CIDH admite la petición del general (r) Uscátegui de revisar su proceso

Este jueves y tras 11 años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, admitió la petición que el General (r) Jaime Uscátegui, hoy condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, había presentado desde el año 2003 alegando violaciones al debido proceso y otras garantías personales.

Con el informe de admisibilidad, expedido por la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, se da apertura al expediente No. 12.977 y se fija un periodo de 4 meses para sustentar el fondo del caso, que según el hijo del general, presenta serias irregularidades que involucran a falsas víctimas, falsos testigos y falsas pruebas. “Todo ha estado orientado a culpar a mi padre por una supuesta omisión, mientras los verdaderos responsables de la masacre no han sido sancionados”, ha declarado José Jaime Uscátegui.

“En criterio de la CIDH, existen suficientes méritos para considerar que al General Uscátegui se le han violado los siguientes artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos: 5º (Derecho a la Integridad Personal), 7º (Derecho a la Libertad Personal), 8º (Garantías Judiciales) y 25º (Protección Judicial)”, dice el texto de ese organismo internacional.

Esta es la primera vez en la historia del país que un alto oficial del Ejército Nacional recibe el respaldo de la CIDH para intentar demostrar que su proceso habría sido manipulado con la existencia de falsas víctimas, falsos testigos y otros abusos graves por las cuales el Estado debe ahora responder.

La CIDH es una entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que opera de forma autónoma en la protección de los derechos humanos. Es usual que pida a un Estado que adopte medidas cautelares en determinadas ocasiones, según establece su propio reglamento, para proteger a una persona de un daño irreparable en momentos de gravedad y urgencia.

La condena al general

Según la Fiscalía, el general Uscátegui, el 17 de julio de 1997 obtuvo información en detalle proveniente de un subalterno suyo, según la cual un grupo de paramilitares había llegado a Mapiripán con la intención de cometer una masacre.

El ente acusador sostuvo que el general "no habría realizado ninguna acción positiva contando con los medios y el deber jurídico de hacerlo, en su calidad de comandante de la VII Brigada, dejando a los habitantes de Mapiripán a merced de un grupo de autodefensas ilegales".

Esos hombres armados, que hacían parte de las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá llegaron a Mapiripán, y asesinaron al menos a 39 personas. Un número hasta hoy desconocido de víctimas fue arrojado al río Guaviare, por los mismo homicidas.

En octubre pasado de 2009, un juzgado de Villavicencio condenó al suboficial retirado del Ejército Leonardo Montoya Rubiano, a Francisco Enrique Gómez Vergaño y Arnoldo Vergara Trespalacios, alias "Mochacabezas", por su participación en esa misma masacre.

Los tres acusados fueron encontrados culpables del delito de homicidio agravado y secuestro extorsivo agravado, y Gómez Vergaño como Vergara Trespalacios también fueron condenados por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

Por estos mismos hechos ya habían sido condenados también a 40 años de prisión el coronel retirado del Ejército Lino Hernando Sánchez Prado, y los suboficiales retirados José Miller Urueña Díaz y Juan Carlos Gamarra Polo.

Así mismo, a este proceso judicial se encuentra vinculado el jefe desmovilizado de las Autodefensas Salvatore Mancuso, pues los paramilitares con la colaboración de miembros del Ejército habrían realizado la masacre.

El general Uscátegui durante todo el proceso alegó que Mapiripán no estaba en su jurisdicción y que, por ello no hubo omisión.

Es recordada la escena de enero de 2005 en la que el mismo juez, que este miércoles lo exoneró, le preguntó a general retirado si conocía el nombre del paramilitar que había ordenado la masacre y éste con lágrimas en los ojos le contesto que "prefiero que mis hijos tengan un padre preso y no un padre en una tumba", para evitar las retaliaciones de Salvatore Mancuso, acogido a la Ley de Justicia y Paz.

Mancuso, en sus indagatorias aceptó la planeación de la masacre y dijo que recibió colaboración del coronel del Ejército Lino Sánchez, quien ya recibió una condena de 40 años, pero nunca no mencionó a Uscátegui.

El 15 de septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano como responsable por la masacre, al determinar que servidores estatales y particulares coordinaron las acciones que producirían la matanza.