Demanda pide ordenar a los beneficiarios de créditos de Finagro devolver la plata

Meses después de que bajara la marea en el escándalo de los subsidios de Finagro, una demanda promete revivirlo. Este caso empezó por la línea de créditos que abrió el Ministerio de Agricultura en marzo para apoyar a los campesinos afectados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Contraloría encontró que cerca del 90 % de los recursos estaba concentrado en manos de prestantes empresas, que ni si quiera eran productores, sino comercializadores. Ahora, una acción popular que fue admitida en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pide que se ordene a una decena de compañías devolver los recursos, cifra que llegaría a los $226.000 millones.

Meses después de que bajara la marea en el escándalo de los subsidios de Finagro, una demanda promete revivirlo. Este caso empezó por la línea de créditos que abrió el Ministerio de Agricultura en marzo para apoyar a los campesinos afectados por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la Contraloría encontró que cerca del 90 % de los recursos estaba concentrado en manos de prestantes empresas, que ni si quiera eran productores, sino comercializadores. Ahora, una acción popular que fue admitida en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pide que se ordene a una decena de compañías devolver los recursos, cifra que llegaría a los $226.000 millones.

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La demanda la interpuso la firma Conde Abogados y pide que, “en defensa de la moralidad administrativa y del patrimonio público”, que las compañías que se beneficiaron con las líneas especiales de crédito del programa Colombia Agro Produce tengan que devolver el dinero. Según le explicó a El Espectador Marcela Ceballos, directora jurídica de la firma, ellos no representan a ningún campesino, pero les pareció injusto lo que denunció la Contraloría que estaba pasando con las líneas de crédito. “La razón de ser de estos créditos era proteger a campesinos y creemos que viendo quiénes terminaron siendo beneficiados se está ocasionando un perjuicio irremediable para muchos trabajadores del agro”, dijo Ceballos.

El magistrado ponente del caso en el Tribunal de Cundinamarca, Moisés Rodrigo Mazabel, entendió ese argumento y, en el auto que admitió la acción popular, escribió: “dada la situación que viven los diversos sectores de la economía, en particular los pequeños y medianos campesinos, debido a la pandemia generada por el COVID -19 y la cuarentena obligatoria que se ha extendido desde el mes de marzo, es claro que el peligro o la amenaza se encuentra latente en el caso analizado”. Es decir, aunque han pasado meses desde que se desató la polémica, el daño puede estar presente todavía.

Los demandantes explicaron así el meollo del asunto: “Revisando el objeto social de varias de las empresas (que accedieron al crédito), son empresas dedicadas a la comercialización e importación de productos, no son directamente trabajadores ni productores del campo que requieran ser subsidiados por Colombia Agro Produce, ya que esta fue creada para ayudar los problemas del campo que han surgido por la Crisis Covid-19”. Sin embargo, “a la fecha de presentación de la presente acción popular, no han sido devueltos en su totalidad los créditos desembolsados a las grandes empresas”, continúa la demanda.

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El Tribunal dijo que, en el estudio preliminar del caso que, el riesgo sobre los derechos colectivos sigue inminente, con lo cual, “las entidades deben realizar las gestiones necesarias para conjurar dicha situación anómala”. Por ende, el magistrado del caso vinculó al proceso a las empresas que, según los demandantes, no habrían devuelto el dinero son: Avidesa Mac Pollo, Italcol, Avidesa De Occidente, Alimentos La Polar De Colombia, Jolifood Sas, Inversiones Jv, Ingenio Providencia, Ingenio Del Cauca, Almagricola, Central Lechera De Manizalez; Orf Sa, Promotora Del Café Colombia, Papeles Nacionales, Agroindustrial Molino Sonora, Fedearroz e Impocoma.

Además, fueron vinculados a la demanda el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) y Finagro mismo, pues fueron quienes “crearon, desarrollarlo y regularon”, esta cuestionada línea de crédito, asegura la acción popular. Asimismo, se vinculó al proceso a Bancolombia, Banco de Bogotá, Itaú y Colpatria, pues, según los demandantes, los bancos “fueron quienes desembolsaron los créditos sin revisar si las empresas cumplían con los requisitos establecidos en la normatividad del programa creado para medianos y pequeños productores de la agroindustria afectados por la emergencia”.

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La demanda fue admitida el pasado 4 de septiembre y todas las partes han sido notificadas. Ya Bancolombia y Papeles Nacionales interpusieron un recurso contra el auto admisorio, que tendrá que ser resuelto en los próximos días. Si el magistrado rechaza el recurso y el proceso continúa, todas las compañías y entidades deberán contestar lo alegado por Conde Abogados. Hasta ahora, aunque no ha contestado la acción, el Gobierno ha dicho en respuesta a la polémica por las líneas de crédito que el objeto inicial era financiar las actividades rurales y la producción del agro para mantener la seguridad alimentaria del país.

Las reglas del juego las puso Finagro y la entidad estableció que no menos del 40% de los recursos debían quedar en manos de pequeños productores y hasta el 20% en grandes. Pero aquí fue donde se atravesó la Contraloría, que advirtió que, en tres días, el 20% de los subsidios destinados para grandes productores se agotaron y que muchos se concentraron en sectores y ciudades específicas. Todo el escándalo desató una investigación del ente de control y hasta que la Fiscalía abriera una indagación preliminar contra el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea. Ahora la pelota está en otro campo: el de la defensa de los derechos de los campesinos.