Debemos garantizar la protección de la Fuerza Pública: Ministerio de Justicia

Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela.

En menos de un mes, el Congreso dio luz verde al nuevo proyecto de seguridad ciudadana, al cual solo le resta la sanción presidencial de Iván Duque para entrar en vigor. La norma hace modificaciones al Código Penal, al Código de Convivencia y a las normas para la extinción de dominio. Habrá un incremento en las sentencias para los asesinos de periodistas, menores de edad, defensores de derechos humanos y miembros de la Fuerza Pública. Pasaron de 50 a 60 años. Por otro lado, si un ciudadano causa una lesión a un funcionario de las fuerzas, además, tendrá agravantes en su proceso y las penas a imponer no se podrán cumplir fuera de la cárcel.

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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, dialogó con El Espectador sobre el proyecto de seguridad ciudadana. Se refirió a la reincidencia carcelaria, al paro nacional, a los ataques a la Fuerza Pública y al hacinamiento en los centros de reclusión. La norma contempla el aumento de penas infringió el Código Penal dentro de un escenario deportivo, en sus alrededores o con motivo del evento. Además, cuando el procesado haya cometido un delito con plena intención en los últimos 60 meses. Por otro lado, se prevé una pena de 12 años de prisión para quien atente contra el espacio público y bienes privados.

¿Qué estadísticas tiene el Ministerio sobre la reincidencia carcelaria y cuál es la motivación para introducir en el Código Penal esa circunstancia como agravación punitiva?

El Gobierno Nacional viene haciendo ingentes esfuerzos para reducir la reincidencia en los delitos, con diferentes programas de resocialización que estamos desarrollando desde el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Inpec en los establecimientos de reclusión del orden nacional. En ese sentido, hemos reducido la reincidencia a un 21%, cifra que de todos modos nos preocupa y es necesario seguir trabajando en ese objetivo.

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Lo que se busca con establecer como agravante la reincidencia, es mandar un mensaje disuasivo a quienes quieran cometer delitos después de haber cumplido una pena, porque la condena puede ser mayor. Pero insisto, el objetivo principal del Gobierno es seguir fortaleciendo los programas de resocialización para que el privado de la libertad una vez salga del establecimiento de reclusión, pueda vincularse a proyectos productivos que lo beneficien a él, su familia y la sociedad.

¿El paro nacional está relacionado con el posible aumento de penas para agresores de policías y miembros de las Fuerzas Militares?

Estamos viendo como la Fuerza Pública es objeto de ataques por parte de los violentos. Recientemente, nos asesinaron a dos policías en la ciudad de Cúcuta y se siguen presentando hechos que atentan contra la integridad de los uniformados. La Fuerza Pública está instituida para proteger a los ciudadanos y preservar el orden en el país, por eso, como a todas las autoridades y las instituciones, debemos ofrecer garantías para su protección. En cualquier país del mundo es un delito y una ofensa gravísima agredir a los agentes del Estado.

Este gobierno ha sido respetuoso del derecho a la protesta y es garante de las manifestaciones pacíficas, que además están protegidas por la constitución, pero los ataques a la Fuerza Pública, a la institucionalidad y los actos de vandalismo no tienen ninguna relación con el derecho que tienen todos los colombianos a manifestarse.

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En el mismo sentido, ¿el Gobierno pretende mermar las manifestaciones violentas aumentando las penas del delito de daño al bien ajeno y público?

La Constitución Nacional únicamente protege el derecho a la protesta social pacífica y sin armas, en este sentido desaprueba el daño en bien ajeno, por ejemplo en entidades públicas, en medios de transporte, etc. La Constitución no garantiza las expresiones violentas.

¿Qué elementos se evaluaron para elegir como agravante el “emplear máscaras” para el delito de perturbación en servicio de transporte?

El uso de máscaras puede ser una manifestación del derecho a la libertad de expresión, este solo debe prohibirse en aquellas ocasiones en las cuales se pretende ocultar la identidad para cometer un delito, tal y como lo señala el artículo 365 del Código Penal. No se puede limitar un derecho fundamental, al respecto ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional.

El traslado por protección de la policía fue duramente criticado por la CIDH, tras su visita a Colombia, pues miembros de la Policía se aprovecharon de este para violentar física y psicológicamente a ciudadanos ¿Qué espera el Ministerio con respecto a esta figura con el proyecto?

Sobre este asunto es el Ministerio de Defensa el competente para emitir cualquier consideración al respecto. Es de destacar que las reuniones realizadas para la construcción del proyecto de ley sobre seguridad ciudadana estuvieron lideradas principalmente por el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación, por la competencia que tienen para estos asuntos, a pesar de que hubo una participación activa del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y del Derecho en la elaboración del texto.

¿Qué trabajo se articuló con la Fiscalía para la creación del delito de intimidación con arma de fuego, armas menos letales, arma hechiza y arma blanca, el cual podría tener penas entre 48 a 72 meses de prisión?

Justamente fue la Fiscalía General de la Nación la que de manera muy diligente ha liderado este tema y su inclusión en el proyecto es el resultado de varios estudios en materia de seguridad. Lo más importante es que se pueda castigar el uso de estas armas con mayor severidad y poder actuar frente a los delincuentes que hacen uso de ellas para atacar al ciudadano indefenso.

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¿Cómo se articulará el proyecto con el concepto de legítima defensa?

La legítima defensa está contemplada actualmente en el ordenamiento jurídico y son los jueces los encargados de evaluar cuando una conducta fue cometida en el marco de esta figura.

Por último, en el proyecto se encuentran agravantes que permiten que delitos hoy excarcelables (que pueden pagarse en casa o con libertad condicional), luego sean penalizados con prisión intramural ¿Esa decisión iría en contravía de la bandera del Ministerio de reducir el hacinamiento carcelario?

Este Gobierno ha liderado varias acciones para lograr mejorar la situación de los privados de la libertad, en especial en lo referente al hacinamiento, porque reduciendo la sobrepoblación de los establecimientos de reclusión se ofrecen mejores condiciones para la población carcelaria. En ese propósito, desde el Ministerio de Justicia emprendimos campañas con los jueces de ejecución de penas para otorgar beneficios extramurales a los privados de la libertad que cumplen los requisitos de ley para ello; se vienen realizando brigadas jurídicas para definir la situación jurídica de los detenidos y se busca que los procesos tengan mayor celeridad; otra cosa es que quienes representen un peligro para la sociedad estén en las calles, ese no es nuestro propósito, por el contrario, trabajamos para combatir de manera decidida la delincuencia.

Por eso estamos entregando más de 2.000 cupos carcelarios en estructuras modulares en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla e Itagüí; a comienzos de año fueron entregadas obras en Girón (Santander) e Ipiales (Nariño) y se están construyendo cerca de 5.000 nuevos de estructuras rígidas en cárceles como la de Sabanas de San Ángel (Magdalena); El Pílamo en Pereira, cuya obra se está iniciando; y otras infraestructuras que están en proceso.

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