“Con nosotros no se perdió un solo peso”: Jaime Quintero, por caso Odebrecht

Jaime Quintero - Contelac

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Jaime Buenaventura Quintero Sagre es uno de los llamados a responder por el caso que une a Odebrecht con el carrusel de la contratación en Bogotá (Ver al final actualización de esta noticia). Su empresa Contelac fue la interventora de la obra de $244.000 millones que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) le adjudicó al Consorcio Canoas, compuesto por Odebrecht y CASS Constructores, empresa del Grupo Solarte. La Fiscalía indaga si la firma de Quintero sirvió como vehículo para pagar sobornos.

En entrevista con El Espectador, Jaime Quintero, directivo de Contelac, desvirtuó los señalamientos en su contra que apuntan a que su empresa sirvió de vehículo para el pago de sobornos en el escándalo de Odebrecht. Quintero advirtió que en 30 años de carrera nunca ha tenido tacha alguna; sostuvo que su rol como interventor no le permitía saber si se estaban pagando coimas; afirmó que nunca pactó algo ilegal con Andrés Cardona (contratista de la EAAB) y empresas mexicanas, y manifestó que este episodio lo tiene al borde de la quiebra. El próximo 31 de agosto, junto con el exalcalde Samuel Moreno y el ingeniero Orlando Fajardo, le imputarán cargos por este caso.

¿Cómo explica la situación que está afrontando?

Me enteré por la prensa de que la Fiscalía me imputaría cargos por falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Todo se refiere a unos subcontratos que el contratista de la obra (el Consorcio Canoas) hizo con Orlando Fajardo, Andrés Cardona y Federico Gaviria. La Fiscalía piensa que nosotros hemos debido objetar. No lo hicimos en ese momento (2009) porque no sospechábamos que esas personas estuvieran implicadas en actividades ilícitas.

¿Cómo y cuándo llega Contelac a la interventoría del proyecto Tunjuelo-Canoas?

El 22 de febrero de 2010. Un mes después pedimos un informe al contratista sobre el anticipo.

¿Cuándo se giró el anticipo?

El 30 de diciembre de 2009 (misma fecha en la que se firmó el contrato) por $48.000 millones.

¿Qué se hizo con esa plata?

Se consignó en una cuenta de ahorros, como estaba estipulado en el contrato. Al pedir el informe sobre el anticipo, nos dimos cuenta de que el contratista optó por abrir una cuenta en la Fiducia Correval para tener facilidades para el giro de los dineros, pues con una cuenta de ahorros no se podían girar cheques. Como interventores, mandamos un oficio a la EAAB diciendo que no estábamos de acuerdo con la aprobación de esa figura, porque la cuenta autorizada era de ahorros y no generaba intereses.

El argumento principal de la Fiscalía es que su empresa Contelac sirvió como vehículo para pagar coimas en el caso Odebrecht y el contrato Tunjuelo-Canoas…

No fuimos partícipes del contrato, fuimos interventores de la obra. Nunca recibimos dinero alguno del contratista, de Odebrecht o de CASS Constructores (empresa del Grupo Solarte). Nunca hemos recibido plata ni sobornado para ganar un contrato. Ese señalamiento nace de un viaje que se hizo a México con Andrés Cardona. Ese es todo el argumento.

¿Cuándo fue ese viaje con Andrés Cardona y por qué está relacionado con el caso Tunjuelo-Canoas

Eso fue en febrero de 2009, diez meses antes de que se adjudicara el contrato. Andrés Cardona, quien era un empresario del sector de aguas, me contactó para que lo ayudara a reunirse con una empresa mexicana porque él quería presentarse en asociación para la licitación de la obra Tunjuelo-Canoas. En el gremio se sabe que yo desde el 2004 tengo contacto con empresas mexicanas que se dedican a construir túneles para el tema de aguas, así que me pidió el favor. Lo contacté con José Antonio Torres, de Microtúnel para que hicieran gestiones en ese país y buscaran una firma especialista. Esa diligencia no fructificó, pues ninguna empresa de México se presentó para construir la obra.

Una de las pruebas de la Fiscalía en su contra es una cuenta de cobro que pasó Federico Gaviria (condenado por el carrusel de contratos) por temas de asesoría financiera y que supuestamente sirvió para pagar coimas. ¿Cómo se dio esta situación?

Como interventores teníamos la obligación de recibir los pagos ya ejecutados del anticipo por parte del contratista y darles un visto bueno u objeción. Lo que teníamos que ver con cada pago es que esa actividad cobrada estuviera dentro de un plan general de inversión del anticipo. El primer plan fue aprobado por la EAAB. La factura de Federico Gaviria se trataba de una asesoría financiera. Consideramos que, dada la magnitud de la obra, este tipo de asesorías eran convenientes, y no objetamos nada porque correspondía a un rubro del plan general del anticipo aprobado por el Acueducto.

¿En qué contexto conoce a Federico Gaviria, a quien le giró la suma de $432 millones?

