Denuncian que no se tomaron medidas en Cartagena para evitar aumento de asesinatos
La Defensoría hizo el pronunciamiento como parte de su seguimiento a las alertas tempranas que emitió en 2022 y 2023. La presencia del Clan del Golfo y su alianza con otros grupos criminales serían la principales causas del aumento de los crímenes.
La Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, puso en conocimiento los hechos violentos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), y ha enviado al Ministerio del Interior un total de 11 oficios de consumación de riesgos advertidos. Además, en la tarde de este miércoles (17 de enero) en un consejo de seguridad, el defensor del Pueblo expuso la grave situación que sufren los cartageneros y los habitantes de otros municipios bolivarenses colindantes.
“En enero del 2020, hace cuatro años, emitimos una alerta temprana y, a pesar de las advertencias hechas por nuestra entidad desde esa época, en Cartagena continúan y aumentaron la violencia, las amenazas, los asesinatos y los crímenes contra los ciudadanos. Desde la institucionalidad no se adoptaron medidas para evitar el escalamiento de este conflicto advertido, mientras tanto, pasa el tiempo y no se le pone freno a la difícil situación”, aseguró la Defensoría durante un consejo de seguridad realizado en la capital bolivarense.
En el encuentro con autoridades civiles, de policía y militares, la Defensoría que las dinámicas violentas se mantienen, mientras pobladores y líderes están en la mitad de amenazas y homicidios. Por ejemplo, según la Policía Nacional, el año pasado fueron asesinadas 295 personas por disputas entre grupos armados ilegales que quieren controlar este importante Distrito, así como Turbaco y Arjona. Para el 2022 fueron 279 los homicidios.
“La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es la principal amenaza de los derechos humanos de los pobladores, quienes, afectados por la dinámica criminal de este grupo y la vulnerabilidad social, se han visto expuestos a las consecuencias de posibles alianzas o disputas con otros grupos armados parte del conflicto, como Los Pachenca, el Bloque Costeño, e incluso con grupos de delincuencia organizada”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Precisamente, en la Alerta Temprana 002 se avisó a las autoridades acerca de tres situaciones que se estaban gestando: primera, una disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Pachenca por el control territorial de puntos y rutas de embarque y exportación de economías ilegales en Cartagena; segunda, posibles disputas o alianzas entre las AGC con otros grupos armados ilegales en proceso de conformación y consolidación para mantener el control territorial; tercera, la conformación de grupos de seguridad privada o ‘ejércitos privados’ que estarían actuando a manera de agentes de vigilancia de terrenos y que funcionarían como fuerzas “antirrestitución” o “antiinvasión” de tierras.
Explotación laboral y sexual
Además de los asesinatos, también se han presentado delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, afectando a mujeres venezolanas en condición irregular y a población infantil (niñas), y prostitución y utilización de población infantil para la mendicidad ajena. De igual forma, tanto en los Montes de María como en Cartagena, Turbaco y Arjona están en gran riesgo la población campesina y étnica, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres de la subregión, quienes además sufren afectaciones diferenciales por la desigualdad estructural, el racismo y las deudas sociales históricas.
Otras formas de violencia
“En años anteriores hemos acompañado y asesorado a pobladores, líderes y lideresas, a quienes los han seguido en motos, les han entregado panfletos con amenazas, coronas fúnebres o ramos de flores amarrados con una corbata negra, y les han dicho que después de ciertas horas no pueden circular por determinados sectores. Son algunos ejemplos de lo que han tenido que sufrir ciudadanos en este importante territorio del país, a causa del accionar indiscriminado de grupos armados ilegales que buscan controlar diversas economías ilícitas y hacen persistir la violencia homicida o aumentan los conflictos entre jóvenes pertenecientes a grupos de pandillas”, señaló Camargo Assis.
Ante las amenazas en contra de personas lideresas y defensoras de derechos humanos que buscan persuadirlos para que abandonen su rol social que ejercen en sus comunidades, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a que sean implementadas medidas de protección adecuadas para garantizar sus derechos y que se avance en las investigaciones y judicialización de los responsables.
