Consejo de Estado le decretó pérdida de investidura al exsenador Merlano

La Sala Plena del Consejo de Estado le decretó pérdida de investidura al exsenador Eduardo Carlos Merlano por utilizar su cargo para evitar que un grupo de agentes de tránsito le impusiera una multa por conducir su vehículo oficial en la ciudad de Barranquilla, el 13 de mayo de 2012, en presunto estado de embriaguez.

Para el tribunal de lo contencioso administrativo el exsenador del Partido de la U incurrió en un tráfico de influencias puesto que utilizó su investidura para evitar que se le practicara una prueba de alcoholemia en un retén en la capital del Atlántico. (Ver "No tengo por qué dar más explicaciones": senador Merlano)

En esa oportunidad el entonces congresista se negó a la práctica del mismo argumentando que no estaba bajo los efectos del alcohol, y luego, después de discutir con los agentes, les manifestó que él había sacado 50 mil votos en los comicios electorales. (Ver Así se rehusó Merlano a dar explicaciones)

Esta acción fue grabada por los uniformados quienes incluso recibieron malos tratos por parte del entonces congresista. Igualmente se registró una llamada a la línea de emergencia 123 en la que Merlano manifestó que los policías de tránsito lo habían insultado. (Ver Policía no irrespetó a senador Merlano)

Al revisar los elementos materiales de prueba aportados durante el proceso, el Consejo de Estado verificó que Merlano se resistió a practicarse la prueba de alcoholemía. "¿Cómo le van a hacer esto a un senador de la República? Si yo estoy perfecto", le manifestó el senador a los policías.

Incluso el senador llamó directamente al centro de control de la Policía de Barranquilla con el fin de comunicarse con el director de la Institución, general Óscar Pérez Cárdenas, quien posteriormente les hizo un llamado de atención a los siete policías que parciparon en el retén.

Igualmente se determinó que Merlano manejaba si su pase de conducir. En su defensa el excongresista aseguró que por motivos de seguridad no se hizo la práctica de alcoholemía, argumento que fue rechazado por la Sala puesto que en ese momento no se encontraba en compañía de sus escoltas.  

Por estos mismos hechos la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al considerar que incurrió en una falta disciplinaria gravísima a título de dolo puesto que sabía que estaba incurriendo en una falla disciplinaria.