Nunca he hablado ni conocido a Federico Gaviria. Hoy sé quién es. Pero en ese momento, en el 2009, no lo sabía y me pareció normal la factura, porque era para una asesoría financiera para un contrato de $240.000 millones, que requiere planeación financiera, contacto con los bancos, entre otros.

Se presume que con la plata de los anticipos usted autorizó la subcontratación de Orlando Fajardo y Andrés Cardona, dos contratistas implicados en el escándalo. ¿Cómo se aprobaron esos desembolsos?

En este caso, la interventoría no autorizaba la contratación. Era un contrato de modalidad llave en mano, en la que el contratista, asumiendo todos los riesgos, ejecutaba una obra a un valor fijo. La interventoría tenía que velar para que la obra se ejecutara de acuerdo con las especificaciones técnicas, para que luego de realizada la obra se pagara el valor acordado en el contrato. No importaba a quién contratara el consorcio y a qué costo, porque la EAAB y la interventoría sólo aprobaban los valores pactados previamente. No les hacíamos seguimiento a los subcontratos y sólo nos interesaba que la obra quedara bien ejecutada.

Usted dijo que Andrés Cardona lo contactó para hablar con la empresa mexicana Microtúnel, una sociedad que usted representó en Colombia a mediados de 2004. ¿No genera suspicacia que sea esa la empresa en la que pensó Cardona para que se metiera al negocio de Tunjuelo-Canoas?

En 2009 no se sabía nada del carrusel de la contratación. Sólo hasta mediados de 2010 se tuvo la primera información y a finales de ese mismo año llegaron unos anónimos al Acueducto de Bogotá. En esa época de la reunión no se podía intuir que existía ese carrusel y que Cardona y Federico Gaviria fueron parte. Era normal que un empresario como Andrés Cardona, del sector de aguas, se encontrara conmigo en distintos espacios y me pidiera el favor de contactarse con empresas mexicanas por mi relación con esas firmas. Yo le dije que sí, lo contacté con José Antonio Torres de Microtúnel y le dije que fuéramos juntos, porque yo ya tenía planeado un viaje a México. Yo llevo viajando a ese país entre tres y cuatro veces al año desde el 2004. No fue que yo hiciera ese viaje exprés para acordar cosas con Cardona.

¿Se ha acercado a la Fiscalía para aclarar esta situación?

Fui citado a interrogatorio por la Fiscalía hace dos meses. Entregué todas las pruebas del viaje a México y de cómo se ejecutó la interventoría. Se entregaron cartas en las que Contelac solicita al Acueducto que multe al contratista en dos o tres ocasiones. Hay más de 1.600 oficios que demuestran un control estricto de la ejecución de la obra. Quedó bien técnicamente, pero no se finalizó porque la EAAB no compró un predio para terminar la obra.

Su socio en la interventoría fue una empresa mexicana llamada Coniisa. En la investigación de la Fiscalía se presume que Cardona buscó una firma mexicana para que se metiera en el negocio, pagara sobornos y asegurara la licitación. ¿Esa firma es Coniisa?

No. De ahí viene la confusión y creo que esa es la razón por la que estoy siendo imputado. En el viaje que hizo Cardona, la sociedad Microtúnel de México lo puso en contacto con una empresa que se llama Cotrisa, una constructora especializada en túneles. Esa firma, por varias circunstancias, como la muerte de uno de sus fundadores, decidió no entrar a la licitación de Tunjuelo-Canoas. Hasta ahí llegó la gestión. Por mi parte, desde fechas anteriores y tras varios viajes a México, venía haciendo contactos para asociarme con una firma especializada en consultoría, no en construcción, como es Coniisa. La idea era participar en múltiples proyectos y mi viaje tuvo un objeto diferente al de Cardona.

¿Andrés Cardona se reunió alguna vez con Coniisa?

No.

Contelac comenzó a ejercer como interventor de Tunjuelo-Canoas en 2010. Además, Federico Gaviria radicó la cuenta por cobrar el 19 de marzo de 2010 por servicios de consultoría financiera por $432 millones. ¿Hay alguna relación entre estas circunstancias?

Nosotros nos enteramos de ese pago de forma posterior, después de que nos llegó el informe de pagos del anticipo de parte del contratista. En ese momento no sabíamos quién era Federico Gaviria y no le dimos la no objeción.

¿En qué consistía el anticipo de contrato de servicios y consultoría del proyecto Canoas, especialmente el servicio de consultoría a Federico Gaviria?

Esa factura la pagan con el anticipo. Es un contrato grande que el contratista hizo con Federico Gaviria. Hay otras facturas mensuales que él le cobraba a CASS por la asesoría que brindaba. La asesoría, como su nombre lo indica, no tiene productos. Uno sólo recibe el concepto de un experto en ciertos temas y ya. A mí me preguntaron: “¿Dónde están los productos de las asesorías?”. No hay un informe al que uno pueda remitirse y, si lo hubiera, como interventor no me podía entrometer. Eso no era asunto mío, sólo le compete al contratista.

