Corte objeta pronunciamentos del Procurador contra el aborto
Dice que si tiene objeciones morales frente al tema, debe apartarse de la discusión jurídica.
El Espectador
Un llamado de atención hizo la Corte Constitucional al procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez por oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos en los cuales esa alta corporación ha despenalizado su práctica.
A través del auto 327 del primero de octubre de 2010, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, el alto tribunal objetó la oposición del Jefe del Ministerio Público, quien se mostró renuente a la ejecución de la llamada cátedra del aborto, mediante la cual la Corte instaba a diversas entidades del orden nacional a comprometerse en la implementación de programas de formación pedagógica a las adolescentes en materia de derechos sexuales.
A través del seguimiento a la sentencia T-388 de 2009, que ordenaba la adopción de tales mecanismos de parte las autoridades, la Corte recordó que las omisiones a sus determinaciones “puede derivar, para los funcionarios públicos, en la comisión de delitos y/o faltas disciplinarias”.
Tras la postura del Procurador de defender las objeciones morales frente a la práctica del aborto, la Corte señaló que “debería expresarlo fundadamente y apartarse para que otro funcionario público los cumpliera y no obstaculice su cumplimiento”.
En agosto pasado la misma Corporación había repudiado categóricamente la negativa a la ejecución de la cátedra del aborto, rechazando la nulidad invocada por Ordóñez Maldonado, frente a esta determinación.
"La sentencia T-388 de 2009 no incurre en vulneración de la Constitución, ni del decreto 2067 de 1991, puesto que en ningún momento resulta ser el fruto de extralimitación de funciones", sostuvo la Corte en su momento.
La ONG defensora de los derechos de la mujer, Women´s Link, defendió la postura de la Colegiatura, indicando que es el mismo organismo el que advierte las faltas disciplinarias en las que podría incurrir el funcionario si se sigue oponiendo a la práctica del aborto.
“La Corte Constitucional ha respondido a nuestras denuncias y finalmente ha calificado el comportamiento del Procurador General de la Nación como inaceptable, lo que le puede acarrear sanciones disciplinarias. Por ello le ha pedido que se retire del proceso de implementación y se abstenga de usar su poder para obstaculizar el cumplimiento de sus sentencias”, sostuvo su vocera, la abogada Mónica Roa.
Un llamado de atención hizo la Corte Constitucional al procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez por oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos en los cuales esa alta corporación ha despenalizado su práctica.
A través del auto 327 del primero de octubre de 2010, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, el alto tribunal objetó la oposición del Jefe del Ministerio Público, quien se mostró renuente a la ejecución de la llamada cátedra del aborto, mediante la cual la Corte instaba a diversas entidades del orden nacional a comprometerse en la implementación de programas de formación pedagógica a las adolescentes en materia de derechos sexuales.
A través del seguimiento a la sentencia T-388 de 2009, que ordenaba la adopción de tales mecanismos de parte las autoridades, la Corte recordó que las omisiones a sus determinaciones “puede derivar, para los funcionarios públicos, en la comisión de delitos y/o faltas disciplinarias”.
Tras la postura del Procurador de defender las objeciones morales frente a la práctica del aborto, la Corte señaló que “debería expresarlo fundadamente y apartarse para que otro funcionario público los cumpliera y no obstaculice su cumplimiento”.
En agosto pasado la misma Corporación había repudiado categóricamente la negativa a la ejecución de la cátedra del aborto, rechazando la nulidad invocada por Ordóñez Maldonado, frente a esta determinación.
"La sentencia T-388 de 2009 no incurre en vulneración de la Constitución, ni del decreto 2067 de 1991, puesto que en ningún momento resulta ser el fruto de extralimitación de funciones", sostuvo la Corte en su momento.
La ONG defensora de los derechos de la mujer, Women´s Link, defendió la postura de la Colegiatura, indicando que es el mismo organismo el que advierte las faltas disciplinarias en las que podría incurrir el funcionario si se sigue oponiendo a la práctica del aborto.
“La Corte Constitucional ha respondido a nuestras denuncias y finalmente ha calificado el comportamiento del Procurador General de la Nación como inaceptable, lo que le puede acarrear sanciones disciplinarias. Por ello le ha pedido que se retire del proceso de implementación y se abstenga de usar su poder para obstaculizar el cumplimiento de sus sentencias”, sostuvo su vocera, la abogada Mónica Roa.