Detalles del juicio disciplinario contra el exalcalde cartagenero Manuel Duque

La Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, quien ocupó la administración de la capital de Bolívar entre enero de 2016 y mayo de 2017. No solo está en medio de un proceso penal por la presunta elección irregular de la excontralora distrital, Nubia Fontalvo, también ha tenido en contra diversos procesos disciplinarios que ponen en entredicho su capacidad de administrar fondos públicos. Esta vez, irá a juicio en Procuraduría por su gestión de Plan de Alimentación Escolar (PAE).

La Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, quien ocupó la administración de la capital de Bolívar entre enero de 2016 y mayo de 2017. No solo está en medio de un proceso penal por la presunta elección irregular de la excontralora distrital, Nubia Fontalvo, también ha tenido en contra diversos procesos disciplinarios que ponen en entredicho su capacidad de administrar fondos públicos. Esta vez, irá a juicio en Procuraduría por su gestión de Plan de Alimentación Escolar (PAE).

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Las noticias, desde la Procuraduría para Duque, no son buenas. Según el documento conocido por El Espectador, tal habría sido la incapacidad para gestionar recursos públicos, que el exalcalde cartagenero permitió un desfalco por $1.887 millones. La razón es clara: el contratista seleccionado vía licitación, el consorcio Proescolares, infló los precios hasta en un 420,8% durante la ejecución del PAE. Por ejemplo, por meses, la pechuga por unidad le costó al distrito $40.000 cerrados, cuando en el mercado local podía conseguirse, en esa fecha, a $7.681.

El contrato fue firmado, en 2016, por el exalcalde Duque y Sandra Milena Mercado Santoya, representante del Consorcio Proescolares. Este contratista, a su vez, estaba conformado por la Cooperativa Suministros de Colombia y la Fundación Impacto Social. La Procuraduría estableció que, aunque ofreció la propuesta más cara, la Alcaldía de Cartagena les otorgó la ejecución del PAE, que en esa ciudad cubre a 67.195 niños de clases medias y bajas. En total, el contrato se firmó por $15.831 millones, pero tuvo una adición de $7.886 millones.

Los medios locales llamaron la atención de los órganos de control por los documentos que probaban los sobrecostos en contra del erario. Tanto la Contraloría como la Procuraduría presentaron informes, en los que quedó develado que cinco tipos de carne, utilizados en las raciones diarias, tuvieron inflados sus precios en el reporte del contratista. Y que eso sucedió durante meses. Se compraron 24.213 porciones de pechuga, que le salieron a los cartageneros por $968 millones, pero que pudieron costar, cotizados en mercados como Bazurto, en solo $185 millones.

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Mientras la carne entera podía conseguirse en el mercado a $11.140 por unidad, el distrito la pagó a $25.000. Lo mismo sucedió con la carne molida, la cual estaba en un precio normal de $9.850 y el contratista Proescolares la facturó por $38.000. El bofe y el hígado costaron casi el doble. En total fueron, según la investigación de la Procuraduría, 114.011 porciones de alimentos que, siendo juiciosos con la administración del dinero público, pudieron costar $991 millones y terminaron costando $2.878 millones. Una diferencia considerada detrimento patrimonial.

“Se tiene, entonces, que la entidad territorial contrató el servicio de alimentación escolar para el distrito en la vigencia 2016 con unos estudios previos que no consultaron los precios del mercado y que tampoco incluyeron la estimación de los costos directos e indirectos, dejando la responsabilidad de ese cálculo a los proponentes (Proescolares). Resulta viable inferir la posible incursión en deficiente planeación en la que se sustentó el contrato No. 052 de 2016, como quiera que, a partir del acervo probatorio recaudado en el plenario se puede establecer posibles sobreprecios”, concluyó la Procuraduría.

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Aunque el órgano de control considera que el exalcalde Duque es responsable por detrimento patrimonial, lo eximió de cualquier investigación por presunta apropiación de recursos públicos por parte de terceros. En la decisión, la Procuraduría explicó que verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Proescolares era trabajo de Germán Arturo Sierra, quien era secretario de Educación para la época de los hechos. Y con esa investigación, llamó a juicio a Duque, quien tendrá en juego su habilidad para ejercer cargos públicos. De ser declarado responsable, tendrá derecho a una segunda instancia.

Duque, un hombre de expedientes abiertos

La llegada de “Manolo” Duque a la Alcaldía de Cartagena fue una sorpresa. Estudió comunicación social y fue el segundo periodista en tomar las riendas de la ciudad, luego de Campo Elías Terán. Lo que empezó como una promesa para mejorar la educación y la salud en la región, terminó con el anuncio de su renuncia desde la misma cárcel de Sabanalarga (Atlántico), en octubre de 2017. Entonces, un juez de Garantías lo privó de su libertad a solicitud de la Fiscalía, que lo vinculó con una red de corrupción y tráfico de influencias en Cartagena.

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Duque fue capturado junto a su medio hermano, José Julián Vásquez, el concejal Jorge Useche Correa y la contralora electa bajo esa administración, Nubia Fontalvo. A través de audios, como imputó la Fiscalía, se habría acordado la manera en que el concejo distrital elegiría a Fontalvo, a cambio de un carrusel de puestos públicos y hasta sobornos. Y, así, terminó la carrera política de Duque, quien entonces estaba suspendido por tres meses por orden de la Procuraduría.

Como lo dio a conocer el órgano de control en 2020, en otro juicio disciplinario, Duque habría incurrido en prevaricato por acción. Aparentemente, gestionó, junto a concejales de Cartagena, la aprobación de vigencias futuras excepcionales, sin que se cumplieran los requisitos y las reglas previstas en la ley para a la aplicación de esa figura presupuestal. Entonces, se le autorizó a Duque transferir anualmente a la Empresa de Desarrollo Urbano Edurbe S.A. los recursos que recibía el ente territorial del Sistema General de Participaciones.

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