¿Cómo desvirtuar las declaraciones de protagonistas del carrusel de la contratación como Emilio Tapia, Manuel Sánchez y Julio Gómez sobre este caso?

De lo que más se ha hablado es de la obra en sí. No tuvimos nada que ver en la adjudicación de la obra. Cuando entramos, esa fase ya se había surtido. Nos ganamos nuestro contrato de interventoría en licitación pública en concurso con otros ocho participantes. Manuel Sánchez o Emilio Tapia, no recuerdo muy bien, aseguraron que también la interventoría se ganó fraudulentamente. Mentira, nosotros la ganamos en franca lid.

¿Qué efectos ha tenido esta situación en su empresa?

Los bancos nos empezaron a cerrar las puertas. Nos niegan sobregiros y créditos. Las compañías de seguros empezaron a pedir explicaciones y prácticamente pueden acabar con la firma y con más de 500 empleos directos. Somos una firma que viene creciendo desde hace 15 años. Esta es una empresa con más de 30 años que trabaja exclusivamente en lo relacionado con acueductos y alcantarillados, nunca hemos hecho contratos que no tengan que ver con aguas. Nuestros proyectos han terminado satisfactoriamente en todos los casos y en diferentes zonas del país. Incluso, el Fondo Nacional de Desarrollo nos premió por una obra que hicimos en Cartagena.

¿Cree que puede haber gente con el interés de acabar con su empresa?

En realidad, no creo. Tampoco me explico todo esto que está pasando. Si me están acusando de haber permitido que un contratista de obra hiciera cosas indebidas, creo que todo el rigor de las investigaciones tiene que recaer en la persona que las hizo y no en segundos.

¿Cuál sería la explicación esencial a la imputación de cargos del próximo 31 de agosto?

Que nosotros hicimos una interventoría muy bien ejecutada, que no se perdió un solo peso. Fue un contrato que no tuvo adiciones y que se terminó bien, fuera del pozo que no se pudo hacer por culpa de la EAAB. En tres ocasiones les pedimos que multaran al contratista y esto es muy diciente para decir que la interventoría era totalmente independiente. Una de esas multas que pedimos era sobre un subcontrato que estaba realizando Orlando Fajardo para construir un colector.

¿Cuál era su relación con los contratistas? ¿Quiénes asistían a las reuniones?

Hacíamos unas reuniones técnicas cada semana. Había un supervisor de la Empresa de Acueducto de Bogotá, el contratista y algunos técnicos de nuestra empresa. Orlando Fajardo asistía a esos comités autorizado por CASS. Para esa época, la constructora la manejaba Paola Solarte.

¿Usted presume que los sobornos salieron del anticipo?

No puedo asegurar que se pagaron coimas en el contrato. Odebrecht ya dijo que en este caso no se dio ningún soborno. Lo que la Fiscalía está pensando es que, presuntamente, con el anticipo se pagaron unas facturas a Federico Gaviria por una asesoría financiera. Nosotros no objetamos ese pago y entonces la Fiscalía piensa que sabíamos que esas facturas eran para pagar coimas. Como interventores, no nos pagaron para ser investigadores. A nosotros no nos compete estar sospechando de cada acción del contratista.

¿La llamada a imputación de cargos es para que usted colabore?

No creo que ese sea el accionar de la Fiscalía. No sé por qué están enlodando a nuestra compañía, cuando lo que hicimos fue ejecutar una interventoría perfectamente.

¿Se siente como un chivo expiatorio?

Sí.

¿Quién debería estar respondiendo?

El contratista. Tendrán que dar explicaciones de por qué contrataron a Federico Gaviria. Se le puede preguntar a cualquier firma constructora si es posible que la interventora pueda identificar sobornos por parte de la interventoría. Si uno tiene algún control posterior sobre el anticipo, corresponde al 20 % de la obra. No tuve control sobre el otro 80 %. Esa gran parte la manejaba el contratista sin ninguna vigilancia.

¿Por qué la Fiscalía tiene una matriz de todos los contratos que usted firmó en 2016 con el Acueducto de Bogotá?

Cuando ponen los ojos en uno por desafortunadas coincidencias todo empieza a ser sospechoso. Ellos pueden revisar todo lo que quieran. Hemos ejecutado más de 250 proyectos y nunca recibimos una multa. Eso dice bastante sobre nosotros.

¿Cuál es su mensaje para la Fiscalía?

Que estamos tranquilos y que vamos afrontar la imputación de cargos aportando todas las pruebas.

* Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, el señor Jaime Buenaventura Quintero remitió a El Espectador el Oficio No. -278 del fiscal jefe de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación de fecha 20 de junio de 2018, en el que se afirma que una vez consultado el sistema misional SPOA de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública contra la Eficaz y Recta Impartición de Justicia y contra los mecanismos de Participación Democrática de la Seccional Bogotá, no se encontró ninguna indagación e investigación en contra de la empresa Consultoría Técnica Latinoamérica y del Caribe SAS – CONALTEC, ni de su representante legal Jaime Buenaventura Quintero.