Consejo de Estado ordena investigar al Procurador General por dilatar proceso en su contra

El Consejo de Estado negó las recusaciones presentadas por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en contra de los magistrados Stella Conto Díaz y Alberto Yepes en el marco del estudio de la demanda en contra de su reelección como jefe del Ministerio Público y que es estudiada actualmente en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

En la determinación tomada por la magistrada ponente Rocío Araújo se rechazaron de tajo los argumentos presentados en el escrito de recusación presentado el pasado martes por el mismo Ordóñez Maldonado. En el recurso el Procurador General manifestó que los dos magistrados enfrentan una investigación en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes por filtrar detalles de la ponencia en su caso, por lo que pedía que se alejaran del estudio del mismo.

Para la Sala este hecho es una conducta desleal y dilatoria por parte del mismo Procurador General, hecho por el cual solictió que se dispuso la compulsa de copias ante la presidencia del Consejo de Estado para que se le investigue. Igualmente le pidió al Consejo Superior de la Judicatura determinar si existen méritos para investigar disciplinariamente a su abogado, Alejandro Cárdenas Molano. 

Con esta decisión se da vía libre al estudio de la demanda presentada por un grupo de ONG en contra de la reelección de Ordóñez Maldonado. En la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo se manifiesta que la postulación y elección del abogado santandereano como jefe del Ministerio Público debe declararse nula puesto que va en contra de la Constitución y la ley.

En el extenso documento se señala que los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para participar en la audiencia en la cual se postuló el nombre de Alejandro Ordóñez Maldonado como su candidato a la terna para nuevo jefe del órgano de control disciplinario.

Pese a que ante la Sala Plena de la Corte Suprema presentaron sus respectivos impedimentos señalando que tenían a familiares trabajando en la Procuraduría los mismos no fueron aceptados, hecho por el cual pudieron participar en la votación en la que se aprobó el nombre del abogado santandereano.

Ordóñez Maldonado fue elegido por el Senado de la República el 27 de noviembre de 2012 con 80 votos a favor. Se posesionó para asumir el cargo por segundo período consecutivo el 7 de enero de 2013 ante el Presidente de la República. Es decir su período constitucional va hasta el 7 de enero del próximo año.

Un proceso de tres años

La historia de este proceso comenzó en enero de 2013, cuando 10 abogados, encabezado por Rodrigo Uprimny, presentaron una demanda contra la reelección de Ordóñez. Desde ese entonces, el caso ha sido tema de polémica y de demoras en el avance del proceso.

Una de los argumentos planteados en la demanda es que, cuando el Congreso debía votar para elegir al Procurador en 2012, se presentaron 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público. Pero ninguna prosperó. Además, la tutela expresó que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses.

En julio de 2014, el estudio del caso estaba a cargo de los magistrados de la Sección Quinta y estaba a punto de fallar en contra del Procurador, con la ponencia del magistrado Alberto Yepes, quien en un comienzo dijo que era legal el nombramiento de Ordóñez. Pero tiempo después cambió su ponencia y dijo que debía ser declarada nula. Justo antes de fallar, el magistrado Marco Antonio Velilla pidió que el tema se discutiera en la Sala Plena. Ahí vinieron más problemas: recusaciones, impedimentos -cuatro magistrados no votaron-, y solicitudes de nulidad.

Su solicitud fue avalada por los magistrados del Consejo de Estado y, en cuanto entró a la Sala Plena, aparecieron otros impedimentos, aclaraciones de voto, impedimentos, memoriales de la defensa y dos solicitudes de nulidad que presentó la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda.

A las demoras que se presentaron dentro del proceso, hay que sumarle los constantes cambios de los magistrados que terminaban con sus periodos. El año pasado, cuando el caso todavía se encontraba dentro de la Sala Plena, el alto tribunal tenía también que llenar nueve vacantes. Cuando por fin se completaron los despachos, el caso cayó en manos de la recién nombrada magistrada Rocío Araujo.

Con Araújo como magistrada ponente quedó anunciada la ponencia en contra de la reelección del procurador. La abogada rosarista, que terminó escogida tras una reñida elección con un delegado de la Procuraduría, empezó un lento itinerario, que incluyó la pérdida de un material clave de estudio, hasta configurar la ponencia de 250 páginas que en esencia plantea que Ordóñez fue reelegido de manera irregular, pues ni siquiera era viable.

