Colombia se 'raja' en el examen de derechos humanos de la ONU
En la evaluación que se adelantó en Ginebra (Suiza) expertos de las Naciones Unidas llamaron la atención sobre la impunidad que rodea las violaciones de derechos civiles.
EFE y Redacción Judicial
En el marco del 118 período de reuniones ordinarias de las Naciones Unidas, por séptima vez en la historia Colombia pasó al banquillo para responderle al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las medidas que ha tomado para proteger los derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país en 1969.
Pese a los argumentos del Estado colombiano, los 18 expertos que estudiaron la situación de Colombia se mostraron inconformes y decepcionados por las medidas que el país ha tomado para proteger a sus ciudadanos en estos temas. Llamaron la atención especialmente en las problemáticas relacionadas con el conflicto armado interno, el paramilitarismo, la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y de prensa, los derechos de las mujeres y la justicia transicional.
“Me uno a la experta Cleveland, al experto Rescia y a otros compañeros de este Comité en denunciar la enorme impunidad que reina en Colombia en muchísimos ámbitos. Es un problema tan grande que creo que es central para el Gobierno lidiar con él", afirmó Nigel Rodley, miembro del Comité.
Hace siete años no se evaluaba al Estado Colombiano en el Comité de Derechos Humanos de la Onu. Yineth Bedoya, periodista y víctima de violación y tortura, quien estuvo presente en la audiencia, señaló que los expertos se mostraron inconformes sobre todo como las respuestas vagas y evasivas frente a lo que ha venido realizando el país en materia de derechos.
Olivier de Frouville, Sarah Cleveland y Nigel Rodley se quejaron por la poca concreción y detalle de Colombia tanto en el informe que presentó al Comité como en las respuestas a las preguntas formuladas en la sesión de evaluación. De hecho, varias organizaciones sociales enviaron un informe alterno al Comité para plantearle preguntas que el Estado no abordó en su documento oficial.
“Desespera que en las 48 horas que el Comité le dio al estado Colombiano para que respondiera, que empieza a partir de este momento, aún no lo haya hecho”, señaló Bedoya, cuyo caso todavía está en la impunidad. El Comité recibirá las respuestas de Colombia por escrito y el próximo 4 de noviembre presentará las recomendaciones al país para avanzar en el cumplimiento del pacto de derechos civiles.
Derechos de las mujeres e igualdad de género
Tal vez en el tema en el que más se ‘rajó’ el país fue en los derechos de las mujeres. Los expertos enfatizaron en la impunidad en los casos de violencia sexual y en la violencia que las mujeres sufren no en el marco del conflicto arando sino en la vida diaria.
Por ejemplo, los miembros del Comité cuestionaron al Estado sobre la asistencia prestada a las mujeres en la judicialización de casos de violencia intrafamiliar, de violaciones y el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que permite el aborto en tres casos excepcionales.
Olivier de Frouville señaló que a pesar de esta orden, "la vasta mayoría de los abortos son clandestinos e inseguros". Frouville dijo que, según un informe recibido, en 2008 en Colombia se llevaron a cabo 400.400 abortos, de los cuales sólo 322 se hicieron cumpliendo con los requisitos legales. El experto mostró malestar porque estos datos no coincidían con los expuestos por la delegación colombiana.
Libertad de expresión y garantías para la protesta social
En cuanto al derecho de la libertad de expresión, los expertos formularon dos preguntas puntuales al Estado colombianos sobre el seguimiento y las interceptaciones ilegales que se denunciaron a finales del 2015 contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales, quienes estaban adelantando investigaciones contra miembros de la Policía, en el sonado caso de una presunta red de prostitución al interior de esa institución, conocido como la “Comunidad del Anillo”.
En cuanto a las condenas a quienes atentan contra la libertad de expresión y de prensa, los expertos hicieron fuertes críticas al Estado. Sarah Cleveland dijo que "de los 219 asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos registrados entre el año 2009 y el 2013 sólo se ha otorgado una condena. ¿Qué hace el Estado para acabar con esta impunidad?".
Respecto a la criminalización de la protesta social, la Flip comentó que Colombia presentó un protocolo para garantizar los derechos de los manifestantes, el cual está siendo elaborado por la Consejería para los Derechos Humanos en conjunto con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y distintas organizaciones sociales.
Conflicto armado y paramilitarismo
En esta parte de la evaluación, Rodríguez Rescia, uno de los evaluadores, señaló que "hay dos Colombias, la de Bogotá, la del Estado de Derecho, y otra la de Caquetá, la de las violaciones, las amenazas, donde el Estado no está y los crímenes quedan en la impunidad". Además, se llamó la atención por la falta de condenas contra agentes del Estados presuntamente implicados en torturas, asesinatos y que hayan impedido la protesta social.
En cuanto al paramilitarismo, los expertos señalaron que el proceso de Justicia y Paz fue una puerta abierta a la impunidad, sobre todo después de la extradición de los exjefes paramilitares, pus privó a las víctimas de la verdad y la reparación. El Comité le preguntó al estado de qué manera iba a blindar el tema de la justicia transicional con las Farc para que no ocurriera lo mismo.