Es fundamental que los ciudadanos, las autoridades y las instituciones gubernamentales y sociales estén unidos, enfatizó el Defensor del Pueblo de los colombianos, para que mejore la situación social y de orden público en Cartagena: “Se requieren medidas eficaces y oportunas de prevención y protección a través de la articulación institucional de los gobiernos departamental y local con otras entidades, para que haya una acción estatal urgente e integral que mitigue los riesgos de manera estructural”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, puso en conocimiento los hechos violentos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), y ha enviado al Ministerio del Interior un total de 11 oficios de consumación de riesgos advertidos. Además, en la tarde de este miércoles (17 de enero) en un consejo de seguridad, el defensor del Pueblo expuso la grave situación que sufren los cartageneros y los habitantes de otros municipios bolivarenses colindantes.
“En enero del 2020, hace cuatro años, emitimos una alerta temprana y, a pesar de las advertencias hechas por nuestra entidad desde esa época, en Cartagena continúan y aumentaron la violencia, las amenazas, los asesinatos y los crímenes contra los ciudadanos. Desde la institucionalidad no se adoptaron medidas para evitar el escalamiento de este conflicto advertido, mientras tanto, pasa el tiempo y no se le pone freno a la difícil situación”, aseguró la Defensoría durante un consejo de seguridad realizado en la capital bolivarense.
En el encuentro con autoridades civiles, de policía y militares, la Defensoría que las dinámicas violentas se mantienen, mientras pobladores y líderes están en la mitad de amenazas y homicidios. Por ejemplo, según la Policía Nacional, el año pasado fueron asesinadas 295 personas por disputas entre grupos armados ilegales que quieren controlar este importante Distrito, así como Turbaco y Arjona. Para el 2022 fueron 279 los homicidios.
“La presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es la principal amenaza de los derechos humanos de los pobladores, quienes, afectados por la dinámica criminal de este grupo y la vulnerabilidad social, se han visto expuestos a las consecuencias de posibles alianzas o disputas con otros grupos armados parte del conflicto, como Los Pachenca, el Bloque Costeño, e incluso con grupos de delincuencia organizada”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Precisamente, en la Alerta Temprana 002 se avisó a las autoridades acerca de tres situaciones que se estaban gestando: primera, una disputa entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Los Pachenca por el control territorial de puntos y rutas de embarque y exportación de economías ilegales en Cartagena; segunda, posibles disputas o alianzas entre las AGC con otros grupos armados ilegales en proceso de conformación y consolidación para mantener el control territorial; tercera, la conformación de grupos de seguridad privada o ‘ejércitos privados’ que estarían actuando a manera de agentes de vigilancia de terrenos y que funcionarían como fuerzas “antirrestitución” o “antiinvasión” de tierras.
Explotación laboral y sexual
Además de los asesinatos, también se han presentado delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, afectando a mujeres venezolanas en condición irregular y a población infantil (niñas), y prostitución y utilización de población infantil para la mendicidad ajena. De igual forma, tanto en los Montes de María como en Cartagena, Turbaco y Arjona están en gran riesgo la población campesina y étnica, los niños, niñas y adolescentes y las mujeres de la subregión, quienes además sufren afectaciones diferenciales por la desigualdad estructural, el racismo y las deudas sociales históricas.
Otras formas de violencia
“En años anteriores hemos acompañado y asesorado a pobladores, líderes y lideresas, a quienes los han seguido en motos, les han entregado panfletos con amenazas, coronas fúnebres o ramos de flores amarrados con una corbata negra, y les han dicho que después de ciertas horas no pueden circular por determinados sectores. Son algunos ejemplos de lo que han tenido que sufrir ciudadanos en este importante territorio del país, a causa del accionar indiscriminado de grupos armados ilegales que buscan controlar diversas economías ilícitas y hacen persistir la violencia homicida o aumentan los conflictos entre jóvenes pertenecientes a grupos de pandillas”, señaló Camargo Assis.
Ante las amenazas en contra de personas lideresas y defensoras de derechos humanos que buscan persuadirlos para que abandonen su rol social que ejercen en sus comunidades, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a que sean implementadas medidas de protección adecuadas para garantizar sus derechos y que se avance en las investigaciones y judicialización de los responsables.
Es fundamental que los ciudadanos, las autoridades y las instituciones gubernamentales y sociales estén unidos, enfatizó el Defensor del Pueblo de los colombianos, para que mejore la situación social y de orden público en Cartagena: “Se requieren medidas eficaces y oportunas de prevención y protección a través de la articulación institucional de los gobiernos departamental y local con otras entidades, para que haya una acción estatal urgente e integral que mitigue los riesgos de manera estructural”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.