Corte investigará a Lucero Cortés por presunto aumento patrimonial injustificado
Aunque el alto tribunal dice que la exrepresentante y actriz no es responsable del manejo irregular de inmuebles y automotores en la extinta DNE, sí investigará un presunto aumento patrimonial injustificado de $226 millones.
Redacción Judicial
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que la exrepresentante a la Cámara, Lucero Cortés, tenía en su contra por el delito de tráfico de influencias. El alto tribunal le abrió investigación preliminar el 6 de abril de 2011 por, presuntamente, estar inmersa en el escándalo irregular de bienes incautados a la mafia que tuvo origen en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). (Le podría interesar: Lucero Cortés, condenada)
Según la Corte Suprema, los resultados que arrojó dicha investigación permitieron deducir que los hechos, por los cuales fue investigada la actriz, “no acontecieron”. La denuncia fue interpuesta por Juan Carlos Restrepo, exdirector de la DNE, quien, el 4 de marzo de 2011, puso en conocimiento que un gran número de bienes y sociedades incautadas al narcotráfico, y bajo custodia de la entidad, fueron entregados a personas referenciadas por varios congresistas para obtener beneficios económicos ilegítimos.
En relación con Cortés, la delación expresaba que, por medio de Gaspar Murillo, funcionario de la DNE y presunto recomendado de la actriz para ejercer el cargo, le adjudicó cuatro vehículos a “depositarios” con quienes, al parecer, se desarrolló ventas de manera ilegal. Luego, 21 días después, es decir, el 25 de marzo de 2011, Restrepo hizo llegar otra comunicación que, a diferencia de la anterior que se fundó en denuncias hechas por funcionarios, hizo llegar un anónimo. (En contexto: Los testigos que desenredarían el caso DNE)
Esta denuncia puso de presente que Cortés, al parecer, habría hecho uso de varios bienes entre los que se encontraban las fincas San José, en Villeta; Valle Escondido, en Puerto Salgar (Cundinamarca); Santa Ana, en el municipio de El Saladito (Cali); El Recreo de la vereda Las Pavas, municipio Puerto Boyacá (Boyacá), y tres vehículos. En todo caso, la Sala encontró que Lucero Cortés no tiene responsabilidad en esas conductas presuntamente ilícitas. Sin embargo, la Corte sí encontró una evidencia que está investigando.
Presuntos aumentos patrimoniales injustificados
La Corte Suprema dice que en este proceso existe un informe de policía judicial fechado el 29 de febrero de 2012. Este documento, que pondría en un nuevo apuro a la actriz, contiene una evaluación socio económica de varios congresistas, “entre ellos, la aquí investigada, por el período comprendido entre julio de 2006 y diciembre de 2010, lapso en el cual se desempeñó como Representante a la Cámara y cuyos resultados arrojaron en su desfavor un aumento patrimonial injustificado de $226.046.808”. (Lea: Acabó liquidación de la DNE)
Este hecho, según el alto tribunal, sí obliga a investigarlo, por lo que ordenó emitir un nuevo radicado por el delito de enriquecimiento ilícito. Investigación que quedará en manos de del magistrado ponente, es decir, en el despacho de Luis Guillermo Salazar. “En el caso de Lucero Cortés, fue elegida Representante por los períodos 2006-2010 y 2010-2014- y el estudio económico realizado comprendió el año 2010, lo que de acuerdo con el texto de la disposición citada, otorga competencia a la Sala Penal de la Corte para conocer de la investigación”, se lee en la sentencia del alto tribunal.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que la exrepresentante a la Cámara, Lucero Cortés, tenía en su contra por el delito de tráfico de influencias. El alto tribunal le abrió investigación preliminar el 6 de abril de 2011 por, presuntamente, estar inmersa en el escándalo irregular de bienes incautados a la mafia que tuvo origen en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). (Le podría interesar: Lucero Cortés, condenada)
Según la Corte Suprema, los resultados que arrojó dicha investigación permitieron deducir que los hechos, por los cuales fue investigada la actriz, “no acontecieron”. La denuncia fue interpuesta por Juan Carlos Restrepo, exdirector de la DNE, quien, el 4 de marzo de 2011, puso en conocimiento que un gran número de bienes y sociedades incautadas al narcotráfico, y bajo custodia de la entidad, fueron entregados a personas referenciadas por varios congresistas para obtener beneficios económicos ilegítimos.
En relación con Cortés, la delación expresaba que, por medio de Gaspar Murillo, funcionario de la DNE y presunto recomendado de la actriz para ejercer el cargo, le adjudicó cuatro vehículos a “depositarios” con quienes, al parecer, se desarrolló ventas de manera ilegal. Luego, 21 días después, es decir, el 25 de marzo de 2011, Restrepo hizo llegar otra comunicación que, a diferencia de la anterior que se fundó en denuncias hechas por funcionarios, hizo llegar un anónimo. (En contexto: Los testigos que desenredarían el caso DNE)
Esta denuncia puso de presente que Cortés, al parecer, habría hecho uso de varios bienes entre los que se encontraban las fincas San José, en Villeta; Valle Escondido, en Puerto Salgar (Cundinamarca); Santa Ana, en el municipio de El Saladito (Cali); El Recreo de la vereda Las Pavas, municipio Puerto Boyacá (Boyacá), y tres vehículos. En todo caso, la Sala encontró que Lucero Cortés no tiene responsabilidad en esas conductas presuntamente ilícitas. Sin embargo, la Corte sí encontró una evidencia que está investigando.
Presuntos aumentos patrimoniales injustificados
La Corte Suprema dice que en este proceso existe un informe de policía judicial fechado el 29 de febrero de 2012. Este documento, que pondría en un nuevo apuro a la actriz, contiene una evaluación socio económica de varios congresistas, “entre ellos, la aquí investigada, por el período comprendido entre julio de 2006 y diciembre de 2010, lapso en el cual se desempeñó como Representante a la Cámara y cuyos resultados arrojaron en su desfavor un aumento patrimonial injustificado de $226.046.808”. (Lea: Acabó liquidación de la DNE)
Este hecho, según el alto tribunal, sí obliga a investigarlo, por lo que ordenó emitir un nuevo radicado por el delito de enriquecimiento ilícito. Investigación que quedará en manos de del magistrado ponente, es decir, en el despacho de Luis Guillermo Salazar. “En el caso de Lucero Cortés, fue elegida Representante por los períodos 2006-2010 y 2010-2014- y el estudio económico realizado comprendió el año 2010, lo que de acuerdo con el texto de la disposición citada, otorga competencia a la Sala Penal de la Corte para conocer de la investigación”, se lee en la sentencia del alto tribunal.