El Consejo de Estado negó las recusaciones presentadas por el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado en contra de los magistrados Stella Conto Díaz y Alberto Yepes en el marco del estudio de la demanda en contra de su reelección como jefe del Ministerio Público y que es estudiada actualmente en el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

En la determinación tomada por la magistrada ponente Rocío Araújo se rechazaron de tajo los argumentos presentados en el escrito de recusación presentado el pasado martes por el mismo Ordóñez Maldonado. En el recurso el Procurador General manifestó que los dos magistrados enfrentan una investigación en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes por filtrar detalles de la ponencia en su caso, por lo que pedía que se alejaran del estudio del mismo.

Para la Sala este hecho es una conducta desleal y dilatoria por parte del mismo Procurador General, hecho por el cual solictió que se dispuso la compulsa de copias ante la presidencia del Consejo de Estado para que se le investigue. Igualmente le pidió al Consejo Superior de la Judicatura determinar si existen méritos para investigar disciplinariamente a su abogado, Alejandro Cárdenas Molano. 

Con esta decisión se da vía libre al estudio de la demanda presentada por un grupo de ONG en contra de la reelección de Ordóñez Maldonado. En la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araújo se manifiesta que la postulación y elección del abogado santandereano como jefe del Ministerio Público debe declararse nula puesto que va en contra de la Constitución y la ley.

En el extenso documento se señala que los magistrados Ruth Marina Díaz, Javier Zapata y Jorge Mauricio Burgos de la Corte Suprema de Justicia estaban impedidos para participar en la audiencia en la cual se postuló el nombre de Alejandro Ordóñez Maldonado como su candidato a la terna para nuevo jefe del órgano de control disciplinario.

Pese a que ante la Sala Plena de la Corte Suprema presentaron sus respectivos impedimentos señalando que tenían a familiares trabajando en la Procuraduría los mismos no fueron aceptados, hecho por el cual pudieron participar en la votación en la que se aprobó el nombre del abogado santandereano.

Ordóñez Maldonado fue elegido por el Senado de la República el 27 de noviembre de 2012 con 80 votos a favor. Se posesionó para asumir el cargo por segundo período consecutivo el 7 de enero de 2013 ante el Presidente de la República. Es decir su período constitucional va hasta el 7 de enero del próximo año.

Un proceso de tres años

La historia de este proceso comenzó en enero de 2013, cuando 10 abogados, encabezado por Rodrigo Uprimny, presentaron una demanda contra la reelección de Ordóñez. Desde ese entonces, el caso ha sido tema de polémica y de demoras en el avance del proceso.

Una de los argumentos planteados en la demanda es que, cuando el Congreso debía votar para elegir al Procurador en 2012, se presentaron 28 recusaciones y 39 impedimentos por parte de congresistas que tenían familiares trabajando en el Ministerio Público. Pero ninguna prosperó. Además, la tutela expresó que 59 de los congresistas que votaron por la reelección tenían conflicto de intereses.

En julio de 2014, el estudio del caso estaba a cargo de los magistrados de la Sección Quinta y estaba a punto de fallar en contra del Procurador, con la ponencia del magistrado Alberto Yepes, quien en un comienzo dijo que era legal el nombramiento de Ordóñez. Pero tiempo después cambió su ponencia y dijo que debía ser declarada nula. Justo antes de fallar, el magistrado Marco Antonio Velilla pidió que el tema se discutiera en la Sala Plena. Ahí vinieron más problemas: recusaciones, impedimentos -cuatro magistrados no votaron-, y solicitudes de nulidad.

Su solicitud fue avalada por los magistrados del Consejo de Estado y, en cuanto entró a la Sala Plena, aparecieron otros impedimentos, aclaraciones de voto, impedimentos, memoriales de la defensa y dos solicitudes de nulidad que presentó la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda.

A las demoras que se presentaron dentro del proceso, hay que sumarle los constantes cambios de los magistrados que terminaban con sus periodos. El año pasado, cuando el caso todavía se encontraba dentro de la Sala Plena, el alto tribunal tenía también que llenar nueve vacantes. Cuando por fin se completaron los despachos, el caso cayó en manos de la recién nombrada magistrada Rocío Araujo.

Con Araújo como magistrada ponente quedó anunciada la ponencia en contra de la reelección del procurador. La abogada rosarista, que terminó escogida tras una reñida elección con un delegado de la Procuraduría, empezó un lento itinerario, que incluyó la pérdida de un material clave de estudio, hasta configurar la ponencia de 250 páginas que en esencia plantea que Ordóñez fue reelegido de manera irregular, pues ni siquiera era viable.