En el marco del 118 período de reuniones ordinarias de las Naciones Unidas, por séptima vez en la historia Colombia pasó al banquillo para responderle al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las medidas que ha tomado para proteger los derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país en 1969.
Pese a los argumentos del Estado colombiano, los 18 expertos que estudiaron la situación de Colombia se mostraron inconformes y decepcionados por las medidas que el país ha tomado para proteger a sus ciudadanos en estos temas. Llamaron la atención especialmente en las problemáticas relacionadas con el conflicto armado interno, el paramilitarismo, la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y de prensa, los derechos de las mujeres y la justicia transicional.
“Me uno a la experta Cleveland, al experto Rescia y a otros compañeros de este Comité en denunciar la enorme impunidad que reina en Colombia en muchísimos ámbitos. Es un problema tan grande que creo que es central para el Gobierno lidiar con él", afirmó Nigel Rodley, miembro del Comité.
Hace siete años no se evaluaba al Estado Colombiano en el Comité de Derechos Humanos de la Onu. Yineth Bedoya, periodista y víctima de violación y tortura, quien estuvo presente en la audiencia, señaló que los expertos se mostraron inconformes sobre todo como las respuestas vagas y evasivas frente a lo que ha venido realizando el país en materia de derechos.
Olivier de Frouville, Sarah Cleveland y Nigel Rodley se quejaron por la poca concreción y detalle de Colombia tanto en el informe que presentó al Comité como en las respuestas a las preguntas formuladas en la sesión de evaluación. De hecho, varias organizaciones sociales enviaron un informe alterno al Comité para plantearle preguntas que el Estado no abordó en su documento oficial.
“Desespera que en las 48 horas que el Comité le dio al estado Colombiano para que respondiera, que empieza a partir de este momento, aún no lo haya hecho”, señaló Bedoya, cuyo caso todavía está en la impunidad. El Comité recibirá las respuestas de Colombia por escrito y el próximo 4 de noviembre presentará las recomendaciones al país para avanzar en el cumplimiento del pacto de derechos civiles.
Derechos de las mujeres e igualdad de género
Tal vez en el tema en el que más se ‘rajó’ el país fue en los derechos de las mujeres. Los expertos enfatizaron en la impunidad en los casos de violencia sexual y en la violencia que las mujeres sufren no en el marco del conflicto arando sino en la vida diaria.
Por ejemplo, los miembros del Comité cuestionaron al Estado sobre la asistencia prestada a las mujeres en la judicialización de casos de violencia intrafamiliar, de violaciones y el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que permite el aborto en tres casos excepcionales.
Olivier de Frouville señaló que a pesar de esta orden, "la vasta mayoría de los abortos son clandestinos e inseguros". Frouville dijo que, según un informe recibido, en 2008 en Colombia se llevaron a cabo 400.400 abortos, de los cuales sólo 322 se hicieron cumpliendo con los requisitos legales. El experto mostró malestar porque estos datos no coincidían con los expuestos por la delegación colombiana.
Libertad de expresión y garantías para la protesta social
En cuanto al derecho de la libertad de expresión, los expertos formularon dos preguntas puntuales al Estado colombianos sobre el seguimiento y las interceptaciones ilegales que se denunciaron a finales del 2015 contra las periodistas Vicky Dávila y Claudia Morales, quienes estaban adelantando investigaciones contra miembros de la Policía, en el sonado caso de una presunta red de prostitución al interior de esa institución, conocido como la “Comunidad del Anillo”.
En cuanto a las condenas a quienes atentan contra la libertad de expresión y de prensa, los expertos hicieron fuertes críticas al Estado. Sarah Cleveland dijo que "de los 219 asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos registrados entre el año 2009 y el 2013 sólo se ha otorgado una condena. ¿Qué hace el Estado para acabar con esta impunidad?".
Respecto a la criminalización de la protesta social, la Flip comentó que Colombia presentó un protocolo para garantizar los derechos de los manifestantes, el cual está siendo elaborado por la Consejería para los Derechos Humanos en conjunto con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y distintas organizaciones sociales.
Conflicto armado y paramilitarismo
En esta parte de la evaluación, Rodríguez Rescia, uno de los evaluadores, señaló que "hay dos Colombias, la de Bogotá, la del Estado de Derecho, y otra la de Caquetá, la de las violaciones, las amenazas, donde el Estado no está y los crímenes quedan en la impunidad". Además, se llamó la atención por la falta de condenas contra agentes del Estados presuntamente implicados en torturas, asesinatos y que hayan impedido la protesta social.
En cuanto al paramilitarismo, los expertos señalaron que el proceso de Justicia y Paz fue una puerta abierta a la impunidad, sobre todo después de la extradición de los exjefes paramilitares, pus privó a las víctimas de la verdad y la reparación. El Comité le preguntó al estado de qué manera iba a blindar el tema de la justicia transicional con las Farc para que no ocurriera lo mismo.