Condenan a ingeniero que manipuló sistema judicial en favor de Carlos Mattos

Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, tiene dos juicios pendientes por utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y cohecho (soborno) / Archivo El Espectador.

El empresario Carlos Mattos representó a Hyundai en Colombia durante 25 años, hasta que la misma casa automotriz coreana cortó esa relación comercial en 2015. Mattos acudió a la justicia, pues quería que solo a través de su compañía se vendieran esos vehículos en el país. Rápidamente, el juez Reinaldo Huertas empezó a tomar decisiones favorables para Mattos. La Fiscalía, sin embargo, vino a descubrir que todo fue un entramado de corrupción en el que participaron más de una decena de funcionarios judiciales. Por manipular el sistema de repartos (para lograr que la demanda de Mattos le llegara específicamente al juez Huertas), el asistente de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Edwin Angulo, fue condenado a 44 meses de prisión.

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“Ninguna duda surge que la conducta enrostrada (cohecho, es decir, soborno) alcanza su materialización como quiera que el investigado Edwin Enrique Angulo Martínez desplegó acciones encaminadas a lograr la alteración del sistema del reparto con el fin ya trazado y para ello recibió sin reparo una suma de dinero de $12 millones para el año 2016”, consideró el juzgado 4 penal de conocimiento de Bogotá. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Angulo Martínez llevó a cabo todo un plan para que el caso de Carlos Mattos llegase al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en el cual Reinaldo Huertas, como titular del despacho, empezó tomando medidas cautelares que obligaban a Hyundai a seguir vendiendo sus autos solo con Mattos.

Tras la decisión del juez Huertas, en abril de 2016, el empresario Carlos Mattos fue el único que pudo negociar con Hyundai Corea mientras la demanda contra la multinacional era estudiada a profundidad. Sin embargo, el expediente no tardó en mostrar indicios de corrupción. El 24 de septiembre de 2016, el periodista Daniel Coronell reveló en la Revista Semana la siguiente información: “El señor juez (Reinaldo Huertas) compró su carro nuevecito y de contado, menos de una semana después de haber entrado en vigencia la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos”. Huertas salió incluso en entrevistas radiales a decir que ese dinero era producto de su trabajo nada más.

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Todo parecía haber quedado en el olvido hasta que, en enero de 2018, la Fiscalía anunció que avanzaba en una investigación por manipulación en el sistema de reparto en el Centro de Servicios Judiciales de los juzgados civiles de Bogotá. Lo que encontró fue que el ingeniero Edwin Enrique Angulo, en compañía de funcionarios de la rama judicial, interfirió de forma indebida en el sistema de reparto de la entidad. A las 9:23 a.m. del 26 de febrero de 2016, ingresó a la plataforma con el usuario del funcionario Wílmer Casas y dejó el expediente en manos de Hurtado. Con la investigación avanzada, Angulo terminó confesando haber recibido una suma de $12 millones.

El “empujón” que recibió caso de Carlos Mattos fue advertido por Diana Marcela Romero, quien estaba encargada del reparto por ventanilla. La funcionaria notó cierta lentitud en el sistema y puso la situación en conocimiento de sus superiores. “El ingeniero José Fabio Rozo, de manera remota, logró verificar que se encontraba una persona extraña al sistema de reparto”, asegura el fallo contra Angulo. El 16 de mayo de 2018, la Fiscalía capturó al ingeniero Angulo, quien quedó detenido en prisión. El asistente aceptó los cargos por concusión y cohecho y, tras pasar un año detenido, se sometió a un principio de oportunidad con el objetivo de colaborar con la justicia a cambio de recibir una rebaja en su condena.

De acuerdo con el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, que profirió este fallo, la ayuda del ingeniero Edwin Angulo ha sido eficaz: “El acusado desde su primera salida procesal aceptó cargos y devolvió los dineros que recibió y ha prestado colaboración dentro del proceso, circunstancia que permitió judicializar a 14 personas más de las cuales ya han sido condenadas 12 personas”. De hecho, Angulo fue condenado por el 50 % de la pena máxima que podría haber recibido, por aceptar su responsabilidad en el entramado de corrupción. Además de los 44 meses de prisión domiciliaria, el ingeniero deberá pagar una multa de 37 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fue destituido y no podrá ejercer cargos públicos por 44 meses.

“Situaciones como las ocurridas en el presente asunto, no solo dejan revelado que la administración pública se encuentra seriamente cuestionada con esta clase de actos de corrupción sino también la administración de justicia, la rectitud de todos sus funcionarios y la imagen del Estado que se reporta absolutamente resquebrajada ante la opinión pública”, consideró el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá. De acuerdo con el despacho, la motivación por el dinero fácil no solo compromete la dignidad de un funcionario, también desprestigia la administración de la justica en instancias nacionales e internacionales, sobre todo por que una de las partes involucradas es la multinacional Hyundai.

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Por su parte, el empresario Carlos Mattos también es investigado por presuntamente haber ofrecido millonarias sumas de dinero a funcionarios de la rama judicial a cambio de ganar el pleito contra Hyundai. Además, fue llamado a su segundo juicio en julio de 2019, porque habría entregado dineros a la jueza Ligia Carmen Hernández para que lo favoreciera en otro proceso contra la misma entidad del vecino país. La jueza aceptó haber recibido prebendas -no menos de $100 millones en cajas de zapatos- para inspeccionar una filial de su competencia, el grupo ecuatoriano Eljuri (Global Car World), con la cual Mattos finalmente perdió la representación de Hyundai en Colombia. En 2019, Hernández fue condenada a 25 meses de prisión, pero el 28 de octubre de este año, la Corte Suprema le rebajó la pena a la mitad por errores en la actuación de la Fiscalía.

Carlos Mattos desde 2018 refugió en España, país donde también es ciudadano, alegando que presenta un “delicado estado de salud”. La Fiscalía lo ha pedido en extradición para que responda por los dos juicios que tiene en contra, pero la última decisión de las autoridades ibéricas frenó su regreso a Colombia. El pasado 23 de octubre, el Tribunal Constitucional de España anuló la aprobación de extradición proferida en junio de 2020 por la Audiencia Nacional, tras un recurso de amparo que podría homologarse como una acción de tutela en el sistema de nuestro país. Así las cosas, la justicia colombiana sigue trabajando en la extradición de Carlos Mattos, mientras los demás involucrados en el ‘Caso Hyundai’ siguen siendo condenados. Mattos, por su parte, siempre ha alegado que es inocente y que nada tuvo que ver con este entramado de corrupción.