Este pronunciamiento se conoce luego de que la corporación resolviera la apelación de una sentencia del Tribunal Superior de Pasto de marzo de 2019, que condenó a un juez de Ipiales (Nariño) por prevaricato. Es decir, cuando una autoridad, en este caso el togado, dicta una resolución arbitraria, conociendo que esta acción es injusta e ilegal. “Es evidente la falta de respaldo probatorio de ese hecho, pues el mismo solo tiene como soporte una declaración escueta, ambigua y contradictoria de un desmovilizado de un grupo ilegal”.
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