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Tuvieron que pasar 17 años para que el expediente de Colombia en la Corte Penal Internacional (CPI) se moviera o tuviera una decisión de fondo que impactara la administración de justicia en el país. El hecho sucedió ayer, luego de la visita oficial a Colombia que hizo el fiscal de esa instancia internacional, Karim Khan, quien le informó al presidente Iván Duque que, luego de años de un examen preliminar, el caso nacional tendrá su cierre. Una decisión para muchos esperada, pero que ha causado todo tipo de reacciones, desde las víctimas que esperaban otra decisión hasta el Gobierno, que celebró el final de ese largo examen como una victoria propia.
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Al cierre del examen preliminar, que arrancó en 2004, se selló un acuerdo de seis páginas en donde el Gobierno colombiano se comprometió a una serie de puntos que deberá cumplir sin condiciones. El más importante, y donde está el centro del debate, habla sobre su compromiso de no afectar la institucionalidad creada a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Farc. En concreto, respaldar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un asunto que ha sido de especial crítica por el propio gobierno Duque. Para funcionarios cercanos a esa entidad, la victoria del cierre es para la JEP, pues ha demostrado que los vacíos en las investigaciones por graves hechos cometidos durante el conflicto sí pueden resolverse en la justicia nacional y no es necesario que la internacional intervenga.
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Eso mismo indicó el fiscal Khan durante su visita, que incluyó una reunión directamente con el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes. En concreto, el examen preliminar que abrió la CPI en 2004 se centró en monitorear cinco temas: la promoción y expansión de grupos paramilitares, desplazamientos forzados, delitos sexuales en la guerra, los falsos positivos y, precisamente, los compromisos en justicia que se hicieron en el Acuerdo de Paz con las Farc. “Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales, al igual que en sus obligaciones reglamentarias con base en el principio de complementariedad. Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”, señaló Khan al cierre de su visita a Colombia.
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La última vez que vino la CPI a Colombia fue en septiembre de 2017, cuando la entonces fiscal gambiana, Faotu Bensouda, hizo fuertes reparos al Estado colombiano. En ese momento, la alta funcionaria del tribunal internacional señaló en una rueda de prensa que no recibió información clave por parte de la Fiscalía en el tema de la investigación de casos de ejecuciones extrajudiciales. “Le hemos pedido al fiscal (Néstor Humberto Martínez) información muy precisa y no la hemos recibido”, resaltó la fiscal durante un encuentro con periodistas. Además, otros miembros de la comitiva de Bensouda fueron bastante críticos con las respuestas del gobierno de Juan Manuel Santos.
El entonces director de la División de Enjuiciamiento de la Fiscalía de la CPI, Fabricio Guariglia, señaló que no le sirve que un Gobierno le entregue afirmaciones genéricas o promesas de que se está efectivamente investigando. Para Guariglia, no es suficiente. “Nosotros necesitamos información tangible y específica que demuestre la existencia de pasos investigativos concretos adecuados para llevar esos casos a la justicia. La ausencia de información específica nos coloca en una posición muy incómoda”. Durante la visita de Bensouda, una de sus prioridades fue aclarar información sobre ciertos temas de la JEP y de las investigaciones por crímenes sexuales, de género y de desplazamiento.
Precisamente uno de los “peros” que con más fuerza ha sonado es el que tiene que ver con delitos sexuales. En específico, las críticas de las víctimas señalan que la decisión de la CPI de cerrar el caso las deja solas pues, así el fiscal Khan asegure que la JEP está investigando, lo cierto es que en esa jurisdicción no hay un macrocaso abierto sobre el tema, como sí sucede en, por ejemplo, los expedientes de falsos positivos, promoción y expansión de grupos paramilitares y desplazamientos forzados. Sobre este punto, el abogado y director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, expresó que confía en que la JEP abra el macrocaso de violencia sexual que, a su juicio, es la única arista que falta por ser investigado en el territorio nacional.
Por otra parte, para el penalista y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear, Sebastián Escobar, la decisión de la CPI no fue bien recibida debido a que consideró que había las condiciones para sostener un poco más la investigación preliminar en virtud de garantizar los procesos que adelantan las víctimas. Sin embargo, el abogado resaltó que el pacto firmado en la mañana de este jueves es una garantía a que en caso de incumplimiento el órgano internacional tendría que revisar la apertura de una investigación formal. Otra fuente cercana a la JEP resaltó que lo más importante de ahora en adelante es que el gobierno Duque “ya no tiene ninguna excusa para criticar nuestro mandato y debe, por el contrario, garantizar que podamos hacerlo”.
El presidente Iván Duque fue el primero en aplaudir la clausura del examen preliminar a Colombia. Tras el encuentro con el fiscal Kahn, el mandatario señaló que de esta forma se abre una nueva etapa de relaciones con la CPI y que eso no significa que la Corte se aleje de Colombia. Por el contrario, dijo, “habrá un trabajo mucho más estrecho”, por lo que incluso anticipó que a comienzos de 2022 visitará la Corte para llevar los avances del acuerdo alcanzado que inevitablemente tendrá que incluir un balance del trabajo de la JEP. Desde la oposición, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) aseguró que el acuerdo no implica que el país quede por fuera del escrutinio internacional respecto a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
“Este no es un cheque en blanco para la impunidad. Por el contrario, lo que va a hacer la Fiscalía y la propia CPI es observar muy detenidamente lo que ocurra con la JEP, pues el Gobierno se ha comprometido a respetarla”, señaló el congresista Cepeda. Así, las reformas a esa Jurisdicción planteadas por partidos cercanos al Gobierno quedarían aplazadas y, pese a que varias organizaciones de víctimas no vieron con buenos ojos la decisión de la Corte Penal Internacional, lo cierto es que la garantía para que la CPI no reabra el expediente Colombia está en el trabajo de la Jurisdicción Especial.