Crisis de salud, otro tumor para el sistema carcelario

Cuando una persona enferma de VIH o sida deja de tomar sus medicamentos, conocidos como antirretrovirales, las posibilidades de que sus síntomas empeoren son muy altas. Sin controlar la enfermedad, el peligro de contagio es mucho mayor. Y lo peor: el riesgo de morir es casi inminente. Aun así, en tres cárceles del país hay 89 reclusos que padecen este virus y desde enero de este año no reciben el tratamiento que necesitan. Esta situación es sólo una parte de la crisis en la prestación del servicio de salud que hoy sufre el sistema carcelario de Colombia. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya pusieron su lupa sobre esta problemática.

Ambas entidades aseguran que, desde que se liquidó Caprecom, la cual llevaba varios años a cargo de la salud de los presos, la realidad para los enfermos en las cárceles está tocando fondo. La idea original del Gobierno era crear un nuevo sistema a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, y que desde ahí se contratara una entidad para que administrara y respondiera directamente por el bienestar de los presos. En diciembre del año pasado se conoció que la Fiduprevisora sería el consorcio elegido. Pero la demora para entrar a funcionar en las cárceles de todo el país es lo que hoy tiene amenazada la vida de por lo menos 140 personas.

Desde comienzos del año, la Procuraduría ha emitido dos directivas. La última se conoció el viernes pasado y en ella les ordenó a todos los procuradores del país verificar la realidad dentro de los muros de las cárceles. Paula Ramírez, procuradora delegada para asuntos penales, le explicó a El Espectador que en este momento hay por lo menos 86 procuradores y 63 personeros dedicados únicamente a visitar las prisiones por lo menos dos veces al mes. “De esas visitas, hay casos que requieren la mayor atención, pues, además de ser urgentes, muestran que el tiempo del empalme entre Caprecom y la Fiduprevisora ha causado un daño que puede ser irreparable”, agregó Ramírez.

La procuradora se refiere a los 42 presos con VIH o sida que están en la cárcel de Picaleña (Ibagué) y los 3.906 prisioneros enfermos en Villahermosa (Cali). En estos dos casos, la Procuraduría asesoró a los reclusos para presentar tutelas con el fin de que las entidades encargadas de proteger su derecho a la salud lo hagan de una vez por todas. Pero ni recurriendo a un juez ha sido posible. En el caso de Ibagué, por ejemplo, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad le ordenó a la Fiduprevisora el 14 de junio pasado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para que los antirretrovirales llegaran a todos los presos que los necesitaran.

Sin embargo, hasta la semana pasada la orden del juez de Ibagué no se había cumplido y la Procuraduría está trabajando para presentar un incidente de desacato. La Fiduprevisora le explicó a El Espectador que ya firmó tres contratos con diferentes IPS que comenzaron a prestar el servicio el 1º de julio del año pasado. Mientras se reúnen los papeles para continuar con la pelea en los juzgados y lograr que los medicamentos lleguen a Picaleña, adentro todavía hay 42 hombres y mujeres que necesitan con urgencia las pastillas para no morir.

Similar es la situación que se vive en la cárcel de Villahermosa (Cali). En abril, la Procuraduría identificó 3.906 reclusos con problemas de salud que no han sido atendidos oportunamente. Según el Ministerio Público, en esta prisión hay 45 internos con VIH o sida, 33 con tuberculosis, 65 son diabéticos, hay 532 citas médicas represadas y 135 prisioneros sufren de hipertensión arterial. Desde enero de este año, aseguran, no hay medicamentos y no es proporcional que para una cárcel en la que hay 6.333 personas retenidas, únicamente tengan el servicio de tres médicos que sólo trabajan de lunes a viernes.

