La Contraloría General, al realizar una auditoría de cumplimiento, denunció “múltiples” irregularidades en procesos de licencias ambientales de proyectos de minería de carbón en el departamento del Cesar. En total, según la entidad, fueron encontrados 36 hallazgos disciplinarios y siete de carácter penal, que deberá asumir la Fiscalía. (Le podría interesar: La aseguradora Swiss Re no cubrirá más a plantas de energía de carbón)
El organismo de control fiscal aseguró que las gestiones adelantadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), desde febrero de este año, presentan debilidades de seguimiento, vigilancia y control, así como en labores de autoridad en temas ambientales.
Por ejemplo, la Contraloría aseguró reiteradas fallas de ambas entidades en cuanto a las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental, y en la imposición de sanciones por este tema. “Esta situación genera riesgos o afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente, con los consecuentes impactos acumulativos, al no realizar en forma oportuna los seguimientos a los proyectos de minería de carbón”, precisó la entidad.
Ante los incumplimientos presentados, de acuerdo con el ente fiscal, no se pueden implementar medidas para disminuir los impactos ambientales por el desarrollo de los proyectos y con lo cual “resulta difícil evitar así la degradación del medio ambiente y de los recursos naturales”. (Lea también: Caribe, región clave para el desarrollo de la minería sostenible)
Hay otras irregularidades que la Contraloría pone de presente, como las presuntas dilaciones injustificadas en procesos sancionatorios, la no compensación de los mismos daños ambientales, inconsistencias en trámites administrativos y la falta de información sobre los impactosambientales.
En las supuestas dilaciones en procesos sancionatorios, la Contraloría denunció dilaciones injustificadas en el pronunciamiento de las investigaciones. Algunos procesos, presuntamente, cuentan con más de siete años de inactividad. Otras irregularidades en este aspecto serían los incumplimientos de actos administrativos y deficiencias en mecanismos de seguimiento y monitoreo.
Respecto a las compensaciones ambientales adelantadas por las empresas, el ente de control fiscal encontró debilidades en trámites de solicitudes para implementar de medidas de compensación. En el caso de la ANLA se presentan faltas para asegurar y garantizar el cumplimiento de los requerimientos que se imponen como medidas compensatorias. (Le sugerimos: Drummond seguirá en hidrocarburos en Colombia)
Igualmente, la auditoría puso de presente problemas administrativos de sustracción que son adelantados por el Ministerio de Ambiente, en especial de la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones. “Tal situación puede atribuirse a la falta de procedimientos y mecanismos efectivos de control al interior del Ministerio, que garanticen el adecuado trámite de las sustracciones de áreas de reservas forestales nacionales y el cumplimiento de las obligaciones impuestas (…) orientadas a su conservación y protección”, explicó la Contraloría.
Por último, en cuanto a la falta de información de impactos ambientales, la Contraloría manifestó que, transcurridas más de dos décadas es explotación en la región, “no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros ni las afectaciones sobre la salud de los pobladores”.