Contraloría abre proceso fiscal contra el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el actual gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por $1.525 millones dentro del caso denominado como “el cartel de la hemofilia”. Según el organismo de control, la gobernación pagó ese saldo a la IPS San José de la Sabana S.A.S. –que le debía la administración anterior– “a pesar de que ya era de conocimiento público la trama de corrupción que se había montado y que dicha empresa había aparecido involucrada en ese cartel”.

El informe de la Contraloría dice la IPS facturó a la Gobernación de Córdoba el supuesto tratamiento y entrega de medicamentos de 14 personas, afirmando que habían sido diagnosticadas con hemofilia o enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, dichos tratamientos no cuentan con los soportes, ni actas de comité técnico científico, ni las historias clínicas de la EPS tratante que justifiquen de manera alguna el pago. Los pacientes, supuestamente, fueron atendidos por la IPS en enero de 2015, pero no existe registro alguno de que estas personas padecieran la enfermedad.

A pesar de las irregularidades, la Gobernación pagó el total que facturó la IPS por este concepto mediante giro de recursos efectuado el 23 de mayo de 2016 por cuantía de $1.525 millones de pesos, como consta en el Certificado de Dispersión de Fondos expedido por el Banco de Bogotá. “La Gobernación desconoció los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios No Pos de afiliados al régimen subsidiado, actuando sin implementar los controles necesarios para detectar deficiencias o inconsistencias en los cobros y, por lo tanto, sin garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados en salud a la población pobre no asegurada”, precisó el organismo de control.

Pagos con documentación falsa

La Contraloría también encontró que dentro de los soportes de las facturas pagadas por la Gobernación, figura el diagnóstico del médico hematólogo Luis Alfredo Meza Nieves. En entrevista concedida a la entidad en mayo de 2016, Meza Nieves manifestó que las firmas de los documentos de diagnóstico no sólo no corresponden a la suya, sino que él nunca le ha prestado servicios a esa IPS, ni ha tenido vínculo alguno con ellos. “Lo anterior permite afirmar que los documentos aportados por la IPS para el pago de la Gobernación serían presuntamente falsos”, explica el organismo de control.

El médico hematólogo le aclaró a la Contraloría que las órdenes de medicamentos, que supuestamente habían sido suscritas por él, no responden a un criterio médico al no existir relación entre la dosificación ordenada y el tratamiento para esa enfermedad. Asimismo, las historias clínicas no cumplen con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia para el tratamiento y dosificación del trastorno.

Los supuestos exámenes de laboratorio, dice el informe, habrían sido prestados por la Clínica Santa Lucía del Sinú y suscritos por la bacterióloga Lisbei Patricia Suárez. Sin embargo, en el testimonio rendido a la Contraloría, la profesional desconoció la firma de los exámenes y afirmó que no solo no correspondía a la suya, sino que durante 2014 no había prestado sus servicios ni a la clínica, ni tampoco a la IPS.

El organismo de control, igualmente, interrogó a uno de los supuestos pacientes, quien manifestó que nunca ha tenido enfermedad alguna que ni que él ni nadie de su familia es paciente hemofílico. Y también negó la realización de exámenes médicos ni de laboratorio para diagnosticar esa enfermedad, ni en Montería, ni en ninguna otra ciudad del país. 

Las pruebas de la Contraloría

El organismo de control afirma que, en este caso, se pudo demostrar que se utilizó el mismo mecanismo que ya había sido evidenciado durante la administración del anterior Gobernador, Alejandro Lyons Muskus. “En el expediente obran las facturas de la IPS San José de la Sabana que, a pesar de haber sido emitidas en enero de 2015, durante la administración de Lyons, fueron pagadas por el Gobernador Edwin Besaile Fayad”, sostiene la Contraloría.

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el actual gobernador del departamento de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, por $1.525 millones dentro del caso denominado como “el cartel de la hemofilia”. Según el organismo de control, la gobernación pagó ese saldo a la IPS San José de la Sabana S.A.S. –que le debía la administración anterior– “a pesar de que ya era de conocimiento público la trama de corrupción que se había montado y que dicha empresa había aparecido involucrada en ese cartel”.

El informe de la Contraloría dice la IPS facturó a la Gobernación de Córdoba el supuesto tratamiento y entrega de medicamentos de 14 personas, afirmando que habían sido diagnosticadas con hemofilia o enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, dichos tratamientos no cuentan con los soportes, ni actas de comité técnico científico, ni las historias clínicas de la EPS tratante que justifiquen de manera alguna el pago. Los pacientes, supuestamente, fueron atendidos por la IPS en enero de 2015, pero no existe registro alguno de que estas personas padecieran la enfermedad.

A pesar de las irregularidades, la Gobernación pagó el total que facturó la IPS por este concepto mediante giro de recursos efectuado el 23 de mayo de 2016 por cuantía de $1.525 millones de pesos, como consta en el Certificado de Dispersión de Fondos expedido por el Banco de Bogotá. “La Gobernación desconoció los procedimientos establecidos para el reconocimiento de servicios No Pos de afiliados al régimen subsidiado, actuando sin implementar los controles necesarios para detectar deficiencias o inconsistencias en los cobros y, por lo tanto, sin garantizar la correcta inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados en salud a la población pobre no asegurada”, precisó el organismo de control.

Pagos con documentación falsa

La Contraloría también encontró que dentro de los soportes de las facturas pagadas por la Gobernación, figura el diagnóstico del médico hematólogo Luis Alfredo Meza Nieves. En entrevista concedida a la entidad en mayo de 2016, Meza Nieves manifestó que las firmas de los documentos de diagnóstico no sólo no corresponden a la suya, sino que él nunca le ha prestado servicios a esa IPS, ni ha tenido vínculo alguno con ellos. “Lo anterior permite afirmar que los documentos aportados por la IPS para el pago de la Gobernación serían presuntamente falsos”, explica el organismo de control.

El médico hematólogo le aclaró a la Contraloría que las órdenes de medicamentos, que supuestamente habían sido suscritas por él, no responden a un criterio médico al no existir relación entre la dosificación ordenada y el tratamiento para esa enfermedad. Asimismo, las historias clínicas no cumplen con los protocolos establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia para el tratamiento y dosificación del trastorno.

Los supuestos exámenes de laboratorio, dice el informe, habrían sido prestados por la Clínica Santa Lucía del Sinú y suscritos por la bacterióloga Lisbei Patricia Suárez. Sin embargo, en el testimonio rendido a la Contraloría, la profesional desconoció la firma de los exámenes y afirmó que no solo no correspondía a la suya, sino que durante 2014 no había prestado sus servicios ni a la clínica, ni tampoco a la IPS.

El organismo de control, igualmente, interrogó a uno de los supuestos pacientes, quien manifestó que nunca ha tenido enfermedad alguna que ni que él ni nadie de su familia es paciente hemofílico. Y también negó la realización de exámenes médicos ni de laboratorio para diagnosticar esa enfermedad, ni en Montería, ni en ninguna otra ciudad del país. 

Las pruebas de la Contraloría

El organismo de control afirma que, en este caso, se pudo demostrar que se utilizó el mismo mecanismo que ya había sido evidenciado durante la administración del anterior Gobernador, Alejandro Lyons Muskus. “En el expediente obran las facturas de la IPS San José de la Sabana que, a pesar de haber sido emitidas en enero de 2015, durante la administración de Lyons, fueron pagadas por el Gobernador Edwin Besaile Fayad”, sostiene la Contraloría.