Los 3.906 prisioneros de Cali presentaron una tutela junto a la Procuraduría para que el servicio médico llegue en buenas condiciones a su cárcel. Sin embargo, un conflicto de competencias entre el Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 12 de Familia del Circuito de Cali mantiene en el limbo la salud de estas personas. Desde la oficina de Paula Ramírez se han enviado dos cartas para que la Corte Constitucional tome medidas en el asunto. La última fue enviada a la presidencia del alto tribunal hace dos semanas, porque, como si la salud de más de 3.000 personas no fuera una urgencia, el expediente no aparece en el sistema.

Aunque las reglas son claras en cuanto a que la Fiduprevisora es la entidad que debe contratar con entidades externas para prestar el servicio de salud dentro de las cárceles, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar a las personas que se encuentran retenidas en prisión. La Corte Constitucional ha reiterado que la situación de las cárceles en Colombia ya alcanzó el estado de cosas inconstitucional, un punto en el que, por la reiterada violación de los derechos humanos, varias entidades tienen que trabajar para solucionar el problema.

Por eso, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tienen un papel esencial en la garantía de los derechos de los prisioneros. El Espectador quiso saber de qué manera se está trabajando para superar esta crisis, pero no tuvo respuesta alguna. En cambio, la Fiduprevisora le explicó a este diario que ya “se inició el proceso de contratación intramural de médicos y odontólogos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, higienistas orales, auxiliares de odontología para la gran mayoría de centros de reclusión, alcanzando, con corte al 13 de junio de 2016, un 89 % de las necesidades”

Aunque la Defensoría asegura que, mientras para el comienzo de año el 90 % de las prisiones no tenían ningún tipo de asistencia de salud, hoy son 101 las cárceles que cuentan con una red hospitalaria. “No obstante la contratación de los prestadores, 91 establecimientos reportan insuficiencia en el recurso humano y 71 en cuanto a la disponibilidad de medicamentos”, agrega la entidad. Tanto al Defensoría como la Procuraduría tienen en curso varias acciones judiciales para reducir la crisis. Pero mientras no haya una acción conjunta entre el Gobierno y sus contratistas, explican, continuará su vigilancia sobre la emergencia que necesita, con apremio, una salida.

Cuando una persona enferma de VIH o sida deja de tomar sus medicamentos, conocidos como antirretrovirales, las posibilidades de que sus síntomas empeoren son muy altas. Sin controlar la enfermedad, el peligro de contagio es mucho mayor. Y lo peor: el riesgo de morir es casi inminente. Aun así, en tres cárceles del país hay 89 reclusos que padecen este virus y desde enero de este año no reciben el tratamiento que necesitan. Esta situación es sólo una parte de la crisis en la prestación del servicio de salud que hoy sufre el sistema carcelario de Colombia. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo ya pusieron su lupa sobre esta problemática.

Ambas entidades aseguran que, desde que se liquidó Caprecom, la cual llevaba varios años a cargo de la salud de los presos, la realidad para los enfermos en las cárceles está tocando fondo. La idea original del Gobierno era crear un nuevo sistema a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, y que desde ahí se contratara una entidad para que administrara y respondiera directamente por el bienestar de los presos. En diciembre del año pasado se conoció que la Fiduprevisora sería el consorcio elegido. Pero la demora para entrar a funcionar en las cárceles de todo el país es lo que hoy tiene amenazada la vida de por lo menos 140 personas.

Desde comienzos del año, la Procuraduría ha emitido dos directivas. La última se conoció el viernes pasado y en ella les ordenó a todos los procuradores del país verificar la realidad dentro de los muros de las cárceles. Paula Ramírez, procuradora delegada para asuntos penales, le explicó a El Espectador que en este momento hay por lo menos 86 procuradores y 63 personeros dedicados únicamente a visitar las prisiones por lo menos dos veces al mes. “De esas visitas, hay casos que requieren la mayor atención, pues, además de ser urgentes, muestran que el tiempo del empalme entre Caprecom y la Fiduprevisora ha causado un daño que puede ser irreparable”, agregó Ramírez.

