Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que la Nación no tiene responsabilidad patrimonial por el carro bomba que explotó en el barrio Veracruz en el centro de la capital de la República el 30 de enero de 1993. La acción terrorista fue ordenada por el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria
El alto tribunal estableció que no se presentó ninguna omisión por parte de las autoridades como lo manifestaba la demanda de reparación, sino que todo lo contrario se adelantaron los respectivos operativos para capturar al narcotraficante y blindar a la comunidad de sus ataques terroristas.
Para esto citó las operaciones adelantadas por el Bloque de Búsqueda en contra del capo. "El Estado colombiano actuó en cumplimiento de los deberes jurídicos asignados frente a la presión de los narcotraciantes", señala uno de los apartes de la decisión.
En la acción 24 personas murieron, mientras que otras 70 quedaron gravemente heridas. El atentado se ejecutó en el desarrollo de los ataques sistmáticos contra la población civil ordenados por Pablo Escobar.
Para el Consejo de Estado las respectivas autoridades adelantaron varias acciones con el fin de evitar que se realizaran estos atentados. Incluso existen pruebas que varios vehículos cargados con explosivos fueron detectados y desactivados en diferentes regiones del país.
Por Redacción Judicial
