florida que reúne varias demandas.

“Esos alegatos son falsos”, refutó Michael Evans, respaldado por el abogado de la George Washington University que representa al NSA ante la Corte de Columbia, Jeffrey Gutman: “El NSA no usa estos documentos en juicios y no es parte ni lo será en ningún proceso judicial contra Chiquita”. Chiquita alegó también en su recurso ante la Corte que los del NSA ya una vez malinterpretaron la información desclasificada, usándola para lograr que la gente se hiciera juicios errados sobre la multinacional. El NSA defiende el análisis que hizo en 2011: que Chiquita no fue extorsionada, sino que hizo transacciones con las autodefensas para beneficio propio.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que, efectivamente, la desclasificación de esos documentos podría alterar el cauce de la investigación que se está realizando en Colombia por supuesta financiación a grupos armados. En octubre del año pasado el despacho del vicefiscal general reabrió el expediente en contra de varios exejecutivos de la bananera, luego de que una Fiscalía de Medellín lo cerrara en marzo de 2012. Pero si los documentos se mantienen en reserva y no se difunden tampoco en juicio, a la Fiscalía sólo le quedaría recurrir al Departamento de Justicia para que los entregue voluntariamente. “No hay manera de presionar”, dijo una fuente del organismo.

Estados Unidos concluyó que Chiquita dio casi US$1,7 millones a las Auc entre 1997 y 2004 en más de 100 pagos, que la mitad de ellos se hicieron cuando las Auc ya habían sido designadas grupo terrorista y que entregaron al menos US$300 mil cuando ya eran investigadas. En el acuerdo con el Departamento de Justicia se lee que desde 2003 la bananera había sido advertida de que debía detener los pagos y salir de Colombia. La multinacional mantiene hasta la saciedad que actuó bajo coerción e indica que confía en la Fiscalía colombiana, organismo que seguirá en deuda con el país hasta que esclarezca si Chiquita Brands —y otras bananeras, de paso—, como lo han denunciado varios exjefes paramilitares del Urabá, apoyó o no la expansión del paramilitarismo

La primera y única vez que Chiquita Brands ha sido sancionada por sus pagos a grupos paramilitares en Colombia fue en 2007. Luego de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chiquita fue obligada a pagar US$25 millones, a implementar un programa de ética y a permanecer por cinco años en período de prueba. Sanciones penales no se vieron en ese momento. Pero ahora que Chiquita enfrenta nueve procesos judiciales en EE.UU. y uno en Colombia, la multinacional ha enfilado sus baterías para evitar que documentos que ella entregó como parte de su acuerdo con la justicia sean difundidos, tal como lo está pidiendo el National Security Archive (NSA).

“Esta es la primera vez en casi 30 años que una multinacional como Chiquita intenta bloquear la difusión de récords al National Security Archive —le dijo a este diario Michael Evans, investigador del NSA—. Es probablemente el conjunto más grande de información que se haya reunido sobre vínculos corporativos con el terrorismo. Fue una investigación extensa que involucró a varias agencias federales y resultó en la primera y, hasta ahora, única condena contra una compañía estadounidense gigante por financiar a un grupo terrorista. Esta es una oportunidad para que Chiquita confiese sus vínculos con el terrorismo”.

El National Security Archive, un centro de investigación que pertenece a la George Washington University, lleva 13 años trabajando en una línea de investigación relacionada con el conflicto colombiano. Ellos han conseguido que se levante la reserva sobre archivos del gobierno estadounidense que han evidenciado, por ejemplo, las reuniones clandestinas de diplomáticos estadounidenses con jefes guerrilleros; los vínculos de Víctor Carranza con los paramilitares, o la responsabilidad de las Fuerzas Militares en el surgimiento del paramilitarismo. “Somos una organización sin ánimo de lucro dedicada a abrir archivos secretos sobre política exterior estadounidense”, expresó Evans.

En 2011 el NSA consiguió que 5.500 documentos de Chiquita fueran desclasificados. En ellos se leía que, tal como había afirmado el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, Chiquita destinaba a los paramilitares del Urabá y de Santa Marta 3 centavos de dólar por caja de bananos exportada. En 2012 volvieron a pedir el acceso a otros archivos y, en diciembre de ese año, una agencia federal llamada Securities and Exchange Commission (SEC) aceptó desclasificar otra compilación de miles de páginas que tiene el Departamento de Justicia en su poder, por cuenta del acuerdo con Chiquita. Según la SEC, sólo 44 páginas de ese conjunto de archivos tenían carácter confidencial, pero Chiquita apeló y la SEC determinó que sólo soltaba la información con el aval de un juez.

Así fue como Chiquita resultó recurriendo a la Corte del Distrito de Columbia, a la que le pidió el pasado 4 de abril que le ordenara a la SEC no revelar los archivos porque se afectaría “irremediablemente” la imparcialidad de los procesos en curso en Colombia y en EE.UU. Voceros de la bananera le dijeron a este diario que esos procesos “no tienen fundamento, porque la compañía fue extorsionada” y aseveraron que el NSA sólo busca esa información porque quiere orquestar otra campaña mediática en su contra y porque colabora “activamente con personas interesadas en litigios que se adelantan contra Chiquita”. A la Corte de Columbia le dijeron que el NSA está detrás de un extenso litigio en Florida que reúne varias demandas.

“Esos alegatos son falsos”, refutó Michael Evans, respaldado por el abogado de la George Washington University que representa al NSA ante la Corte de Columbia, Jeffrey Gutman: “El NSA no usa estos documentos en juicios y no es parte ni lo será en ningún proceso judicial contra Chiquita”. Chiquita alegó también en su recurso ante la Corte que los del NSA ya una vez malinterpretaron la información desclasificada, usándola para lograr que la gente se hiciera juicios errados sobre la multinacional. El NSA defiende el análisis que hizo en 2011: que Chiquita no fue extorsionada, sino que hizo transacciones con las autodefensas para beneficio propio.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que, efectivamente, la desclasificación de esos documentos podría alterar el cauce de la investigación que se está realizando en Colombia por supuesta financiación a grupos armados. En octubre del año pasado el despacho del vicefiscal general reabrió el expediente en contra de varios exejecutivos de la bananera, luego de que una Fiscalía de Medellín lo cerrara en marzo de 2012. Pero si los documentos se mantienen en reserva y no se difunden tampoco en juicio, a la Fiscalía sólo le quedaría recurrir al Departamento de Justicia para que los entregue voluntariamente. “No hay manera de presionar”, dijo una fuente del organismo.

Estados Unidos concluyó que Chiquita dio casi US$1,7 millones a las Auc entre 1997 y 2004 en más de 100 pagos, que la mitad de ellos se hicieron cuando las Auc ya habían sido designadas grupo terrorista y que entregaron al menos US$300 mil cuando ya eran investigadas. En el acuerdo con el Departamento de Justicia se lee que desde 2003 la bananera había sido advertida de que debía detener los pagos y salir de Colombia. La multinacional mantiene hasta la saciedad que actuó bajo coerción e indica que confía en la Fiscalía colombiana, organismo que seguirá en deuda con el país hasta que esclarezca si Chiquita Brands —y otras bananeras, de paso—, como lo han denunciado varios exjefes paramilitares del Urabá, apoyó o no la expansión del paramilitarismo