La procuradora se refiere a los 42 presos con VIH o sida que están en la cárcel de Picaleña (Ibagué) y los 3.906 prisioneros enfermos en Villahermosa (Cali). En estos dos casos, la Procuraduría asesoró a los reclusos para presentar tutelas con el fin de que las entidades encargadas de proteger su derecho a la salud lo hagan de una vez por todas. Pero ni recurriendo a un juez ha sido posible. En el caso de Ibagué, por ejemplo, la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad le ordenó a la Fiduprevisora el 14 de junio pasado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para que los antirretrovirales llegaran a todos los presos que los necesitaran.

Sin embargo, hasta la semana pasada la orden del juez de Ibagué no se había cumplido y la Procuraduría está trabajando para presentar un incidente de desacato. La Fiduprevisora le explicó a El Espectador que ya firmó tres contratos con diferentes IPS que comenzaron a prestar el servicio el 1º de julio del año pasado. Mientras se reúnen los papeles para continuar con la pelea en los juzgados y lograr que los medicamentos lleguen a Picaleña, adentro todavía hay 42 hombres y mujeres que necesitan con urgencia las pastillas para no morir.

Similar es la situación que se vive en la cárcel de Villahermosa (Cali). En abril, la Procuraduría identificó 3.906 reclusos con problemas de salud que no han sido atendidos oportunamente. Según el Ministerio Público, en esta prisión hay 45 internos con VIH o sida, 33 con tuberculosis, 65 son diabéticos, hay 532 citas médicas represadas y 135 prisioneros sufren de hipertensión arterial. Desde enero de este año, aseguran, no hay medicamentos y no es proporcional que para una cárcel en la que hay 6.333 personas retenidas, únicamente tengan el servicio de tres médicos que sólo trabajan de lunes a viernes.

Los 3.906 prisioneros de Cali presentaron una tutela junto a la Procuraduría para que el servicio médico llegue en buenas condiciones a su cárcel. Sin embargo, un conflicto de competencias entre el Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 12 de Familia del Circuito de Cali mantiene en el limbo la salud de estas personas. Desde la oficina de Paula Ramírez se han enviado dos cartas para que la Corte Constitucional tome medidas en el asunto. La última fue enviada a la presidencia del alto tribunal hace dos semanas, porque, como si la salud de más de 3.000 personas no fuera una urgencia, el expediente no aparece en el sistema.

Aunque las reglas son claras en cuanto a que la Fiduprevisora es la entidad que debe contratar con entidades externas para prestar el servicio de salud dentro de las cárceles, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar a las personas que se encuentran retenidas en prisión. La Corte Constitucional ha reiterado que la situación de las cárceles en Colombia ya alcanzó el estado de cosas inconstitucional, un punto en el que, por la reiterada violación de los derechos humanos, varias entidades tienen que trabajar para solucionar el problema.

Por eso, el Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tienen un papel esencial en la garantía de los derechos de los prisioneros. El Espectador quiso saber de qué manera se está trabajando para superar esta crisis, pero no tuvo respuesta alguna. En cambio, la Fiduprevisora le explicó a este diario que ya “se inició el proceso de contratación intramural de médicos y odontólogos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, higienistas orales, auxiliares de odontología para la gran mayoría de centros de reclusión, alcanzando, con corte al 13 de junio de 2016, un 89 % de las necesidades”

Aunque la Defensoría asegura que, mientras para el comienzo de año el 90 % de las prisiones no tenían ningún tipo de asistencia de salud, hoy son 101 las cárceles que cuentan con una red hospitalaria. “No obstante la contratación de los prestadores, 91 establecimientos reportan insuficiencia en el recurso humano y 71 en cuanto a la disponibilidad de medicamentos”, agrega la entidad. Tanto al Defensoría como la Procuraduría tienen en curso varias acciones judiciales para reducir la crisis. Pero mientras no haya una acción conjunta entre el Gobierno y sus contratistas, explican, continuará su vigilancia sobre la emergencia que necesita, con apremio, una salida.