Corte Suprema ordenó restitución de dos predios adquiridos ilegalmente por los paramilitares

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución jurídica y material de dos predios en la región de Tulapa (ubicada entre los municipios de San Pedro-Turbo-Necoclí en el Urabá Antioqueño) adquiridos de manera ilegal por parte del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘El Mono’.

El alto tribunal revocó parcialmente el fallo emitido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que se abstuvo de ordenar la restitución de los bienes "No hay como Dios" y "Déjala Quieta" considerando que su venta se presentó debido a las presiones ejercidas por grupos paramilitares.

La Corte Suprema aseguró que sus legítimos dueños se vieron obligados a venderle dichos predios a un emisario de Salvatore Mancuso debido a las amenazas ejercidas por los paramilitares, que les dieron un plazo de 48 horas para desalojar sus fincas. Esta situación provocó un desplazamiento forzado.

Y es que un grupo de paras llegó a la región argumentando que estaba buscando a auxiliadores de los guerrilla que delinquían en la zona. Ante esto amenazaron a varios de los pobladores de la región quienes atemorizados por esta advertencia y considerando que días anteriores se había presentado el asesinato de cuatro personas por parte de los paramilitares que lo acusaron de tener nexos con las Farc se vieron obligados a abandonar.

Un año después de estos hechos Guido Manuel Vargas López, hombre de confianza de Salvatore Mancuso, contactó a los legítimos dueños de dichos bienes para hacerles una oferta de compra. Los campesinos al ver la imposibilidad de regresar a la zona aceptaron dicha propuesta. “Con esto se logró la consolidación en la ubicación territorial de los paramilitares en la región”.

La compra ilegal de estos predios de hizo por medio de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) liderada por Sor Teresa Gómez –familiar del clan Castaño Gil- que entregó el dinero a los campesinos “para completar el despojo planteado”.

Dichos predios fueron recibidos por Salvatore Mancuso, su esposa y un grupo de testaferros. Pocos años después se hizo la entrega a una mujer quien en 2006 inició la venta de las fincas a un grupo de particulares quienes manifestaron que lo habían hecho de manera legal.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención frente al hecho que no se tuvieron en cuenta las precauciones en la legitimidad de “la dueña que les vendió el predio”. Teniendo en cuenta que los mismos se encontraban en una zona de extrema violencia y con la presencia de diferentes grupos armados ilegales.

“No se tomaron las precauciones necesarias y no se estudiaron los títulos”, precisa uno de los apartes de la providencia al señalar que en este tipo de casos se debe hacer un estudio exhaustivo de los documentos de propiedad y la historia del bien. “No obraron con buena de exenta de culpa como manifestaron en su recurso”.

“No es frecuente que la vendedora no se entreviste con los compradores para pactar los lineamientos del negocio. En este caso no se vieron ni para firmar las escrituras”, precisó la magistrada ponente quien calificó esta situación como “increíble”. El predio fue vendido por 146 millones de pesos, sin embargo el alto tribunal anuló todo lo referente a esta transacción.

Finalmente se señala que pese a que el Ministerio de Agricultura revisó los títulos de propiedad y no encontró ningún tipo de irregularidad, debe tenerse en cuenta la situación de orden público que se presentaba para la época de los hechos materia de estudio.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la restitución jurídica y material de dos predios en la región de Tulapa (ubicada entre los municipios de San Pedro-Turbo-Necoclí en el Urabá Antioqueño) adquiridos de manera ilegal por parte del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘El Mono’.

El alto tribunal revocó parcialmente el fallo emitido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que se abstuvo de ordenar la restitución de los bienes "No hay como Dios" y "Déjala Quieta" considerando que su venta se presentó debido a las presiones ejercidas por grupos paramilitares.

La Corte Suprema aseguró que sus legítimos dueños se vieron obligados a venderle dichos predios a un emisario de Salvatore Mancuso debido a las amenazas ejercidas por los paramilitares, que les dieron un plazo de 48 horas para desalojar sus fincas. Esta situación provocó un desplazamiento forzado.

Y es que un grupo de paras llegó a la región argumentando que estaba buscando a auxiliadores de los guerrilla que delinquían en la zona. Ante esto amenazaron a varios de los pobladores de la región quienes atemorizados por esta advertencia y considerando que días anteriores se había presentado el asesinato de cuatro personas por parte de los paramilitares que lo acusaron de tener nexos con las Farc se vieron obligados a abandonar.

Un año después de estos hechos Guido Manuel Vargas López, hombre de confianza de Salvatore Mancuso, contactó a los legítimos dueños de dichos bienes para hacerles una oferta de compra. Los campesinos al ver la imposibilidad de regresar a la zona aceptaron dicha propuesta. “Con esto se logró la consolidación en la ubicación territorial de los paramilitares en la región”.

La compra ilegal de estos predios de hizo por medio de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) liderada por Sor Teresa Gómez –familiar del clan Castaño Gil- que entregó el dinero a los campesinos “para completar el despojo planteado”.

Dichos predios fueron recibidos por Salvatore Mancuso, su esposa y un grupo de testaferros. Pocos años después se hizo la entrega a una mujer quien en 2006 inició la venta de las fincas a un grupo de particulares quienes manifestaron que lo habían hecho de manera legal.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención frente al hecho que no se tuvieron en cuenta las precauciones en la legitimidad de “la dueña que les vendió el predio”. Teniendo en cuenta que los mismos se encontraban en una zona de extrema violencia y con la presencia de diferentes grupos armados ilegales.

“No se tomaron las precauciones necesarias y no se estudiaron los títulos”, precisa uno de los apartes de la providencia al señalar que en este tipo de casos se debe hacer un estudio exhaustivo de los documentos de propiedad y la historia del bien. “No obraron con buena de exenta de culpa como manifestaron en su recurso”.

“No es frecuente que la vendedora no se entreviste con los compradores para pactar los lineamientos del negocio. En este caso no se vieron ni para firmar las escrituras”, precisó la magistrada ponente quien calificó esta situación como “increíble”. El predio fue vendido por 146 millones de pesos, sin embargo el alto tribunal anuló todo lo referente a esta transacción.

Finalmente se señala que pese a que el Ministerio de Agricultura revisó los títulos de propiedad y no encontró ningún tipo de irregularidad, debe tenerse en cuenta la situación de orden público que se presentaba para la época de los hechos materia de estudio.