La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado colombiano, en cabeza de su Gobierno, que se le informe cuáles han sido las acciones tendientes a garantizar la seguridad del abogado defensor de derechos humanos, Jorge Molano, luego de la medida cautelar que el fue concedida hace varios meses.
En una comunicación dirigida a la Corporación Sembrar, de la que hace parte el jurista, se hizo la advertencia acerca de la solicitud expresa que se le hizo a las autoridades, en ese sentido, más aún después de las denuncias que hizo Molano, referentes al recrudecimiento de una persecución en contra de él y su compañera permanente, que amenaza sus vidas.
De la misma manera, Amnistía Internacional solicitó que se impartan nuevas medidas tendientes a garantizar la vida del abogado, teniendo en cuenta los precedentes en torno a los seguimientos y la vigilancia irregular en su contra, así como los hechos violentos que se han registrado en contra de otros juristas que, como el caso de Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en 1998.
Precisamente, dijo Molano, las amenazas se incrementaron luego de que asumiera la representación de la parte civil en los procesos que se adelantan en contra de militares, presuntamente responsables de la desaparición forzada de varios civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, una lucha que fue liderada por Umaña Mendoza durante varios años.
No obstante, la persecución también había sido latente y coincidente con la apertura de otros casos, como el de la masacre de San José de Apartidó, en la que se alega la responsabilidad del ex comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército, Rito Alejo del Río.
Jorge Molano fue otra de las víctimas de las interceptaciones telefónicas ilegales que se ejercieron desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de ahí que se le haya asignado un personal de seguridad permanente, por exigencia de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otras organizaciones civiles, como Frontline de Irlanda, se solidarizaron con el drama que dice vivir el defensor de derechos humanos y solicitaron a las autoridades colombianas que se impartan medidas urgentes de protección, con el fin de garantizarle la vida a él y a sus seres queridos.